En su última edición, el periódico de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, Puerto Rico Cooperativista, reseñó las distintas propuestas de los candidatos a la gobernación en los próximos comicios.  Su lectura resulta un ejercicio interesante para poder ponderar el grado de conocimiento y compromiso de tales, sobre la verdadera capacidad del cooperativismo de aportar al desarrollo económico de Puerto Rico.

No obstante, este comentario no va dirigido a resumir los contenidos de tales propuestas, sino a invitar al cooperativismo a reflexionar sobre los aportes fundamentales en cuanto al futuro de la democracia puertorriqueña y sus procesos electorales sería capaz de hacer; mas allá de nuestras propuestas puntuales sobre medidas de apoyo al cooperativismo. Se trata de que el cooperativismo pude demostrarle al pueblo cómo es posible vincular sistemas de administración de los recursos comunes de forma eficientes y efectiva para producir beneficios colectivos concretos y constatables; mediante modelos de gestión que, en vez de limitar la participación activa de los afectados, les incorpora democráticamente y les permite decidir directamente sobre aquellos asuntos determinantes relativos a sus intereses y necesidades comunes.

Mas allá de los Programas de los Partidos

Como sabemos, en Puerto Rico no contamos con mecanismos legales que nos permitan a los electores obligar a los gobernantes a cumplir con sus promesas de campaña o con el contenido de sus programas electorales. Por eso, debemos de reconocer que cualquier evaluación sobre las propuestas electorales de los distintos partidos y/o candidatos a puestos electivos, requiere partir del reconocimiento de la cruda y muy cándida afirmación de un ex-presidente del Senado sobre que las mismas,  no están escritas en piedra.

La verdad es que pasadas las elecciones, esos programas de gobierno pueden ser absolutamente olvidados o descartados, al momento en que cada cual juramente su cargo. Ello así, pues nada obliga a los polític@s elect@s a implantar los programas electorales a base de los cuales obtuvieron el endoso del pueblo. En cuanto al cumplimiento con tales programas, dependemos, como mucho, de la buena voluntad de las personas electas.

Desde el punto de vista de la ley, los programas de los partidos no constituyen ofertas contractuales a la ciudadanía que al ser aceptadas mediante voto mayoritario obliguen a su cumplimiento.  Tampoco las promesas públicas de los candidatos o candidatas se consideran jurídicamente como declaraciones unilaterales de voluntad que les sujeten a su cumplimiento para no defraudar la confianza de quienes en atención a las mismas decidieron actuar. Sin embargo, cuando ocurren conductas similares entre personas privadas, entonces sí que el  ordenamiento legal exige que quien pretenda burlar la confianza depositada en el o ella por otro en relación a lo prometido, pueda ser obligado a responder por su incumplimiento.

Por esa razón los programas de los partidos usualmente suelen estar abarrotados de promesas falsas, irresponsables e incumplibles (incluso contradictorias entre sí), con el único objetivo de seducir al pueblo a concederles su voto. Lo anterior, incluyendo amplios ofrecimientos para distintos grupos de la sociedad civil, como si se tratara de un catálogo de una tienda por departamentos.

Lo anterior constituye una verdad jurídica irrefutable sobre nuestro sistema electoral actual, a pesar de que en su retórica electorera la clase política se llene la boca hablando del “mandato del pueblo”.  No obstante, se trata de otra estratagema publicitaria mas, pues, en estricto derecho, un mandato es aquel contrato mediante el cual una persona se obliga a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra. Así, el mandatario carece de voluntad propia que no sea la ejecución de la voluntad del mandante. Justo lo contrario de lo que ocurre con nuestra clase política.

El sistema de selección de candidatos en Puerto Rico, no pude ser estar más alejado del concepto del mandato, pues los candidatos una vez electos tienen derecho a actuar por la libre.  Legalmente los puesto les pertenecen a ellos, y pueden, si así lo desean, incluso desvincularse de las colectividades por las cuales fueron electos; y los puestos obtenidos les continúan perteneciendo.

Eso quiere decir que, en última instancia, no estamos votando por un programa, sino por personas particulares en quienes depositamos la confianza ciega de que decidan cumplir con lo que alegan defender. Ello resulta particularmente significativo en un país en donde la mayoría de los electores no conocen siquiera quiénes son los representantes que se postulan o resultan electos por sus respectivos distritos o precintos. Y cuando sabemos quienes son, en su mayoría lo que conocemos son las fachadas que nos presentan para venderse como cualquier otro producto de mercado: las fotos retocadas, los slogan pegajosos, los bailecitos en tarima o su campechana disposición a juntarse con el pueblo, dándose el trago en las barras que frecuentan sus constituyentes.

La realidad es que en Puerto Rico, las elecciones no producen propiamente ningún mandato popular sobre programas de acción o políticas públicas específicas obligatorias; sino una mera delegación irrevocable de autoridad a unas personas individuales.  Por eso, no se sientan mal cuando sus profesores de español o de ciencias políticas les digan que se dice “programa de gobierno” y no “plataforma de gobierno”; pues en sentido figurado, lo cierto es que la clase política nos tiene acostumbrados a utilizar los programas para representar sus distintos teatros, bailando y desplazándose sobre tales de un lado para otro tratando de arrancarnos aplausos; para cuando termine la función seguir con sus vidas como de costumbre.  En ese aspecto, nuestra democracia se limita a que el pueblo escoja cada 4 años a quienes delegarle el poder de administrar el gobierno insular, en un espectáculo muchas veces carnavalesco, donde la ciudadanía simultáneamente ejerce y renuncia su derecho de participación.  De tal modo, el electorado pasa en un mismo instante de ser sujeto activo de la democracia, a ser objeto pasivos de la misma.

La falta de circunspección a, y de obligatoriedad de las promesas electorales, son caldo de cultivo para la decepción, el cinismo y los altos niveles de abstención electoral en las democracias representativas. Ese sistema de delegación general y casi irrestricta que concede autoridad jurídica a nuestros gobernantes para decidir unilateralmente cómo actúan con independencia de la voluntad expresada por el electorado en las urnas; promueve una disociación entre gobernados y gobernantes que es caldo de cultivo de la corrupción. Que el único remedio que tengamos los ciudadanos contra quienes incumplen sus promesas programáticas luego de electos sea el negarle el voto en una futura elección para volver a confiarlo a otr@s, nos parece un mecanismo claramente ineficiente en cualquier sistema que presuma de ser democrático.

La Mirada Cooperativista:

No es que los cooperativistas no debamos preocuparnos entonces por los contenidos de los distintos programas de gobierno de los partidos en relación con el cooperativismo y la Economía Social y Solidaria (ESS), o que dejemos de hacer propuestas. No obstante, ello no nos parece suficiente.

Pienso que la grandes preguntas que nos debemos hacernos en estos contextos es: ¿Cómo podemos promover una democracia más eficiente y receptiva a la voluntad del pueblo respaldando un determinado programa de gobierno? ¿Cómo evitar que nos descarten después de que votamos, alegando que las promesas “no están escritas en piedra”?

Para ello, propongo que debemos empezar por mirar el modelo de estructura democrática empresarial de nuestras propias cooperativas.  Nuestro modelo de gobierno empresarial se basa en los siguientes elementos que debemos destacar:

1. Democracia Participativa: Las cooperativas operan bajo el principio de control democrático por sus miembros a base del derecho de cada cual a un voto igualitario, independientemente de consideraciones relacionadas a aportaciones, capacidades económicas, origen social, género u otras. En nuestras cooperativas fomentamos instancias de democracia participativa en las que los miembros (los constituyentes) participan con sus deliberaciones en la toma de decisiones sobre los aspectos mas fundamentales sobre la gestión de la cooperativa, con el principio del bien común como norte. Las cooperativas se destacan por contribuir a la expansión de prácticas democráticas a todas las áreas de quehacer humano, incluso la empresarial; fomentando relaciones inclusivas de igualdad esencial entre las personas y sirviendo como “escuela de democracia” y el fomento de la igualdad social. La doctrina plantea que se debe prestar especial atención a las nuevas formas de organización, la participación de la mujer, los jóvenes y los empleados de las cooperativa.
2. Transparencia: Bajo nuestro modelo de gobierno cooperativo se exige rendición de cuentas directas a aquellas personas que hemos elegido para administrar y ejecutar nuestra voluntad colectiva social en beneficio de tod@s. Los directivos tienen la obligación de hacer cumplir los acuerdos de las Asambleas de miembros (el pueblo de la cooperativa) y de informar a éstos sobre los resultados de su gestión y responder por los mismos. De igual forma l@s soci@s tienen derecho de conocer toda información pertinente a la gestión y condición operacional de sus cooperativas. Además, forman parte de la cultura cooperativa ciertas normas éticas básicas como la honestidad, la responsabilidad social, la inclusión, el pluralismo, y la constructividad.
3. Rendición de Cuentas– Las personas que son electas a los distintos cuerpos de gobierno cooperativo reciben un mandato sujeto a revocación y pueden ser removidos por la Asamblea si faltan a sus responsabilidades fiduciarias, incurren en conflictos de intereses, o incumplen con las determinaciones de la Asamblea. Las asambleas reciben también los informes de sus ejecutivos, directivos y órgano de supervisión interna, quienes deben responder pregustas sobre su desempeño y determinaciones. El principio de transparencia es inherente al cooperativismo.
4. Fiscalización– Las cooperativas cuentan con un órgano electo de supervisión permanente, que responde directamente sus soci@s. En las cooperativas no solo elegimos a quienes les delegamos establecer las políticas de funcionamiento y dirigir los destinos de la entidad a base de los acuerdos generales de las asambleas; sino que, al mismo tiempo, elegimos también a aquellas otras personas cuya función será velar porque quienes administran lo hagan cumpliendo con la ley, los reglamentos, los acuerdos asamblearios y el buen uso de los fondos comunes en la maximización de los servicios que deben prestarse a los miembros. El énfasis en la satisfacción de necesidades es lo que brinda significado real al modelo cooperativo, y ello incluye la responsabilidad para el manejo ético, efectivo y eficiente de los escasos recursos humanos, económicos y ambientales, dado el hecho de que la acción cooperativa se fundamenta principalmente en la colaboración de las clases mas pobres.
5. Educación– Las cooperativas reconocen la importancia de educar a sus miembros en todos los asuntos esenciales relacionados a su doctrina, gobernanza y operaciones, para que puedan tomar determinaciones informadas. Ello incluye los valores de la cooperación, ayuda mutua, solidaridad y compromiso altruista con la comunidad y las futuras generaciones de mujeres y hombres cooperado@s. La meta de consolidar el respeto a la dignidad esencial de todo ser humano y proveerle herramientas para auto-determinarse y auto-gestarse, tanto individual como colectivamente en consecución del bien común y para que pueda contribuir de la forma mas plena a tenor con sus talentos y capacidades al mejoramiento de sus comunidades, son valores compartidos por l@s cooperativistas. En ese sentido el cooperativismo tiene un compromiso con fomentar la participación inteligente e informada de sus miembros en sus asuntos.
6. La Responsabilidad Social y Ética -A quienes administran los asuntos de las cooperativas se les exige operar sobre valores deigualdad, justicia, ayuda mutua, esfuerzo propio, y emancipación económica y social. El sentido de responsabilidad social siempre ha estado presente en las normas internas de las cooperativas y en su relación con la sociedad en la que se desenvuelven. El cooperativismo trata de colectivos de personas que establecen una empresa común sobre principios de equidad y democracia, para asumir responsabilidad colectiva en cuanto a sus propias condiciones de vida y asumir responsabilidades unos para con las otras. El cooperativismo fomenta el servicios solidario a la comunidad, la evitación del beneficio propio por sobre el colectivo, el nepotismo y las situaciones de aprovechamiento indebido y de conflictos de intereses.
7. Colaboración- El cooperativismo fomenta la colaboración sobre la competencia, y la acción concertada por encima de la lucha adversativa entre opuestos. Las cooperativas fomentan crear lazos de unidad comunitaria y colaboración entre sus miembros para obtener beneficios compartidos a base de prestarse ayuda mutua y demostrar solidaridad y desprendimiento. Las cooperativas constituyen una alternativa real, de carácter mundial, y basada en el ser humano, frente a las corrientes capitalistas neoliberales que pretenden dirigir la economía del mundo para incrementar las riquezas de unos pocos.
8. El Voluntariado– En el cooperativismo, las personas que son electas para representar a los miembros y administrar o fiscalizar la gestión general de la empresa son líderes y lideresas voluntari@s que aportan su tiempo y esfuerzos gratuitamente como un servicio a su comunidad. Estas no van a servirse ni a lucrarse de su participación en la cooperativa, ni a gestionarse privilegios para si o sus personas relacionadas. (L@s poc@s que procuran hacerlo, muy poco tienen de genuin@s cooperativistas.) Ese principio de desprendimiento que permea el gobierno cooperativo basado en un liderato de personas voluntarias, cuya único beneficio es la satisfacción de prestar un servicio personalmente desinteresado a su comunidad, tiene mucho que enseñar a un país donde ante la pobreza colectiva, su clase política cada vez da mas ejemplos de corrupción, venta de influencias, tratos privilegiados y el auto-agenciarse beneficios personales para sí y los suyos, en abierto perjuicio y menosprecio del manejo ético, responsable y adecuado de los fondos que le pertenecen al pueblo.

Por eso, sostengo que el cooperativismo debe ser mas militante en llevar el mensaje de que si todas esas prácticas democráticas funcionan de forma efectiva en la administración de nuestras cooperativas (que son en última instancia empresas de negocios); con mucha mas razón deben ser aplicadas dentro del ámbito del Gobierno Público.

Por eso, frente a las promesas de la clase política, el cooperativismo debiera plantearse como un elemento prioritario de su agenda, ayudar a democratizar el Gobierno Público sin limitarnos exclusivamente a hacer propuestas que, en última instancia, quedarán como páginas olvidadas de algún programa electoral, tan pronto pasen las elecciones. Las propuestas serán importantes como brújulas para nuestro accionar como movimiento, pero reconociendo que las probabilidades de éxito del cooperativismo como modelo empresarial y de la ESS como alternativa de cambio social, dependerá en última instancia de que seamos capaces de transformar nuestra sistema de Gobierno Público para ampliar los estrechos límites de su “democracia” formalista. Una sistema que restringe el derecho de control democrático por los constituyentes limitándolo al ejercicio cada vez mas difuso de emitir un cheque en blanco en las urnas cada 4 años a favor de personas que, cada vez con mas frecuencia solo buscan adelantar sus intereses personales y sectarios, no puede jactárselas de ser una democracia verdadera.

El cooperativismo ha demostrado al país que somos capaces de operar nuestras empresas y de maximizar el servicio y distribución de beneficios a nuestros miembros a base de prácticas de democracia empresarial o democracia económica.   Frente al pensamiento neoliberal que pretende que como condición a la eficiencia hay que sacrificar la democracia y someterlo todo al dominio de la propiedad privada; el cooperativismo continúa demostrando que ello se trata de una falacia; pues es posible utilizar buenas prácticas democráticas para mejorar las eficiencias y los resultados económicos. De tal modo, el movimiento cooperativo tiene la capacidad de demostrarle al país que una genuina democracia, basada en i) mayores instancias para la participación ciudadana educada, ii) con una mayor transparencia y fiscalización cívica, iii) con rendición directa de cuentas a las personas afectadas,  y iv) delegada a personas que administren en obediencia a los dictámenes del pueblo respecto de la promoción del bien común (so pena de ser destituidos), y que v) no pueden pretender el mas mínimo privilegio personal, sino que se ofrezcan con vocación de servicio desprendido y compromiso con su comunidad; es el verdadero y único camino a un mejor gobierno y a un mejor país.

Sobre Rubén Colón Morales

Es abogado, graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de maestría de la Universidad de Harvard. Fue oficial jurídico en el Tribunal Supremo en los años 90. Ha impartido