El pasado 8 de junio el juez Carrasquillo Soto dictó sentencia en favor del alcalde Héctor O’Neill. Las comunidades anunciaron más lucha y resistencia a partir de ahora. Este martes de 30 de junio tienen conferencia de prensa.

En los años 60 decenas de familias pobres levantaron una comunidad sobre las aguas del mangle que bordeaba la costa sur de la bahía de San Juan cercana al pueblo de Cataño. Fueron rellenando hasta crear un terreno firme que no existía, tuvieron que enfrentar a la Policía que les destruía las frágiles casuchas y las luchas fueron tan intensas que le llamaron Vietnam como aquel lejano país en el que por esos días muchos jóvenes boricuas iban obligados a matar y morir en una guerra ajena.

Con el tiempo bajaron las casas de los pilotes para hacerlas terreras, sobre el relleno de gomas viejas, paletas, escombros y tierra, llegó la brea, el asfalto y los títulos de propiedad que ratificaron una legalidad ganada con sudor y sangre.

Medio siglo después, el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, se ha empeñado en borrar la comunidad Vietnam del mapa para construir allí el Guaynabo City Waterfront, un desarrollo multimillonario, que incluiría un hotel de lujo, viviendas y áreas recreativas para ricos, mientras expropia a los pobres y relocaliza a algunos en proyectos de pequeños walkups y casas apiñadas en un sector cercano al pueblo de Cataño.

El caso ha tenido un desarrollo tortuoso en los tribunales en donde el Municipio ha atacado la constitucionalidad de las protecciones contra expropiaciones de la Ley de Comunidades Especiales. De prevalecer, pone en riesgo de exterminio a más de 600 comunidades humildes del País. En un revés para O’Neill, el viernes pasado el Tribunal Supremo rehusó certificar ese pleito para verlo directamente y lo dejó en manos del Tribunal de Apelaciones.

PRTQ le cursó llamada a O’Neill a través de su oficial de prensa, Alex Ramos, pero el alcalde no estuvo disponible para entrevista.

El alcalde comenzó la campaña de expropiaciones en Vietnam y en la comunidad de Los Filtros en 2007. En Vietnam, el único sector de Guaynabo que tiene costa, ya ha logrado expropiar a unas 300 familias, cerca de la mitad de la población que tenía la barriada a esa fecha, según los líderes comunitarios.

“De aquí nadie me mueve. Aquí yo crié a mis hijos y aquí voy a pertenecer”, dice Elsa Guzmán Pérez, secretaria de la Junta Comunitaria, mientras acaricia a uno de sus perros boxer en el patio de su casa.

Otros vecinos se hacen eco de las palabras de Elsa. No quieren ver desaparecer su comunidad y entienden que no les conviene ir a vivir a los proyectos de walkups que les ofrece el Municipio, Villa Concepción I y II y un tecero que está en construcción.

“Tengo mi casa, mi patio, esos apartamentos están pared con pared con el vecino. No tienes patio no puedes tener animales ni huertos. Tengo mi rampa para echar mi bote al mar, tengo un criadero de jueyes, tengo de todo, mil metros de terreno título y escritura”, dice Jerry Morales, de 36 años, quien también está activo en la Junta. Los opositores también alegan que han surgido múltiples vicios de construcción en los proyectos de reubicación. “Nosotros rellenamos y rescatamos esto y ahora el alcalde se quiere lucrar”, cuestiona este líder comunitario.

Pero muchas familias han aceptado las ofertas del Municipio de recibir el valor tasado de su predio o ser relocalizados a los nuevos proyectos. No obstante, los líderes comunitarios alegan que el Municipio ha utilizado tácticas opresivas y engañosas, particularmente contra los ancianos.

“Muchas personas mayores fueron engañadas. Llegaban y les decían que firmaran papeles para limpiarles los patios, firmaban y a las varias semanas recibían un cheque. Habían firmado para dejarse expropiar la casa sin darse cuenta. Hay personas ancianas que se deprimieron y hasta murieron algunos por el impacto que les causó esto”, asegura Morales.

Expropiaciones ilegales y batalla en tribunales

El alcalde O’Neill ha encontrado un obstáculo mayor en sus planes para desintegrar comunidades pobres como Vietnam y Los Filtros, entre otras. La Ley 1 de Comunidades Especiales de 2001, según enmendada por la ley 232 de 2004, requiere que se obtenga la aprobación del 75% de los residentes de una Comunidad Especial y se apruebe además una resolución conjunta de la asamblea legislativa que autorice cualquier expropiación en la comunidad.

Ante ese terreno legal pantanoso, O’neill ha utilizado la estrategia de expropiar pero no con la típica modalidad forzosa sino firmando convenios donde el residente accede a ser expropiado. A la vez, en 2007 radicó un pleito de interdicto y sentencia declaratoria contra el Gobierno y la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), solicitando que se anulara la designación de comunidades especiales a los barrios de su municipio así calificados, alegando que no se le consultó a él, de acuerdo a la ley.

Los residentes investigaron y constataron que lo que parecían compraventas por el municipio habían sido expropiaciones, que eran ilegales e intervinieron en el pleito representados por Servicios Legales de Puerto Rico, explicó el organizador comunitario y asesor de la Junta, Michael Fernández.

El tribunal no concedió el interdicto solicitado por el Municipio y en 2008 el juez Carlos Carrasquillo del Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la OCE y de las comunidades.

Pero entonces ocurrió lo insólito. Luego de que Luis Fortuño y el Partido Nuevo Progresista (PNP), del cual O’Neill es un líder influyente, ganaron las elecciones, el Departamento de Justicia cambió de posición, desistió de defender la ley de Comunidades Especiales, le dio la razón al Municipio y le pidió al Tribunal de Apelaciones que revocara la sentencia que había dictado a su favor, explicó la licenciada Verónica García, quien representa a las comunidades junto a su colega Hadassa Santini.

“Nosotros planteamos que el Departamento de Justicia tiene un deber ministerial de defender una ley, no de atacarla, pero el Tribunal de Apelaciones sostuvo que si la propia parte prevaleciente dice que debe revocarse pues la revoca y la devuelve a Primera Instancia para que se celebre un juicio en su fondo”, agregó la abogada.

Debido al nuevo cambio de Gobierno, Justicia regresó a su posición original y el caso se vio en un día de juicio el pasado 18 de marzo. Aun se espera por la resolución del juez.

El segundo caso surgió en 2012 cuando la OCE, ahora Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y Autogetión (OFSA) finalmente radicó un pleito solicitando que se detuviera una de las “expropiaciones consentidas” en Vietnam, alegando que no se cumplió con el requisito del referéndum de la comunidad. El 11 de diciembre pasado el tribunal anuló la expropiación y el Municipio, representado por Roberto Alonso, del bufete Reichard & Escalera, apeló el 16 de marzo argumentando que el requisito del aval de la comunidad es inconstitucional “porque pone en manos de las comunidades especiales y del expropiado el poder de los Municipios Autónomos de realizar expropiaciones en dichas comunidades”. Tres semanas después el Municipio acudió al Tribunal Supremo solicitando que certificara el caso para verlo directamente y el viernes 1 de mayo se notificó un ‘no ha lugar’ a tal recurso por lo que toca resolver al foro apelativo.

A partir de la sentencia de la sala de expropiaciones del Tribunal de Primera Instancia, se le ha puesto un alto, para todo efecto práctico a las expropiaciones porque si la propiedad está en una comunidad especial, la Sala ahora le requiere a cualquier proponente que muestre haber cumplido con el requisito del aval comunitario. “No tengo expectativa de que se pierda ninguno de los dos casos…..no han presentado ningún argumento que me haga dudar de la constitucionalidad de la ley… esto es demasiado importante como para dejarlo perder”, dijo González.

Avanza la autogestión

Mientras la comunidad sigue buscando soluciones para sobrevivir y superarse. El organizador comunitario Michael Fernández y el presidente de la Junta, Alfonso Lugo, explican que han fraguado un plan de desarrollo que incluye educación, energía renovable, infraestructura, turismo que pueda coincidir con la comunidad e infraestructura. “Se buscaron ideas de los residentes, se buscó ayuda de expertos, el plan se presentó y aprobó en asambleas de calles, luego en una asamblea general”, explica Fernández, un joven con experiencia comunitaria internacional quien dirige la entidad sin fines de lucro Caras de las Américas.

“Tenemos planes para hacer un fideicomiso de la Tierra, los titulares conservan sus casas pero hay un terreno que será de todos y así no podrán destruir la comunidad…vamos a organizar, huertos, canchas de baloncesto, casas ecoamigables, estamos trabajando hacia eso”, dice por su parte Lugo. “Mover a una persona mil metros no va a cambiar su vida porque sigue estando marginado, lo sacaron para poner un hotel aquí”, Sin embargo aquí la comunidad se está organizando para mejorarse”, afirma Michael.

Uno de los proyectos más exitosos de la comunidad es Vietnam Estudia, liderado por Fernández, en el que se dan tutorías diarias a unos 30 niños de la comunidad, se proveen meriendas, psicólogos y quiroprácticos.

“Nuestra meta es ampliar para atender a más niños, nosotros no queremos abandonar Vietnam, queremos seguir creciendo aquí porque en Vietnam sí se puede seguir creciendo y nosotros lo vamos a lograr”, dice Marilyn Rolón, una de las voluntarias del proyecto residente hace 42 años en el barrio, con el optimismo de los que levantaron una comunidad entre el fango y el mangle.

Sobre Eugenio Hopgood Dávila