El 3 de febrero de 2017 la mayoría de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico integrada por miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) unánimemente aprobó la Ley 51 para dar curso a la celebración de una nueva consulta electoral en torno al estatus de Puerto Rico en el próximo mes de junio.  Mientras Puerto Rico va risco abajo en todos los sentidos sin plan alguno para el rescate de nuestra dignidad y por un mejor porvenir, en ese mismo día el Gobernador Ricardo Rosselló Nevares aprobó la medida con su firma.  Dicha Ley cuenta con el nombre de “Ley de descolonización inmediata de Puerto Rico”.  Cuán rápido y de qué manera ocurrirá tal inmediatez no lo explica la legislación.  Considerando el hecho de que para dar curso a la pretensión de esa mayoría legislativa, la de unirse a la familia de los estados de la República de los Estados Unidos de Norteamérica, hace falta el consentimiento de ellos, y los 118 años que han pasado desde la Guerra Hispanoamericana, sentémonos a esperar.

La Ley 51 cuenta con una Exposición de Motivos (no todas las leyes la tienen), de 16 páginas a espacio sencillo.  Las exposiciones de motivos corresponden a una introducción que redactan los legisladores para explicar las razones por las cuales se presenta y se aprueba una medida legislativa. Dichas explicaciones sirven para ilustrar a la ciudadanía en torno a la intención legislativa y el espíritu de la ley, especialmente cuando hay alguna duda en lo que a su texto respecta.  En dicha exposición hay unos textos que merecen especial atención.  Veamos.

…..Como resultado de la guerra Hispanoamericana, el Artículo IX del “Tratado de París de 1898″, suscrito por los Estados Unidos y España, sin la participación del Pueblo de Puerto Rico, le   cedió al Gobierno federal la soberanía sobre la Isla y dispuso que los “derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos¨ [(Puerto Rico] a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso¨. Desde entonces, el Gobierno federal siempre ha optado por ejercer esa facultad sobre Puerto Rico con los poderes absolutos de la “clausula territorial”.  La imposición de tales poderes comenzó con el establecimiento de un gobierno militar de 1898 y bajo la administración directa del Presidente de los Estados Unidos.  A partir de entonces, la “Ley Orgánica Foraker de 12 de abril de 1900″; la “Ley Orgánica Jones de 2 de marzo de de 1917”; y la “Ley Pública 600 de 3 de julio de 1950 ”, entre otras, fueron aprobadas por el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos y -hasta hoy- rigen las vidas y limitan los derechos de los ciudadanos americanos en Puerto Rico.

Por naturaleza y antecedentes históricos alrededor del mundo, los únicos resultados posibles del colonialismo son la injusticia, la desigualdad y el discrimen. Puerto Rico, no ha sido la excepción. En el caso de Puerto Rico, los estragos socioeconómicos y financieros del colonialismo continúan avanzando, mientras el Gobierno federal soslaya el reclamo electoral de sus ciudadanos en el Plebiscito de 2012 para alcanzar las descolonización y la Igualdad como un estado de la Unión.  Las consecuencias han sido nefastas para Puerto Rico a nivel político, financiero y socioeconómico…

Después de 119 años, el gobierno de los Estados Unidos de América NUNCA había satisfecho los continuos reclamos para un proceso federal de consulta electoral vinculante que resolviera de manera final y permanente la centenaria condición colonial.  Debido a esa inacción federal, Puerto Rico había tomado varias iniciativas electorales cuyos resultados han sido continuamente soslayados por el Congreso y el Presidente…..

Históricamente, la política de todos los Congresos y Presidentes de los Estados Unidos de América ha coincidido en sostener de manera expresa, incluyendo en foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que los ciudadanos americanos de Puerto Rico tienen derecho a la  “autodeterminación ” en la definición de su estatus político final.  En la realidad, esa no ha sido la práctica del Gobierno federal frente a la autodeterminación de los ciudadanos de Puerto Rico en el Plebiscito de 2012, cuando reclamaron electoralmente la descolonización ….

El colonialismo no es una opción para Puerto Rico bajo ninguna interpretación o modalidad jurídica de la “clausula territorial ” de la Constitución federal ….

La “desigualdad deliberadamente estructurada”, también ha sido cuestionablemente sostenida por decenas de decisiones de tribunales federales como sus llamados  “Casos Insulares ”, que datan desde 1901. Muchos de esos casos, están repletos de discrímenes mediante la  “fabricación judicial” de clasificaciones que segregan a los ciudadanos americanos por categorías y dependiendo de su domicilio.  Esas clasificaciones de territorios  “incorporados ” o  “no incorporados ”, de hecho, nunca han formado parte del texto de la Constitución federal. Fueron las clasificaciones  “fabricadas” por jueces y funcionarios federales de principios del Siglo XX para así sostener la expansión geopolítica …  excluyendo a los habitantes de los nuevos territorios coloniales de la posibilidad de  “trato igual”; incluyendo a aquellos que fuesen ciudadanos americanos por  nacimiento. Así se creó una discriminatoria ciudadanía americana de  “segunda clase ” .

En Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901) el Tribunal Supremo federal elaboró un  crucigrama jurídico para sostener que los Estados Unidos pueden adquirir territorios y ejercer el poder sin restricciones para determinar cuáles son los derechos a conceder a sus habitantes:   “Si bien en un sentido internacional, Puerto Rico no es un país extranjero, ya que está sujeto a la soberanía y es propiedad de los Estados Unidos, es foráneo a los Estados Unidos en un sentido doméstico, porque la isla no está incorporada a los Estados Unidos, más meramente pertenece como una posesión”….

El fracaso del sistema colonial de la Isla, no debe sorprender a nadie.  Ese es el destino de los sistemas coloniales…….

Además las limitaciones que padecen los ciudadanos americanos de Puerto Rico a través de la condición territorial y colonial y en contra de la voluntad descolonizadora e igualitaria expresada electoralmente, también colocan a nuestra Nación en total contraposición a muchos principios fundamentales contenidos en la  “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, suscrita por los Estados Unidos de América y aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en París, 1948:…

“Artículo 2: ….no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía” [No citaron el artículo completo]….

“Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”….

            “Artículo 21: Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.  Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.  La voluntad del pueblo es la base de la  autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”….

Puerto Rico, continúa siendo un territorio colonial en el contexto más abyecto del término.  Todas las leyes federales impuestas a Puerto Rico; la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal; todas las políticas promulgadas por el Presidente; todos los informes y las opiniones de las oficinas técnicas de la Casa Blanca en 2005, 2007 y 2011, del Congreso y del Departamento de Justicia federal, coinciden en que Puerto Rico es un territorio colonial sujeto a la soberanía y los poderes unilaterales y absolutos del gobierno de los Estados Unidos de América.

En el reciente caso de Puerto Rico v. Sánchez Valle, 579 US (2016), el Tribunal Supremo federal, a solicitud del Gobierno federal, resolvió que Puerto Rico, incluso, carece de “soberanía primigenia”, distinto a los estados y a las reservaciones indígenas.  Admisión de parte, relevo de prueba.  Esa condición desigual y discriminatoria exige con urgencia una solución definitiva; máxime, cuando la misma ya resulta insoportable e insostenible, para los [puertorriqueños], reduciendo al mínimo de calidad de vida, sus oportunidades de desarrollo socioeconómico; y provocando la ola migratoria más grande de la historia de familias hacia los estados de la Unión buscando las oportunidades y los derechos que se les niegan a Puerto Rico”.

“No puedo creer que podamos luchar una guerra contra la esclavitud fascista y al mismo tiempo no trabajemos para liberar a las personas en todo el mundo de una política colonial atrasada”, recriminó el presidente Franklin D. Roosevelt el primer ministro Winston Churchill, reunidos en la Bahía de Argentia, en la provincia canadiense de Terranova, en agosto de 1941…

Un examen con detenimiento de esas oraciones de la Exposición de Motivos da la impresión de que las mismas fueron escritas por un puertorriqueño independentista.  Su tono de indignación y angustia por el maltrato recibido por parte de los Estados Unidos de Norteamérica es evidente.  Se refieren además al final a las palabras del Presidente del país que nos ha aprisionado por más de un siglo,  Franklin D.  Roosevelt,  ante el Primer Ministro de Inglaterra, Winston Churchill,  durante la Segunda Guerra Mundial,  en la que Roosevelt se refiere a la liberación de las políticas coloniales hace  setenta y seis años atrás.   Pero en lugar de aspirar a una descolonización a través de un proceso de autodeterminación en el que hagamos uso de nuestra libertad y soberanía para construir de manera democrática el país y sociedad que merecemos, tomando en cuenta la historia de la humanidad y sentándonos en la misma mesa y en paz con todos los países soberanos del mundo,  sin limitarnos a los referentes políticos, económicos y culturales norteamericanos, prefieren someterse por siempre y para siempre al gobierno opresor,  pensando en que la anexión habrá de conferirnos una igualdad que nunca han tenido los estados pobres del sur de esa nación, ni los negros, ni los hispanos, y definitivamente sus primeros pobladores, las naciones indígenas, algunas de las cuales fueron diezmadas a través de guerras genocidas, y las que quedan, están sujetas a una vida de marginación en lo que se denomina como reservaciones.  Peor aún, lo que escriben en la referida Exposición de Motivos no lo gritan a cuatro vientos en el hemiciclo del Congreso como parte de un acto de desobediencia civil sin la necesidad de hacerlo a tiros como lo hicieron en 1954 Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero.  No organizan marchas multitudinarias en los Estados Unidos, ni se encadenan a la verja de la Casa Blanca, ni se organizan por miles para impedir por una semana las entradas al Tribunal Federal en Hato Rey como acto de protesta para que a Puerto Rico se le dé la bienvenida como Estado 51.  De paso, ¿cuántos militantes del PNP y de su antecesor el Partido Estadista Republicano  han cumplido aunque sea un día de cárcel por algún acto de desobediencia civil por lo que reclaman en la Exposición de Motivos de la Ley 51?  ¿Qué pasó con el Plan Tenessee y con la crisis que iban a causar en los Estados Unidos después del primero de enero de 2017  para que se nos diera la Estadidad? !Qué contradicción¡ ¿Tiene la misma alguna explicación?  Por supuesto.

Remontémonos a la década de 1970 en Puerto Rico.  Luego de ignorar a través de nuestro sistema de educación pública y universitaria la verdadera historia de Puerto Rico incluyendo las políticas coloniales contra Puerto Rico a las que se refiere la Exposición de Motivos, la historia  de Latino América y del mundo, la forma en que se discriminó contra y se persiguió el independentismo  por décadas y cómo se utilizó el poder del gobierno de Puerto Rico para bendecir la relación con los Estados Unidos de América y para promover la dependencia de los puertorriqueños sobre los fondos federales, el entonces gobernador Carlos Romero Barceló descubrió una forma de promover el crecimiento del apoyo a la anexión.  Lo hizo a través de un librito de título “La estadidad es para los pobres”, como si no fuera también para proteger los intereses de los ricos en el país.  Desde entonces, sin sonrojarse, ciclo electoral tras ciclo electoral, el liderato anexionista ha promovido una campaña vinculando la anexión de Puerto Rico a las bondades de la ciudadanía americana, a como sin ella perderíamos el acceso a los fondos federales y a cómo la anexión garantiza un diluvio mayor  de millones de dólares de parte del gobierno federal para quienes dependen de esos fondos para vivir.  ¿Será eso así durante el reinado de Donald I? De modo que la virtud de la anexión es la dependencia.  Recordemos la campaña de cientos de miles de dólares antes y después de las elecciones pasadas y que está por continuar ante la consulta aprobada,  que a través de la prensa y de pasquines en nuestras calles y avenidas promovía ese diluvio.  “Asegura tu ciudadanía” decían en letras mayúsculas y añadían “$10 BILLONES ADICIONALES CADA AÑO” en todo tipo de fondos federales.

Esa es la razón, el motivo y el interés de un liderato político que ha vivido bien de los escaños legislativos y municipales, de la fiambrera del gobierno cuando han estado en el poder y que han contribuido al estado de endeudamiento del país junto al liderato del Partido Popular Democrático, quienes quieren seguir viviendo de ese mismo sistema, junto a los acaudalados puertorriqueños del sector privado quienes también han hecho de las suyas aprovechando el sistema industrial, financiero y comercial colonial, al que quieren seguir aferrándose por la vía de la quimera del estado que no es estado,  ni es  libre,  ni es asociado, y la de la anexión. El verdadero patriotismo es el dólar.  En eso es en lo que verdaderamente piensan, en sus bolsillos y vidas privilegiadas, y mucho menos en el contenido de la Declaración de Independencia de ese país, la Carta de Derechos de su Constitución, y la valentía con la que ese pueblo se enfrentó al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial.   No piensan en que son verdaderamente americanos y por ello, por el dólar,  quieren ser iguales a y parte de ellos.  No es necesario porque en Puerto Rico no tienen que enfrentarse todos los días a ellos, y en el enfrentamiento tener que bajar la cabeza y aceptar que en lo que a ellos respecta ser puertorriqueño es ser una persona en estado de inferioridad ante ellos.  Y para probar cuán “americanos” son, basta con preguntarle a cada uno de ellos, empezando por los miembros de la Asamblea Legislativa y siguiendo por los alcaldes anexionistas qué saben de la vida de las siguientes personas y de sus contribuciones a la cultura del país al que quieren unirse permanentemente: William Faulkner, Edgar Allan Poe, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, Martin Luther King, Benjamin Franklin, Henry David Thoreau, Thomas Edison, Frankin D.  Roosevelt, Theodore Roosevelt, Abigail Adams, Susan B.  Anthony, Harriet Tubman, Helen Keller, Frances Perkins, Margaret Mead, Katherine Hepburn, Ella Fitzgerald, Rosa Parks, Andrew Carnegie, Malcolm X, Jackie Robinson, Abraham Lincoln, Henry Ford, Ernest Hemingway, Babe Ruth, Bill Gates, Mark Twain, Louis Armstrong, Amelia Earhardt, Steve Jobs, Alfred Hitchcock…..  Además, al hacerles la pregunta, háganlo en inglés y pidan a ellos que se la contesten en inglés.

Si usted no conoce a esas figuras de la historia y la cultura norteamericana, no se sienta mal, porque ese liderato político tampoco se ha ocupado de estudiar esa cultura, ni de que se enseñe en las escuelas de Puerto Rico.  De paso, dedique un rato para buscar qué se ha escrito sobre ellos en el internet, porque se puede aprender mucho de ellos, y adquiera libros de esa historia, además de la historia y de la cultura  de Puerto Rico y del mundo, para enriquecerse y ampliar sus horizontes intelectuales y humanos.

Por:  Roberto O. Maldonado Nieves

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