“A propósito, con conocimiento e intencionalmente, interrumpió el funcionamiento del servicio esencial de transporte público…”.

Así lee parte de las denuncias hechas por la Policía de Puerto Rico contra María García Hiraldo e Immanuel Ramos Pérez luego de ser arrestados en el transcurso de la manifestación llevada acabo en Culebra el pasado 27 de marzo del 2021. Los hechos los sabemos: en la mañana del 27 las y los culebrenses se tiraron al mar, frenando la entrada de la barcaza Julia Leigh, como protesta ante las fallas crasas en el transporte marítimo hacia la isla. La situación no es nueva, ya previamente se han manifestado en múltiples ocasiones en Isabela Segunda, Fortaleza, Capitolio y frente a la Administración de Transporte Marítimo (ATM) exigiendo que se atienda la situación. A su vez, han surgido múltiples reportajes que atestiguan las carencias diarias que sufren nuestros hermanos y hermanas en las islas municipios. Falta de atención médica, falta de gasolina, de víveres y del transporte necesario para conseguirlos. Horas largas de espera, trasnochadas en los puertos y días varados son la norma para quienes, al igual que nosotros, vivimos en el mismo país y pagan los mismos impuestos.

¿Cuál ha sido la respuesta histórica gubernamental? Ninguna. La ATM es un reflejo más de las estructuras huecas que existen en el país y que se hacen pasar por garantes de servicios públicos. ¿Cuál fue la última noticia de índole nacional que envolvió la ATM? La renuncia del ahora exsecretario Juan Maldonado tras reservar la lancha para realizar una boda en Vieques. Entre escándalo y escándalo, ahí está, aunque nadie se vuelque para verlo, el sufrimiento en silencio de quienes se les niegan derechos básicos y humanos. El clamor de los pueblos de Vieques y Culebra es un reflejo magnificado del clamor de nuestro pueblo en general: basta ya de sufrir en silencio la falta de servicios básicos a nombre de una deuda que no es nuestra. Es por ello que resulta un acto cínico de “justicia” el que se le acuse a dos culebrenses de “interrupción de servicios esenciales” cuando quienes sentaron las bases para la debacle en la ATM, y en el país, andan sueltos en total impunidad.

Entonces, ¿a quién se debe acusar por la interrupción de servicios esenciales? ¿A quienes la frustración y el coraje les empujan al mar a enfrentarse con kayaks a las lanchas de carga y de policía? ¿Vamos a permitir que el gobierno, utilizando un artículo del Código Penal creado para perseguir activistas, continúe forzando el silencio ante el desbarajuste en los servicios públicos? Es así como el cinismo arropa la justicia, quedando irresuelto la situación, perseguidos quienes se alzan en pro de sus derechos e impunes quienes causaron el problema.

Hay quienes se atreven a decir que estas manifestaciones son un autosabotaje sin pies ni cabeza. Lo vociferan desde la comodidad de sus casas, con el tanque de gasolina lleno, un hospital funcional cercano y plena libertad de movimiento. Lo claman mientras planifican su semana santa con la expectativa de un itinerario de lanchas efectivo y eficiente para después olvidarse de lo que se sufre a diario. Luego se sorprenden cuando se tranca el bolo y, por ende, aumenta su incomodidad. El verdadero sabotaje no surge de la acción desesperadas de quienes sufren el mal gobierno sino de la falta de solidaridad y la destrucción sistémica de nuestros servicios esenciales por el bienestar del PNPPD y su claque. Por eso es necesario exigir el fin de la persecución y la redirección de recursos destinados para la deuda en pro de la defensa de nuestros servicios. De lo contrario, serán otros los veranos puertorriqueños ante espectadores sorprendidos.

Sobre Francisco Santiago Cintrón

Natural de Guayama, Puerto Rico, Francisco Andrés Santiago Cintrón cursó estudios de ciencias políticas y relaciones laborales para luego completar estudios en la Escuela de Derecho en la Univers