Las movilizaciones sociales en Perú no se detienen. Miles de ciudadanos se lanzan a diario a las calles. Reclaman la dimisión de la presidenta impuesta por el Congreso, Dina Boluarte; de su Primer Ministro, Alberto Otárola y el conjunto de funcionarios de su gobierno. La población reclama, además, la convocatoria a nuevas e inmediatas elecciones; la excarcelación y restitución en su puesto del depuesto presidente constitucional Pedro Castillo; y la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

Hasta el día en que escribimos estas notas, el saldo de personas muertas durante los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden público y militares sumaban ya 54 fallecidos, incluyendo a un integrante de la policía nacional, y la suma adicional de más de un millar de heridos.

Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, señaló que el 71% de los encuestados desaprobaba la forma en que la presidenta impuesta por el Congreso conduce el gobierno; mientras sólo un 19% aprueba sus gestiones y un 10% no precisa. A su vez, la encuesta indica que el 71% de los consultados desaprueba que ésta haya asumido la presidencia del país, mientras un 27% lo favorece y un 2% no precisa. La encuesta establece un margen de error positivo y negativo de 2.8% de manera tal que si ese 2.8% corriera en favor de la presidenta impuesta, la gestión de su gobierno estaría favorecido por un 21.8% de los encuestados y si se contabiliza de manera negativa, lo que redunda en un incremento en el rechazo a ésta, el porciento aumentaría a 73.8%.

Por su parte, la encuesta desarrollada por la empresa IPSOS, coloca también la desaprobación del gobierno de la presidenta impuesta en un 71% de los consultados, mientras señala un 20% en favor de su gestión; mientras el 9% no precisa o no sabe.

A pesar de este claro rechazo de los consultados al gobierno de Dina Boluarte, a la hora de identificar las responsabilidades por los muertos en la manifestaciones, la opinión de un 42% fue la de fijar la responsabilidad en los convocantes  o dirigentes de las manifestaciones que llevaron a irrumpir ilegalmente en al menos 3 aeropuertos regionales; el 32% responsabilizó a las autoridades; un 29% a las fuerzas del orden público por no saber cómo controlar a los manifestantes sin utilizar armas de fuego; mientras un 25% se expresó a los efectos de que la responsabilidad recaía en quienes participaron del uso de la violencia durante las manifestaciones.

Dentro de todo este entramado de luchas sociales y represión política se encuentra la figura del designado Primer Ministro de Perú,  Alberto Otárola. Se trata de un abogado considerado experto en derechos humanos. Su tesis como aspirante a la abogacía la tituló El Derecho Internacional de los derechos humanos y su inserción en el sistema constitucional peruano.

A pesar de este historial, Otárola ha sido el principal defensor de las políticas implantadas contra los manifestantes y es responsable por la imposición del “estado de emergencia” en Perú así como de dar las instrucciones a la policía para el uso de armamento contra los manifestantes.

El hoy Primer Ministro formó parte durante la década de 1990 del Partido Socialista Revolucionario, organización política de la izquierda moderada, en momentos en que aún estaba activa la organización maoísta Sendero Luminoso, dirigida entonces por Abimael Rubén Guzmán Reinoso, llamado entonces “Presidente Gonzalo”. Guzmán Reinoso falleció el 11 de septiembre de 2021 a los 86 años mientras extinguía una condena de cadena perpetua por terrorismo luego de su captura el 12 de septiembre de 1992.

Otárola ha venido teniendo un desplazamiento desde aquella izquierda moderada a lo que es hoy en la rama ejecutiva del gobierno impuesto en Perú. Como alguien ha expresado, el binomio Boluarte/Otárola ha ido perdiendo el apoyo de la izquierda peruana sobreviviendo gracias al apoyo de la derecha en este país. El hoy Primer Ministro formó parte del gobierno de Alejandro Toledo entre 2001 y 2006 como asesor en el Ministerio de Defensa como Vice Ministro de Asuntos Administrativos y Económicos. Bajo su gobierno, Toledo fue vinculado con un escándalo de corrupción promovido por sobornos hechos por la empresa constructora brasileña Oderbretch[1], imputado en el contrato de construcción en 2017 de la ruta interoceánica Perú-Brasil, donde se imputó un soborno de $20 millones siendo acusado, huyendo fuera del país para ser capturado en los Estados Unidos. Otárola también fungió como abogado dentro del gobierno de Ollanta Humala, también acusado por actos de corrupción asociados con la constructora Oderbretch y más adelante, como abogado de la propia Dina Boluarte.

Tras un mes de movilizaciones populares en el interior del país bajo el lema de la “toma de Lima”, los manifestantes se han ido desplazando hacia la capital del país. Lo que inicialmente se vio como una iniciativa de las comunidades indígenas u originarias, junto a estudiantes y organizaciones comunitarias del sur peruano, se ha ampliado grandemente con la incorporación de estudiantes universitarios y sindicatos obreros provenientes desde distintos departamentos. A través de caravanas de vehículos provenientes desde diferentes puntos en el país, la gente convocada se ha ido juntando en lo que ya denominan una “Marcha Nacional”.

Inicialmente cuando el Congreso la proclamó presidenta, Boluarte habló de convocar elecciones luego de completar el término del mandato que le hubiera correspondido al presidente Castillo. Sin embargo, anticipando el repudio del pueblo, se planteó adelantar tal fecha de elecciones para abril del 2024. Esto sin embargo no ha atendido los reclamos del pueblo organizado.

Todo este proceso de lucha, sin embargo, viene desarrollándose en un contexto muy complejo en el cual, a pesar de que Pedro Castillo prevaleció en su carrera a la presidencia frente a Keiko Fujimori, su triunfo se alcanzó por apenas una cuarta parte de un uno porciento (44,058 votos). Recordemos que en dichas elecciones concurrieron 25,287,954 electores (70.5% de los electores habilitado para votar), en un país que cuenta con 33,035,304 habitantes. A lo anterior se suma el control del Congreso que mantiene el fujimorismo junto con otros partidos de la derecha.

Se ha indicado que Dina Boluarte, quien fuera vicepresidenta bajo el breve periodo de gobierno de Pedro Castillo, es una persona de izquierda. Ciertamente lo fue en un momento dado, como se indica lo fue Alejandro Toledo e incluso como se indica fue Ollanta Humala. Ser de izquierda, sin embargo, no es una marca comercial con la cual se vende un producto. Ser de izquierda en un país como lo es Perú, es ser consecuente con una visión económica anti neoliberal; el manejo honesto y escrupuloso en la administración de los bienes del pueblo; la protección del medio ambiente y los recursos naturales; la defensa de  la soberanía nacional y el antiimperialismo; mantener un claro compromiso con la clase trabajadora; atender las necesidades del pueblo en áreas críticas como la vivienda, la alimentación, la salud, la educación; el respeto a la vida y los derechos humanos; en fin no proclamar ser de izquierda, sino vivir como tal.

Al cierre del pasado año indicábamos que ante la reciente crisis constitucional, social y política en Perú, aún no se había dicho la última palabra. Reafirmamos que el estado de excepción impuesto por el gobierno en funciones bajo Dina Boluarte no persigue otra cosa que pretender acallar al pueblo en su voluntad de continuar adelante con sus manifestaciones y movilizaciones en favor de Pedro Castillo, nuevas elecciones, la propia renuncia de Boluarte como presidenta impuesta y su gobierno, y el paso definitivo hacia una Asamblea Nacional Constituyente de donde surja eventualmente la reconstitución del Estado peruano. En este sentido, la estrategia y los actuales sucesos en Perú aparentan haber fracasado Los desarrollos de estas movilizaciones en las próximas semanas podrían ser cruciales.

[1] Oderbretch fue fundada en Brasil en 1944.  Durante los años de la Dictadura Militar creció y se convirtió en una gran empresa en este país. Como tal fue objeto de una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos imputándose actos de corrupción, sobornos y lavado de dinero. Sus tentáculos se han extendido a países como Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, República Dominicana y Venezuela.

Sobre Alejandro Torres Rivera