Posterior a la firma del nuevo Código Civil por parte de la gobernadora, Wanda

Vázquez, la organización Amigxs del Movimiento Ambiental Revolucionario (MAR) expresó su rechazo a la aprobación del proyecto y denunció partes de la legislación que serían perjudiciales para el medio ambiente.

“Estamos en contra de este Código, sobre todo por el proceso tan atropellado y el contexto de pandemia en el cual se aprueba. En cuanto a las disposiciones ambientales, como lo son los temas de los bienes de dominio público, el lenguaje del Código es muy ambiguo y no representa la importancia de la protección natural necesaria”, explicó Vanessa Uriarte, presidenta de Amigxs del M.A.R.

El nuevo Código Civil abre la puerta a que se puedan privatizar los ríos, arroyos y acuíferos, ya que elimina el artículo en el que se definían estos recursos como bienes de dominio público.

Hasta el aire podría ser privatizado. Amigxs del M.A.R. destaca que el Artículo 747, establece que el aire, a pesar de ser un bien común, puede ser adquirido, por lo que si una casa o empresa se sirve del aire para generar energía, ningún colindante o vecino podría sembrar arboles o levantar una construcción si afectara la corriente de aire para quienes se sirven de ésta.

“Entendemos que, si bien las servidumbres de energía solar y eólica podrían ser positivas para algunas comunidades, la disposición legal establecida busca adelantar los intereses de las grandes corporaciones de energía, lo que a su vez podría acarrear consecuencias nocivas tanto ambientales como de expropiación forzosa de comunidades”, añadió Uriarte.

Además, la organización menciona que el Artículo 803 del Código establece que una persona dueña de un predio podría llevar a cabo “obras defensivas” para desviar el agua que afecta su predio, sin que estas obras causen daño a terceros. Amigxs del M.A.R. explica que esto puede comprometer la calidad ambiental, ya que se podrían efectuar estas obras sin estudios ambientales ni mayores requisitos.

“En cuanto al mar y la playa, el Artículo 754 establece que los derechos sobre los objetos arrojados al mar se determinarán por legislación especial sobre la materia, lo cual nos levanta la preocupación de que se promueva legislación que permita lanzar desperdicios a las playas, así como se ha propuesto anteriormente en la legislatura”, puntualizó Uriarte.

Finalmente, la organización hace hincapié en que el Código Civil debe atemperarse a nuestra realidad actual y a su vez velar por los derechos humanos y ambientales.

Sobre José Samuel Coss Charriez