Para algunos, hacer pública la información de decenas de difuntos fue un acto deshumanizante, que no consideró el sentir de los familiares de las personas fallecidas. Para otros, se trata de un derecho a la información que conviene al público y a la historia.

Al parecer, tras recurrir al tribunal con una petición de mandamus para lograr acceso a los datos del Registro Demográfico, el Centro Periodismo Investigativo (CPI) logró un paso más en la lucha por destapar el intento del gobierno de ocultar información púbica.

La gestión del CPI se da en medio de cuestionamientos ante la incongruencia mostrada por el gobierno en relación a las muertes asociadas por el COVID-19. La información solicitada por el CPI no está protegida por confidencialidad o privilegio alguno, y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información.

Después de evaluar la argumentación de las partes, el tribunal resolvió que la información solicitada por el grupo de periodistas era de carácter público, así que ordenó la entrega íntegra de los documentos solicitados. Como parte de la gestión, el CPI publicó las listas de los fallecimientos lo cual generó profundos debates en medios de comunicación y redes sociales.

Según el profesor de historia Josué Caamaño Dones, el CPI hizo bien en publicar la lista de las personas fallecidas. “A los muertos y muertas hay que ponerles nombre. No son una estadística más o seres condenados al anonimato. Bien por el CPI al publicar la lista de personas fallecidas. Mi abuela, mi hermano y otros familiares que están ahí, al fin fueron apalabrados”, expuso el investigador en su cuenta de Facebook. El comentario desató un debate de alto interés entre quienes se oponen a la divulgación y quienes la favorecen.

Caamaño, quien también es investigador del Centro de Investigaciones Histórica de la Universidad de Puerto Rico, señala que la información que reseñó el CPI es totalmente pública y que la misma aparece disponible en varias plataformas en el internet. El también decano del Centro de Estudios Avanzados de Puerto y el Caribe señaló que este tipo de información es imprescindible para la historia social, la salud y ciencias afines. “¿Cómo podemos hacer historias de vidas sin los nombres de las personas? Esa información también es similar a la que aparece en los registros parroquiales de difuntos que no tienen precio para la investigación. ¿Ahora hay que censurar? Mi apoyo incondicional al documento publicado íntegramente”, señaló Caamaño Dones.

Por su parte, Lydimar Garriga Vidal, quien es trabajadora social, señaló la diferencia entre una información pública y que la misma información se distribuya de forma masiva. Como parte del intercambio en las redes sociales, Lydimar Garriga comentó: “ que sea pública no es lo mismo a que se distribuya masivamente. Tú (Josué Caamaño Dones) serás historiador, pero yo voy a hablar como científica social también. En este país hay muchas familias que no pueden decir que a un familiar lo mataron por razones de seguridad. Eso a mí me toca bien de cerca”.

La profesional del trabajo social mostró preocupación por las causales de muerte, los riesgos emocionales y de seguridad que hay detrás de los múltiples fallecimientos en Puerto Rico.

Los profesionales del trabajo social cuentan con un código de ética que prohíbe la divulgación de información sensitiva de los participantes, posición que se refleja en la argumentación de Garriga Vidal. “Las víctimas de violencia de género”, afirma, “también sufren otros riesgos de seguridad. También los viejos viudos que viven solos y ahí (documentos de personas fallecidas por COVID-19) está su dirección completa para ser blancos de algún fraude o robo. Todo eso ha quedado a la merced de un click del morbo, que no es lo mismo que solicitarlo en una oficina porque vas a hacer una investigación”, señaló la trabajadora social.

Caamaño-Dones difiere de Garriga Vidal señalando el derecho que cobija a la ciudadanía de conocer la información del país y el poder que tendrían los gobiernos escondiendo dicha información.

“Siento diferir. Todas esas razones también las utilizaría el Estado para escudarse y no hacer pública la información que, de hecho, por ley es pública. Lo que pides (en referencia a Garriga Vidal) pasa por enmendar la ley y restringir el acceso a la información pública. Lo que publicó el CPI está totalmente dentro de la ley y así lo dictaminó el tribunal”, añadió el profesor de Historia. “Las razones que alegas son de índole ético y moral, y yo me pregunto quién debe abrogarse el derecho de determinar lo que es ético y moral, y lo que no es… Los intereses públicos y sociales van por encima de los privados y particulares”.

Garriga Vidal reitera que existe  una diferencia fundamental y se ampara en su experiencia profesional en el campo de la conducta humana. “Sí… definitivamente diferimos. A mí el servicio directo me ha enseñado cómo trabajan las intersecciones sociales y ciertamente, muchas decisiones aunque parezcan buenas afectan a los sectores más vulnerables”, concluyó la trabajadora social.

Sin duda este debate queda abierto para dos disciplinas profesionales y necesarias en el país. El trabajo social es una profesión con gran simpatía hacia las personas que sufren las desgracia provocadas por las pésimas decisiones de gobiernos insensibles que responden a los grandes intereses. El dolor y las heridas que genera la pérdida de familiares cercanos merece toda la sensibilidad y solidaridad.

Queda el debate abierto, al igual que queda abierta la herida de las pérdidas de seres queridos. También  queda abierta la obligación de seguir exigiendo que el gobierno atienda nuestras necesidades y  no nos deje morir.

* El autor es dirigente de VAMOS, trabajador social y coordinador editorial de PRTQ.

Sobre Ángel Pérez Soler

Trabajador Social e Historiador