Me imagino el cuarto con toques decorativos de película de terror; el polvo y las telarañas ocupándolo todo. Y es que he sabido que en el Cuartel General de la Policía de Puerto Rico hay un salón donde yacen archivos y archivos de papeles escritos a mano. Se supone que sean reportes de incidentes de uso de fuerza de años, décadas tal vez. Pero nadie, ni siquiera el Departamento de Justicia federal, ha podido hacer mucho con ellos pues no están catalogados ni organizados. Habría que ir uno por uno cual exploración arqueológica, revelando cada relato. Tampoco se sabe muy bien bajo qué criterios se hacían, quiénes los supervisaban, cuál -si alguno otro- sería su destino.

En Portland, Oregon tenían algo parecido pero mucho más estructurado y de creación compulsoria. Cada vez que la Policía de Portland utilizaba la fuerza contra alguna persona de la comunidad, el agente debía llenar una hoja documentando el proceso, los criterios utilizados, las técnicas de escalonamiento de la violencia, etc. Esta práctica de documentación aún no existe en Puerto Rico. De hecho, antes de 2012, ni siquiera existía una política de uso de fuerza en la Policía de Puerto Rico, algo completamente insólito que, sin embargo, explica en parte la conducta histórica indiscriminada, caótica y abusiva de la Policía con la ciudadanía.

Hace 5 ó 6 años, el Departamento de la Policía de Portland decidió, ya no solo documentar sino, en efecto, investigar cada uno de esos incidentes de uso de fuerza que ya documentaban. Los policías se asustaron, se sintieron amenazados, se resistieron. “Nos tomó muchísimo trabajo implantar este proceso”, contaba recientemente Mike Crebs, Assitant Police Chief en la Policía de Portland, durante la conferencia anual del National Association of Civilian Oversight of Law Enforcement (NACOLE). “Convertir esa práctica en parte de nuestra cultura fue un desafío tremendo”. Y sin embargo, lo lograron. La legitimidad de un acto y el debido proceso de ley funciona para todas las partes. Los policías que antes se resistían –explicaba Crebs- ahora se sienten sumamente protegidos por este procedimiento porque saben que, si hacen las cosas bien –como la mayoría lo hace- no tendrá ningún tipo de problema”.

Para saber hay que tener datos. Para tener datos hay que documentar.

Y es que el primer paso para poder controlar lo que ocurre en un cuerpo policiaco es saber qué está ocurriendo dentro de él. Dónde están los errores, las fallas, los excesos de fuerza, los abusos, quiénes no están haciendo bien su trabajo, quiénes sí, en qué condiciones trabajan esos oficiales. Saber es vital en cualquier organización. Pero para saber hay que tener datos. Y para tener datos hay que documentar.

Hay mucha información valiosa para que la ciudadanía y las comunidades podamos evaluar la conducta de la Policía, sus prácticas constitucionales y la efectividad en el manejo de posibles casos criminales. Pero para eso, debemos tener acceso a esa información.

Nosotros en Espacios Abiertos tenemos muchas preguntas. Por ejemplo:

¿Cuántos agentes hicieron uso excesivo de la fuerza en el último año y contra quiénes? ¿A cuántas personas se les ocasionó daños graves? ¿A cuántas mataron? ¿Con qué técnicas y armas? ¿Armas de fuego, teasers, agarres de cuello? ¿Dónde vivían las víctimas? ¿Cuál era su trasfondo socioeconómico, su identidad de género, nacionalidad? ¿Qué agentes abusan más de su poder? ¿Qué casos criminales no están prosperando en el proceso judicial debido a prácticas policiacas impropias? ¿Por qué?

Son pocas, prácticamente inexistentes las contestaciones.

“Proceso nuevo” para investigar las querellas. ¿Cómo se arregla una división con problemas históricos?

La semana pasada vimos en la prensa a la Policía anunciando un proceso supuestamente “nuevo” para atender las querellas administrativas contra los miembros de la Policía, algo que está directamente relacionado al abuso policiaco contra la ciudadanía en general. En efecto, el proceso de investigación de querellas en la Policía tiene que mejorar radicalmente. Hasta el otro día, una querella podía tomar hasta 10 años en resolverse y el atraso general era de unas 5,000. Pero cómo saber si este sistema “nuevo” está, en efecto, bien ejecutado, de forma efectiva. ¿Qué cambios exactamente se llevaron a cabo para mejorarlo? ¿Cómo se medirá su eficiencia, la justicia y transparencia del proceso, su progreso? ¿Quiénes y cómo lo supervisarán? Llama la atención que en tan poco tiempo, y con los problemas tan serios que han registrado estas investigaciones durante décadas, la Policía haya anunciado un cambio tan dramático. ¿Qué tipo de cambio será este? Por lo visto, la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP) seguirá siendo la división responsable de estas investigaciones en la Uniformada. ¿Qué hicieron para que una división como esta, con problemas históricos, de repente pueda funcionar?

Para 2015, al menos hasta el 31 de julio, la Policía reportó haber recibido 1,018 querellas, de las cuales decidieron que 368 no se sostenían; 54 fueron alegadamente infundadas y en 176 de ellas, los agentes fueron exonerados. Es decir, que el 59% de las querellas ciudadanas radicadas no ofreció un proceso de rendición de cuentas, mucho menos de restitución a los incidentes de la ciudadanía con la Policía. Aunque el proceso de investigación este año aparentemente estuvo mucho más agilizado, me pregunto si este “nuevo sistema” anunciado se tratará de la misma cultura poco confiable de “vista larga”, condescendencia y complicidad gremial e ineficiencia pero más rápida.

Tanto la información de las querellas administrativas como la del uso general de fuerza y la conducta de la policía deben documentarse y recopilarse de una manera sistemática y hacerla accesible para que la gente y las comunidades podamos evaluar la conducta de la Uniformada, sus prácticas profesionales y efectividad en el manejo de casos. Para tener garantía de que se combatirá la criminalidad con protocolos constitucionales que no pongan en juego el éxito del procesamiento judicial de los verdaderos delincuentes y de las personas que le faltan al País. Esto no puede esperar a la culminación de la Reforma. Para que podamos evaluar si la Reforma está logrando los cambios deseados tiene que tener datos y estadísticas confiables desde este momento. El acuerdo con el Dept. de Justicia federal lo exige y estos datos deben ser públicos y estar disponibles en un periodo de tiempo razonable.

Insistimos en esto porque tenemos que saber, participar e incidir en lo que está ocurriendo dentro de la reforma de la Policía. Es nuestra Policía y, no importa lo que pase en el País, lo seguirá siendo. Su gran problema de abuso y violaciones de derechos nos ha hecho daño a todos y todas. El problema de la Policía, sin lugar a dudas, es mucho más nuestro que del gobierno federal. Por eso queremos saber.

-Este texto fue publicado originalmente en el blog de Espacios Abiertos. 

Sobre Mari Mari Narváez

Periodista, guionista, columnista, publicista, productora. Es coautora de <em>Fuera del quicio</em> (Aguilar, 2007) y <em>Palabras en libertad: entrevistas a los ex-prisioneros políticos puertorriqu