Ante el agravamiento de condiciones climáticas y económicas, Selectos promovió un proceso de consenso multisectorial y un acuerdo colaborativo para encaminar medidas que propulsen la seguridad alimentaria en Puerto Rico y potenciar la agricultura sostenible.

El acuerdo colaborativo firmado por varias entidades acoge recomendaciones presentadas en la investigación del economista Julio César Hernández: “Evaluación del estado actual y el potencial de la seguridad alimentaria de Puerto Rico”.

La directora ejecutiva de Selectos, Mayreg Rodríguez explicó que la investigación pretende ofrecer a la industria de alimentos, entes gubernamentales y al país, una perspectiva sobre los factores que inciden en el tema de la seguridad alimentaria y promover alternativas para alcanzarla.

“Durante años, organizaciones internacionales y especialistas locales han traído a la atención la urgencia de atender la seguridad alimentaria como un asunto de derechos humanos. Las más recientes crisis que ha enfrentado Puerto Rico, en el ámbito climático y económico y las repercusiones que han tenido en el país situaciones como la pandemia y el conflicto ruso ucraniano reclaman que los sectores implicados en este tema nos movamos a la acción”, expresó Rodríguez.

La investigación, comisionada por Selectos y presentada en su vigésima novena convención anual, abordó aspectos medulares como la necesidad de actualizar las estadísticas agrícolas, un reenfoque en los programas de incentivos de este sector, la eliminación de las leyes de cabotaje y cambios al Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

El economista Hernández indicó que es imperativo actualizar los datos sobre la inseguridad alimentaria y las estadísticas de la producción agrícola en el país, que no se revisan desde el 2015. Para lograr una seguridad alimentaria, se debe al mismo tiempo trabajar en medidas que encaminen una agricultura sostenible, comentó, por su parte, Rodríguez.

Por esa razón, entre las recomendaciones, Hernández propuso que se otorguen incentivos contributivos a la productividad de las tierras y acciones que desalienten la improductividad. Hernández sugirió la creación de programas para la siembra en espacios cerrados a nivel comercial y el desarrollo de varios programas para fomentar la pesca comercial. Señaló que el gobierno federal debe derogar las leyes de cabotaje que encarecen excesivamente el consumo en la isla. Este ha sido un reclamo unísono de la industria de alimentos.

Asimismo, ante la disparidad de salarios que existe entre Estados Unidos y Puerto Rico, el economista sostuvo que debe ampliarse la participación en el programa del PAN para familias que tengan un ingreso menor al 150% del índice de pobreza. Según la Encuesta de la Comunidad del 2022, la mediana de salarios en Puerto Rico ($17,798) en el 2021 fue 56% menor que la de los Estados Unidos ($40,310).

Firma de acuerdo colaborativo

El acuerdo colaborativo fue firmado inicialmente por el presidente de la Junta de Directores de Supermercados Selectos, Ariel Torres; el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Cordero; el presidente y principal oficial ejecutivo de United Way Puerto Rico, Samuel González y el presidente Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez.

“Toda mi vida he creído en la necesidad de potenciar la agricultura para alcanzar la seguridad alimentaria. Esa es una aspiración que debemos acoger de forma prioritaria todos en el país por el bien de nuestra población”, afirmó Torres.

Mencionó que en las próximas semanas continuará el proceso de diálogo con representantes de múltiples entidades para potenciar el alcance del acuerdo a nivel multisectorial.

El acuerdo establece el compromiso de fomentar en Puerto Rico los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, medidas que ayuden a detener la pérdida de terrenos agrícolas, replicar programas exitosos de agricultura en las escuelas, revisar la Ley Contributiva para que estimule la producción de las tierras y desalentar la improductividad, el programa de incentivos agrícolas para incluir espacios de invernaderos cerrados a nivel comercial con el Colegio de Ciencias Agrícolas y crear preferencia de los parques industriales de PRIDCO para actividad agrícola diversificada. Además, busca promover cambios en la política pública para que la Autoridad de Tierras permita arriendos menores a 15 cuerdas por agricultor, fomentar cambios en la política pública para incentivar la diversificación de cultivos en lugar de incentivar los monocultivos y el aumento del número de empleados agrícolas, entre otras. Igualmente, el acuerdo busca que se negocie con el gobierno federal la excepción de la inmigración de los trabajadores de Latinoamérica y hacer un frente común para el establecimiento del programa SNAP en PR con excepciones, entre otras.

En el evento estuvieron presentes representantes del gobierno, líderes legislativos y miembros de la industria de alimentos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Nutrición (FAO) define la seguridad alimentaria como la condición en la que las personas tienen acceso constante físico, económico y social a alimentos que satisfagan sus necesidades nutricionales, y que les permita llevar una vida activa y saludable.

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