Por: Dra. Palmira N. Ríos González

Con la aprobación de la Ley 24 de 2021 –autoría de la senadora Ana Irma Rivera Lassén– Puerto Rico se encamina nuevamente a realizar una aspiración histórica de nuestra nación. Esta ley designa el 21 de marzo de cada año como el Día Nacional para la Erradicación del Racismo y la Afirmación de la Afrodescendencia, denomina la semana en que se conmemora la abolición de la esclavitud con el mismo fin, y ordena a varias instrumentalidades públicas, entre ellas los departamentos de Educación, Salud, Vivienda, Justicia y Trabajo, a llevar a cabo actividades de concientización antirracista. Aunque la Constitución de Puerto Rico prohíbe el discrimen por raza y color, y desde 1959 se prohíbe la discriminación racial en el empleo, esta normativa ha sido ley muerta y es muy poco lo que se ha avanzado para hacer valer estos principios básicos de igualdad en nuestro país. 

En Puerto Rico, al igual que en otros países iberoamericanos, prevalece la narrativa de la negación del racismo, de “el prejuicio de no tener prejuicio”. La negación del racismo tiene múltiples manifestaciones; el racismo se invisibiliza, trivializa, externaliza o simplemente se representan como blancos a figuras afrodescendientes históricas o exitosas. Esta práctica se repite por varias figuras públicas, desde Tomás Blanco cuando caracterizó la denuncia de prejuicio racial como “changuería” hasta el gobernador Rafael Hernández Colón quien redujo la influencia africana en nuestra cultura a una “adscripción retórica”. Pero también es muy generalizada la expresión racista “mejorar la raza”. 

Esta perspectiva a su vez tiene sus expresiones en la función pública. El gobierno de Puerto Rico optó por excluir las preguntas sobre raza del Censo de Población entre 1960 y 2000, y cuando se reincorpora la pregunta al Censo 2000 no vino acompañada por una campaña oficial informativa a la población. Agencias como el Departamento de Corrección y Rehabilitación no incluye la variable racial en su censo de la población confinada y otras han resistido informar regularmente a las agencias federales sobre las brechas raciales en nuestra población. 

La ruptura que representa la Ley 24 y la respuesta entusiasta que está recibiendo coloca a Puerto Rico dentro del creciente movimiento de reclamos de reconocimiento, justicia y desarrollo de las organizaciones y fuerzas políticas afrolatinoamericanas y caribeñas. La convocatoria de la 3ra. Conferencia Mundial contra el Racismo de la ONU (Durban 2001) estimuló la movilización de las poblaciones afrodescendientes de la región para exigir nuestro espacio de participación, propiciar el reconocimiento de la existencia de población afro en todos los países de la región, e impulsar las demandas para la inclusión y la erradicación del racismo.

La Conferencia Preparatoria en las Américas (Chile 2000) jugó un papel trascendental en la ruta hacia el reconocimiento de las personas y pueblos afrodescendientes y la agenda para su implementación. La frase del líder afro uruguayo Romero Rodríguez al concluir la Conferencia de Santiago, “Entramos negros y salimos Afrodescendientes”, recoge el significado de lo ahí acaecido. El reconocimiento de nuestras poblaciones y la adopción de la categoría afrodescendiente fue el resultado de un arduo proceso político por las organizaciones afro latinoamericanas y caribeñas que continua hasta nuestros días. 

A partir de la aprobación de los planes de acción de las conferencias de Santiago y Durban, el movimiento afrodescendiente ha impulsado múltiples iniciativas para combatir el racismo y lograr la inclusión de nuestra población. Entre ellas destacamos la aprobación por la ONU del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) y el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes (2021) y por la OEA del Plan del Decenio de los y las Afrodescendientes en Las Américas (2016-2025). El Foro Permanente, que brinda asesoramiento al Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General y otros órganos de las Naciones Unidas, tiene la responsabilidad de abordar los desafíos derivados del racismo en todas sus manifestaciones y ha priorizado en la adopción de la Declaración Internacional sobre los Derechos Humanos de los Afrodescendientes, la demanda por las reparaciones, y atender la cuestión de la crisis de Haití. 

Otros logros resultantes de estos procesos son la incorporación de la pregunta sobre afrodescendientes en todos los censos de la región, la aprobación de medidas contra el discrimen racial y la creación de organismos públicos con la responsabilidad primaria de implementar la agenda de inclusión afrodescendiente, y el reconocimiento de poblaciones afrodescendientes y sus derechos en Chile y México. Reconocemos además la irrupción en la esfera política siendo la elección de dos distinguidas lideresas del movimiento afro latinoamericano, Epsy Campbell y Francia Márquez como vicepresidentas de Costa Rica y Colombia respectivamente. En la región Caribe las luchas contra el racismo han impulsado dos demandas primarias: las reparaciones por los daños de la esclavitud por los poderes imperialistas y las empresas que se lucraron de la mano de obra esclavizada, y la descolonización plena de las repúblicas que existen bajo el manto de las monarquías europeas. Países como Barbados, Jamaica y San Vicente están reabriendo nuestro entendimiento de los procesos descolonizadores, planteando que esas repúblicas tienen aun un camino por recorrer hacia la plena independencia y autonomía.

RETOS EN PUERTO RICO

¿Cuáles retos enfrentamos en Puerto Rico para alcanzar la equidad racial? En primer lugar, tenemos que reconocer que el racismo es parte esencial de los procesos de colonización y que su plena erradicación requiere un proceso de descolonización amplio.

En segundo lugar, tenemos que reconocernos como afrodescendientes y reclamar el fin a todas las formas de discriminación racial. Otros retos importantes son integrar la erradicación de brechas raciales en los campos de educación, salud, trabajo y vivienda, garantizar el acceso a la justicia, abolir el perfilamiento racista en los sistemas de justicia, terminar la violencia policiaca, combatir la xenofobia y garantizar los derechos humanos de las personas inmigrantes, y promover el reconocimiento de las contribuciones de las culturas africanas y afrodescendientes en la construcción de la puertorriqueñidad. El listado es mucho más extenso, pero estamos dando los primeros pasos; la tarea es continuar en el camino hacia la equidad racial.

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