La Colectiva Feminista en Construcción llevó a cabo una conferencia de prensa en la que denunció el rol del estado en las políticas de desplazamiento que sufre la comunidad de Río Piedras, en particular el rol del foro judicial y el municipio de San Juan. La organización feminista ha enfrentado varios procesos legales y criminales, luego de rescatar y limpiar un edificio abandonado en la comunidad de Río Piedras.

Durante el mes de septiembre, la Colectiva Feminista, junto a vecinas de Río Piedras, llevaron a cabo una brigada de limpieza en un edificio abandonado durante más de diez años. Tras la limpieza, que intentaba acondicionar un espacio lleno de plagas, las alegadas dueñas del local iniciaron una demanda civil por desahucio contra Shariana Ferrer Núñez, una de las dirigentes de la organización. A su vez, Ferrer-Núñez, como portavoz de la organización, exigió que las alegadas dueñas del local, la Sucesión Más Saavedra Ramírez de Arellano, resarcieran a la comunidad y a la organización el dinero invertido en la limpieza y fumigación del espacio.

A pesar de que durante el juicio surgió que el local había sido identificado por el municipio de San Juan como un estorbo público, y que, a su vez, la Sucesión Más Saavedra Ramírez de Arellano tiene una deuda de más de veinte mil dólares con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la juez no atribuyó responsabilidad alguna a estas, ordenando el desahucio y denegando la petición de Ferrer-Núñez como representante de la Colectiva, de que se le indemnizara a la comunidad los más de cinco mil dólares invertidos en la limpieza.

“Esta juez no reconoció la responsabilidad que tienen estos herederos del inmueble de mantener en condiciones aptas y dignas que no representen un riesgo para la salud y seguridad de quienes habitamos, trabajamos y transitamos Río Piedras. De igual forma, en su sentencia permite que estas personas—que no viven en nuestra comunidad y por ello no les importa el estado de la misma— se enriquezcan del trabajo y el esfuerzo de la comunidad que se organizó para limpiar el espacio.  Esta decisión demuestra el pobre funcionamiento del sistema de justicia en nuestro país, porque para colmo, el Tribunal le impuso a nuestra compañera el pago de dos mil dólares de honorarios de abogado a las dueñas irresponsables, a pesar de que Ferrer-Núñez fue representada por la Clínica de Asistencia Legal, que provee representación a personas que no tienen recursos para pagar abogado”, expresó Verónica Figueroa Huertas, portavoz de la organización.

Asimismo, la organización denunció la gestión legal de los abogados de la Sucesión Más Saavedra Rámirez de Arellano, en particular del licenciado Virgilio Mainardi Peralta, quien, según Ferrer-Núñez, asumió una conducta racista y xenófoba contra dos testigos del caso, mujeres dominicanas residentes de Río Piedras, quienes testificaron sobre el estado de abandono del edificio y el trabajo realizado por la Colectiva para limpiarlo.

“Las testigos, —llamadas para describir las condiciones del espacio abandonado— son vecinas de Río Piedras, mujeres, dominicanas, inmigrantes y trabajadoras, que fueron sometidas a cuestionamientos de su estatus migratorio y de permisología de sus comercios y oficinas cuando esas preguntas eran totalmente irrelevantes a la información que estas le ofrecieron al Tribunal. No solo la actitud del abogado es cuestionable, sino que tenemos que cuestionar el que la juez haya permitido esa línea de interrogatorio”, recalcó Ferrer-Núñez.

Finalmente, Ferrer-Núñez cuestionó el rol del municipio de San Juan y las concesiones otorgadas a la Sucesión Más Saavedra Ramírez de Arellano, cuando en la misma calle donde ubica el local en disputa, el municipio le ha revocado el usufructo a comerciantes para vender edificios a inversionistas. Todo esto, con la justificación de una supuesta revitalización del casco urbano, la cual no ha tomado en consideración la participación de los ciudadanos a pesar de que se están utilizando fondos de recuperación CDBG-DR.

“El municipio está utilizando millones de fondos federales para un plan de diseño que no beneficia a nuestra comunidad, pero le deja en bandeja de plata a los inversionistas bajo ley 20 y 60, que vienen a comprar, pero no para residir, sino que están comprando bloques de edificios. Lo que únicamente logra que se profundice el desplazamiento en nuestras comunidades”, añadió.

Según las portavoces, la sentencia será apelada en los próximos días.

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