Clínica Legal-Psicológica denuncia oportunismo político
A pesar de que la Clínica Legal Psicológica expresó su agradecimiento por la distribución de los suministros por parte del gobierno estatal y municipal a la comunidad San Isidro de Canóvanas, denunció la forma en la que se llevó a cabo la actividad por ser una de carácter oportunista y político.
Los residentes de la comunidad San Isidro estuvieron más de dos horas esperando la entrega de alimentos por parte del gobierno, bajo el sol y sin medidas de distanciamiento social, coordinación y protocolos salubristas necesarios para una actividad de este tipo.
“La actividad estaba pautada para las 9:00 a.m., pero pasaron las horas y no se repartía ningún suministro y solo les decían que había que esperar por la alcaldesa, Lornna Soto, y la gobernadora, Wanda Vázquez. Ambas llegaron entre las 11:00 y 11:30 a.m., y fueron directo a dirigirse a la prensa, dar su discurso y fotografiarse”, explicó a Lcda. Belinés Ramos, socióloga y coordinadora del componente de acompañamiento legal.
“Los residentes sí verbalizaron su molestia, incluso denunciaron la exposición de personas mayores y embarazadas a tales condiciones. No tenían la información clara. Se les anotó en listas para ser llamadas por nombre y estas listas terminaron en la basura”, añadió Ramos.
“Podemos concluir la crueldad de ese acto por parte del gobierno municipal y estatal hacia los y las residentes de esta comunidad. Sin embargo, esto no es cuestión de un día. Estas prácticas de entrega de alimentos, suministros, neveras, parcelas, o hasta prometer títulos de propiedad han sido, por años, estrategias político partidista así reconocidas por la propia comunidad”, indicó la Lcda. Ramos.
Ante los cuestionamientos sobre la tardanza y la ausencia de protocolos salubristas por parte de la prensa, la alcaldesa Lornna Soto respondió: “pregúntale a ellos si les molestó esperar”.
Ésta comunidad fue objeto de estudio de la doctora Patricia Noboa quien luego del paso del huracán María, realizó una investigación para conocer los efectos psicosociales del evento, cuyos hallazgos revelaron la necesidad de ofrecer servicios psicológicos y legales para apoyar el proceso de recuperación en la misma comunidad debido a la falta de movilidad, recursos y acceso a servicios básicos.
“Los residentes han experimentado periodos prolongados de ansiedad, frustración y desánimo de vivir, provocando que algunos atenten contra su vida. Expresiones como ‘aquí hasta el gato se ha ido’ y ‘mi comunidad se está vaciando’ ilustran el desplazamiento y apuntan a la fragmentación de las redes de apoyo al interior de la comunidad”, resaltó Noboa.
La Clínica Legal-Psicológica es una organización creada con y para la comunidad, adscrita al Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico Cayey. Dicho organismo ha documentado por los pasados dos años el tipo de trato discriminatorio hacia los residentes de esta comunidad.
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