El Gobierno de Puerto Rico se encuentra promoviendo el P del S 1296-23. Se trata de un proyecto de ley cuyo propósito principal es ampliar las facultades de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) para invertir los fondos que aportan las cooperativas de ahorro y crédito del país para el mantenimiento del sistema de seguro sobre las cuentas de depósitos y acciones de sus ahorristas. Y, como en tantas otras ocasiones, se utilizan distintas estrategias mediáticas para hacer lucir como beneficioso para el cooperativismo acciones gubernamentales que atentan contra su naturaleza democrática no lucrativa.

Para entender de lo que se trata, de entrada, cabe reconocer que la COSSEC es una agencia gubernamental cuyas operaciones no se sufragan con fondos públicos, sino que se solventa exclusivamente con fondos aportados por las cooperativas de ahorro y crédito aseguradas. Igualmente, los fondos del seguro de depósitos salen de las aportaciones anuales que pagan las cooperativas, sin que el gobierno aporte un solo centavo. De tal modo, tenemos que las cooperativas puertorriqueñas pagan con el dinero de los sectores más pobres del país por el financiamiento de una agencia gubernamental cuya Dirección Ejecutiva es nombrada por el Gobernador y que responde a la agenda ocasional del partido de gobierno. Y es que, aunque teóricamente la COSSEC es dirigida por una Junta Directiva que cuenta con participación equitativa gubernamental y de representantes del sector cooperativista, la realidad es que el control efectivo sobre sus operaciones lo ejerce el gobierno que preside su Junta y controla su Dirección Ejecutiva. Ello, sin hablar de las presiones que ejerce sobre muchos “representantes” del cooperativismo, entre los cuales siempre el termina sometiendo a aquellos elementos más leales a sus afiliaciones político-partidistas que al cooperativismo.

Y no se trata de asuntos de poca monta, porque la COSSEC se nutre anualmente de unos $24 millones en aportaciones de las cooperativas de los cuales más de la mitad ($13 millones) los gasta en mantener sus operaciones, administrando una cartera de inversiones de fondos aportados por las cooperativas de sobre $325 millones. Se trata de muchísimo dinero para nutrir contratos y puestos de trabajo entre allegados y correligionarios, muchos de los cuales, sobre cooperativismo, no conocen ni cómo se deletrea.

No olvidemos que tan pronto el Lcdo. Pedro Pierluissi asumió la jefatura del gobierno, nombró a dirigir a la COSSEC a una destacada activista del PNP, Sra. Mabel Jiménez, procediendo a desbancar a un director ejecutivo que contaba con el apoyo del movimiento cooperativista. Cabe recordar que en un principio la Sra. Jiménez no contó con los votos en la Junta Rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP) por faltarle el voto del Instituto de Cooperativismo de la UPR (ICOOP). Entonces la administración gubernamental pretendió mantenerla en un interinato permanente, proceder que fuera decretado como ilícito por los tribunales, a instancia de la Liga de Cooperativas. Pero tanto era el interés de hacerse con el control de la COSSEC, que entonces el Gobernador volvió a someter el nombramiento, pero garantizando en esta ocasión que el voto del ICOOP en la Junta Rectora de la CDCOOP fuera ejercido por una correligionaria estadista. Así fue como la entonces Decana de Ciencias Sociales (“casualmente” hoy Rectora), Dra. Angie Varela, asumió ella la dirección del ICOOP a los fines de acudir a votar a favor de la referida renominada, en contra de la posición unánime de la facultad del Instituto.

Por eso, no sorprende que la agenda principal de la presente Directora de la COSSEC no fuera estuviera alineada con los mejores intereses del cooperativismo. Muestra de ello es el forzado cierre y fusiones de cooperativas sin proveer una verdadera oportunidad de participar a sus miembros, muchas de las cuales eran perfectamente viables y rehabilitables. Igualmente, el presionar a las cooperativas para que financien grandes emprendimientos capitalistas, como lo fue la creación de un pote entre 16 cooperativas para efectuar un préstamo comercial al Hotel el Conquistador de $20 millones. Cómo se pudo aprobar ese préstamo a pesar de las restricciones sobre préstamos comerciales contenidas en la Ley 255 de 2002 que rige a las cooperativas de ahorro y crédito, parece no importar a nadie. ¡Lo importante es que el cooperativismo ha inaugurado una nueva etapa de promotor directo de la economía [capitalista] en Puerto Rico! Como si las experiencias pasadas en las que algunas cooperativas indebidamente financiaron a desarrolladores privados cuyos accesos a la banca comercial estaban cerrados, no hubieran tenido resultados desastrosos.

Tales medidas, para quienes no conocen de cooperativismo, pudieran parecer razonables. El problema es que el cooperativismo es parte de un sector económico conocido como de la Economía Social que se organiza en función de promover objetivos muy distintos a los que promueve el sector capitalista de la economía. El cooperativismo no opera para proveer rendimientos especulativos al capital, sino para satisfacer necesidades colectivas de su comunidad de socias, procurando garantizar una distribución equitativa de las riquezas. Tampoco el cooperativismo promueve la concentración empresarial característica del capitalismo, sino que apuesta por la multiplicación de emprendimientos empresariales directamente vinculados y democráticamente controlados por sus comunidades. Cuando reconozcamos esa realidad de que el cooperativismo es un modelo empresarial cuyo propósito es satisfacer sin ánimo lucrativo las necesidades de sus propias socias (no de terceros ajenos a las cooperativas); podremos entender cómo las referidas acciones de la COSSEC abonan a desnaturalizar la esencia cooperativa. Particularmente con relación al cooperativismo de ahorro y crédito, su evolución ha sido en función de permitir la acumulación del dinero de los sectores menos pudientes de la población para promover el desarrollo económico de sus comunidades por sí mismas, a través de emprendimientos democráticos. Tomar el dinero de los pobres para financiar los emprendimientos de los ricos, hasta muy recientemente había sido un modo de operar característico de la banca capitalista, pero nunca del cooperativismo. Lamentablemente son muy pocos los cooperativistas que se han atrevido a alzar su voz contra estas tendencias desnaturalizantes, frente al apabullante y vergonzoso chijí-chijá de un movimiento que parece haber perdido su brújula.

En ese contexto es que debemos analizar la nueva intentona de parte del gobierno de flexibilizar la utilización por la dirección ejecutiva de COSSEC del dinero del pueblo cooperativista. Se trata de concederle mayor libertad a la persona que ocupe el cargo de arriesgar los fondos institucionales siendo capaz de realizar distintos tipos de inversiones que hoy se encuentran prohibidas, y ni siquiera en función de fortalecer el sector solidario de la economía, sino el sector capitalista. Particularmente preocupante es la propuesta de autorizar la inversión de hasta un 25% de sus recursos disponibles en acciones o valores que representen un interés patrimonial para empresas o entidades que no están relacionadas con las cooperativas; así como en instrumentos de deuda tanto del sector privado como de las agencias e instrumentalidades del Estado. Se trata de una política pública de corte neoliberal que permitirá que sean los pobres y la clase media quienes financien la riqueza privada y los despilfarros a los que nos tienen acostumbrados las distintas administraciones de turno. A ello se suman las iniciativas tendientes a limitar aún más la participación del movimiento en su cuerpo directivo, la cual actualmente ya es ejercida con frustrante complacencia por varias de las personas seleccionadas. Pareciera que el Gobierno entiende que además de su orientación ideológica, el movimiento cooperativo puertorriqueño también ha perdido la memoria respecto de las consecuencias de ceder ante las presiones de las distintas administraciones gubernamentales, como fue el nefasto precedente de la atosigada venta de los bonos del Gobierno por la administración Fortuño, con las consabidas pérdidas ocasionadas.

Por eso la ruta tiene que ser otra. El cooperativismo debe procurar cambios en las leyes que fortalezcan al cooperativismo como parte del sector de la economía social no capitalista, su independencia frente al Estado y su mayor vinculación con las comunidades de sus socias en la gestación de emprendimientos democráticos. Debiera procurar que la administración del seguro de los depositantes sea ejercitada por una entidad 100% cooperativa, lo cual no niega que el Estado retenga funciones de supervisión y fiscalización, pero no de administración de los activos del movimiento. Seguramente de ese modo serían administrados de manera más eficiente y más segura.

Capacidad de sobra existe dentro del cooperativismo puertorriqueño para poder planteárselo. Lo que parece faltar es visión, voluntad y valentía.

Sobre Rubén Colón Morales

Es abogado, graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de maestría de la Universidad de Harvard. Fue oficial jurídico en el Tribunal Supremo en los años 90. Ha impartido