El Plan de Ajuste Fiscal presentado por el Gobierno es mayormente una receta tradicional de austeridad que no va dirigida a lograr crecimiento económico y  al pasarse en el balance de sus propuestas, no es adecuado para  superar la crisis fiscal y económica de Puerto Rico.  Ese es el saldo del análisis que hizo el portavoz de política pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), el economista Sergio Marxuach, sobre la propuesta gubernamental presentada a principios de este mes por el gobernador Alejandro García Padilla. Marxuach también sostuvo que los recortes de gastos en educación, principalmente la propuesta de recortar en una tercera parte el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en un plazo de cinco años,  “va a afectar negativamente la capacidad de Puerto Rico de crecer en el futuro”.

El componente de reforma laboral dentro del Plan, según el CNE, tiene más desincentivos que incentivos para lograr un aumento en la fuerza laboral formal y  fomentaría que más estudiantes y jóvenes opten por trasladarse a Estados Unidos o mantenerse en la economía informal.

Tomando como referencia los hallazgos de un estudio de la economista Carmen Reynhart, de la Universidad de Harvard, Marxuach sostuvo que para poder superar la crisis y encaminarse hacia el crecimiento económico, Puerto Rico tendría que lograr, en una negociación con sus acreedores, un alivio de al menos entre 15% a 25% del balance de su deuda de $72,000 millones.

Los alivios “blandos” que solo consisten en extensiones y moratorias de pago no han sido suficientes para sacar de la crisis a los países que han perdido la capacidad de pagar sus deudas, sostuvo. Por tanto, la negociación que implique un recorte sustancial del balance adeudado sería indispensable, basado en las experiencias de deudores en crisis durante la Gran Depresión de los años 30 y de casos más recientes de los pasados 35 años.

La encrucijada esencial se da entre dejar de hacer el pago de la deuda de Obligaciones Generales (GOs) del Gobierno, la que tiene garantía constitucional como prioritaria, por $331.6 millones, que vence el 1 de enero de 2016 o no pagar  los salarios de un número sustancial de empleados públicos en diciembre, explicó.

“Si se cumple este escenario de Conway Mckenzie, hay un riesgo significativo de que se tenga que cerrar una parte del gobierno, lo que se considera empleados no esenciales, antes del final de 2015”, sostuvo el economista.

La gente primero

Marxuach expuso que en ese punto ya será una decisión de política pública y no estrictamente financiera la que tendrá que tomar el gobernador. “Mi ‘bias’ (sesgo) personal es poner a la gente primero que los acreedores, aun con las consecuencias de un impago de GOs porque eventualmente vamos a tener que renegociar”, sostuvo.

No obstante, sobre este punto el economista planteó argumentos a favor de ambas opciones al decir que posiblemente “no le quede otra” al Gobierno que decretar el cierre parcial y hacer el pago de las Obligaciones Generales del 1 de enero “porque si te vas al impago directamente en los GOs, cierras, de entrada, la posibilidad de negociar de buena fe con cualquier otro bonista”.

Los escenarios alternos a esta disyuntiva, que podrían dar liquidez al gobierno,  serían que aparezca un asegurador de bonos dispuesto a hacer un préstamo de emergencia (para evitar tener que responder por un impago a los bonistas) o que se imponga de inmediato aumento “brutal” al IVU. También, mencionó  la opción de hacer parte del pago de $331.6 millones del 1 de enero y hacer el cierre de gobierno lo más limitado posible, aunque sería un impago de la deuda de todas maneras, recalcó.

La austeridad tipo Grecia es un error

Según el CNE, el Plan de Ajuste Fiscal, que toma mucho del informe Kreugger, es esencialmente un programa clásico de austeridad del Fondo Monetario Internacional (FMI). Marxuach observa que el propio FMI, “que no es Podemos de España, sino una organización bien conservadora, ha admitido que se cometió un error grande en Grecia al subestimar el efecto negativo que iba a tener en la economía el recortar los gastos del gobierno y aumentar los impuestos”.

“Tienes dos impactos negativos a la economía; primero el gobierno recorta gastos directamente y segundo, al reducir el poder adquisitivo de los empleados, se reduce el consumo y el impacto negativo fue mucho mayor a lo que el FMI estimó. Entonces, me preocupa que ese tipo de análisis no se haga en Puerto Rico; no sé si lo hicieron francamente, pero lo traigo a la mesa porque hemos visto esta película ya en varios países”, planteó el director de política pública del CNE.

De acuerdo a Marxuach las recetas de austeridad solo han funcionado en los casos de países que tienen un alto índice de inflación, superior al 100%, pero ese no es el caso nuestro.

Por otra parte, el CNE planteó una situación contradictoria en torno a la propuesta de nombrar una Junta de Control Fiscal que supervise todo el proceso. Marxuach sostuvo que en las jurisdicciones de Estados Unidos en que ha resultado, la Junta ha sido impuesta por una autoridad jerárquica mayor, sea el estado imponiéndola a una ciudad (Baltimore, Nueva York) o el congreso a un territorio (Washington D.C.). Sin embargo, tanto Marxuach como el fundador del CNE, Miguel Soto Class, plantearon que no sería aceptable que el Congreso le impusiera la Junta a Puerto Rico.

“Hay que trazar una línea. Hay cosas que un país no va a rendir, sea cual sea el posible beneficio que pueda venir y creo que esta es una de ellas. Creo que aquí lo que se perdería es más de lo que ganamos”, sostuvo Soto Class.

Recorte a UPR: condena a la mediocridad y estancamiento

El CNE considera que un recorte de $500 millones en el presupuesto consolidado de unos $1,500 millones de la UPR es adverso para el crecimiento y el futuro del país. “En la medida en que recortes la fuente de creación e investigación de Puerto Rico por una tercera parte, te va a impactar necesariamente el crecimiento de tu productividad porque no vas a estar fomentando lo que debes fomentar, que es precisamente la investigación y desarrollo”, dijo Marxuach, quien agregó que esto “condenaría a Puerto Rico a seguir por la misma ruita de la mediocridad y el estancamiento”, dijo.

En torno al Departamento de Educación, Marxuach opinó que hay muchos problemas de mala administración, como ilustra el actual caso penal por fraude en tutorías, pero “no veo cómo bajar los sueldos de los maestros va a resultar en una mejor educación para los estudiantes, que es el objetivo”.

Balance negativo en propuestas laborales

Las medidas de reforma laboral que se han propuesto como un incentivo para que se creen más empleos en la economía formal, podrían producir lo contrario ya que chocan los incentivos con otras propuestas que más bien desincentivan la entrada a la fuerza laboral y el balance se inclina a estas últimas, según el economista del CNE.

Entre estas medidas mencionó aquella que permitiría pagar menos del salario mínimo a los empleados de 25 años de edad o menos, extender el período de probatoria de tres meses a un año para  poder ser empleado regular, cambiar las reglas del pago de horas extra para que no aplique por pasar de las 8 horas diarias, entre otras.

“Aquí el problema principal que yo encuentro es que si tomamos como buenos los datos del Departamento del Trabajo de que más del 60% de la población en edad para trabajar no está trabajando en la fuerza laboral formal, tú lo que estás haciendo es desincentivando aún más a la gente para que no entren a la economía formal. Si no están dispuestos a trabajar a $7.25 la hora, por qué estarían dispuestos a trabajar por $5 la hora”, cuestionó Marxuach

Ideas como crear un crédito por salario devengado y buscar que no se pierdan los beneficios sociales como el PAN, de inmediato cuando se entra a ganar cierto nivel de salario, son positivas pero las demás medidas que perjudican a los trabajadores las neutralizan. Al poner a los menores de 25 años a ganar menos del salario mínimo “no van a entrar a la fuerza laboral formal  y los jóvenes que puedan se van a montar en un avión y se van”, sostuvo.

Asimismo, planteó que la propuesta de extender la vigencia de la ley 66, que congela los convenios colectivos y los salarios de los empleados públicos hasta 2021 no es otra cosa que reducir el salario a los empleados del gobierno porque los precios van a seguir subiendo y el poder adquisitivo real será menor.

“Kruegger está apostando a una devaluación interna al congelar y bajar salarios, y eso no ha funcionado en la mayoría de los países en donde se ha tratado, de hecho lo que ha hecho es empobrecer a la población. Mucha gente dice que en España funcionó, pero habría que definir eso de funcionar porque el desempleo en España ahora es de 22%”, dijo Marxuach.

El economista opinó que “para muchos patronos el costo de la energía y los problemas para sacar permisos y licencias” son más importantes en términos de lograr un impacto real en la economía.

Sobre Eugenio Hopgood Dávila