Diversas organizaciones – públicas y privadas – van hasta el tribunal en apoyo a la posición del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), de publicar la lista de beneficiarios de decretos bajo las leyes 20 y 22, acción que ha sido objetada en una demanda por la Puerto Rico Privacy Association, Inc. (PRPA), quienes alegan esa acción viola la privacidad de sus miembros.

El Departamento de Justicia, quien representa a las partes demandadas—el DDEC y el Departamento de Hacienda—indicó en vista celebrada por el juez Anthony Cuevas Ramos, de la sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal de San Juan, que la publicación de la información relacionada con los decretos contributivos otorgados se hace conforme al mandato de la Ley 60 de 2019 (conocida como el nuevo Código de Incentivos de Puerto Rico).

Según el reclamo de las organizaciones que buscan transparencias, contrario a lo que argumentan los demandantes, la información que se publica no es de carácter confidencial, personal o financiera.  Por su parte, tres abogados del bufete Block Legal, representantes de PRPA, presentaron su oposición a la desestimación insistiendo en la publicación de la información viola la intimidad de los que reciben los decretos y menoscaba la relación contractual de éstos con el gobierno.

Una de las organizaciones que se unieron al reclamo fue Espacios Abiertos, quienes cuestionaron la legitimación activa de la asociación que radicó la demanda a la vez que se unió a los argumentos que presentó el DDEC favoreciendo la desestimación.

Desde el año 2017, Espacios Abiertos ha abogado por la divulgación en Puerto Rico de información relacionada con las concesiones contributivas, tal como se hace en los Estados Unidos y en muchos otros países del mundo desde la década de 1970, indicó la directora ejecutiva de EA, Cecille Blondet.

“Nuestro pueblo debe tener acceso a conocer el uso que se le da a cada centavo de dinero público, eso incluye conocer quién lo recibe y a título de qué lo recibe.  Esto aplica de la misma manera a los privilegios contributivos.  El dinero que se deja de ingresar al erario por estas concesiones es también un gasto público, por el cual tanto el gobierno como los que reciben estas concesiones tienen que rendir cuentas”, explicó Blondet.  “Sin información clara y precisa no podemos evaluar el retorno de la inversión de esas concesiones y constatar si el beneficio social anhelado se ha logrado.  En momentos de crisis, donde se imponen medidas de austeridad y se recortan servicios a la población, el país no puede seguir a ciegas en temas fiscales y presupuestarios. Cada dólar cuenta y saber es nuestro derecho”, resaltó.

Los beneficios de la Ley 20 y 22 están relacionado a gastos fiscales o tributarios, por lo que todas las exclusiones, deducciones, exenciones y créditos contributivos, entre otros, que el gobierno da a diferentes tipos de contribuyentes: individuos, empresas, industrias e instituciones sin fines de lucro, deben ser públicas, expuso Espacios Abiertos.

“La divulgación que hacen Hacienda y el DDEC es una reciente e histórica. Un paso de avance hacia mayor transparencia, algo que hay que reconocer y proteger”, indicó Blondet. A la vez que señaló que existen plataformas como el Subsidy-tracker de Good Jobs First que recopilan y hacen fácilmente accesible la información que divulgan las distintas jurisdicciones de los EEUU.

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