Unas trece películas puertorriqueñas están a punto de quedarse sin financiamiento gracias al proyecto de Ley P. de la C. 2487 aprobado ayer en la Cámara de Representantes. Dicho proyecto extrae cuatro millones de dólares del Fondo Cinematográfico administrado por el Programa de Cine del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico.

Este proyecto de ley que pasa ahora al Senado con el nombre de P. del S. 1408, donde aguarda a votación, también amenaza con limitar los fondos disponibles para la formación de cineastas, mercadeo, muestras, festivales, distribución y adhesión a fondos y redes internacionales como Ibermedia y DocTV, entre otros esfuerzos que aportan al desarrollo y crecimiento de la industria cinematográfica local.

“Esta legislación contradice la política pública del Estado de promover el desarrollo de las industrias creativas, el empresarismo y la creación de empleos”, destacó Carla Cavina, directora y guionista quien acaba de culminar el rodaje de su primer largometraje gracias en parte a este fondo.

“Están quebrantando la obligación legal de financiar los proyectos fílmicos que fueron seleccionados en las pasadas convocatorias, además del objetivo del Fondo de promover e incentivar el mayor número de películas boricuas, para aumentar la producción de cine puertorriqueño y su público a nivel nacional e internacional”, sostuvo Cavina.

Entre los trece proyectos que se verán afectados por el desvío de fondos públicos se encuentra “Noli”, opera prima del director puertorriqueño Álvaro Aponte, quien en el 2012 entró en competencia oficial en el prestigioso Festival de Cannes con su cortometraje “Mi Santa Mirada”. “Noli”, también escrita por Aponte, es desarrollada hace tres años por Producciones Quenepa, y a la fecha ha participado de varios talleres internacionales de reescritura. La misma cuenta con fondos del Programa Ibermedia para desarrollo, y participó durante el 2014 del Foro de Coproducción del Festival de San Sebastián en España.

Por su parte, Maite Rivera Carbonell, productora ejecutiva del proyecto, señaló: “Hemos armado una coproducción tripartita, Puerto Rico como mayoritario, y como minoritarios República Dominicana y Francia. Acabamos de firmar contrato con un productor francés, gracias en parte a haber ganado la convocatoria del Fondo Cinematográfico de Puerto Rico. Perderlo ahora significaría que el trabajo realizado durante estos años se iría al zafacón”.

Una película toma años largos, añadió Cavina. “Para nosotros los cineastas, una carta de aprobación de cualquier fondo es un compromiso vinculante, si no imagínate, si no se puede confiar en la palabra del Fondo, no se podría hacer cine. La realidad es que se firman los contratos cuando se cierra el financiamiento”.

De aprobarse el P. del S. 1408 se estima que se estarían perdiendo entre 390 a 1,950 empleos directos e indirectos, pues cada proyecto fílmico genera un promedio de 30 a 150 empleos directos e indirectos, además se estaría perdiendo la credibilidad en nuestras instituciones gubernamentales a nivel nacional e internacional. Por otro lado, las películas puertorriqueñas, a diferencia de las películas extranjeras que vienen a filmarse en la isla para beneficiarse de los incentivos contributivos, generan empleos de alto rango entre productores, actores, directores, guionistas y jefes de departamento; además de un capital que se queda y recircula en la isla.

“Hacemos un llamado a la administración para que que sea consiente del error que están cometiendo, el dinero invertido en filmaciones tiene un impacto económico en muchas direcciones y al final del camino regresa al fisco en pagos de impuestos por un amplio grupo de empresas e individuos. En estos momentos no hay sector industrial mas importante que otro, simplemente tenemos que ser responsables y asumir lo que nos toca. Todos tenemos que aportar. Le pedimos abiertamente a la legislatura que no sea injusta, y que no apruebe dicho proyecto”, comentó afectado Pedro “PJ” López, cinematógrafo y presidente de PJ Gaffers and Film, empresa dedicada por 25 años a prestar servicios a la industria fílmica en Puerto Rico y el Caribe, y pieza calve en el crecimiento de nuestra industria y nuestro cine.

Los entrevistados coincidieron en que esta legislación envía a la comunidad cinematográfica un mensaje claro de falta de compromiso con el desarrollo de nuestro cine y de Puerto Rico, y genera la desesperanza que impulsa la fuga de talento de nuestra isla.

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