SAN JUAN, 16 de febrero de 2024 – La opinión de personas expertas en la educación pública se suma al reclamo a la Legislatura para que aprueben un proyecto de ley que establece una moratoria de cinco años al establecimiento o expansión de escuelas chárter en Puerto Rico.

Ana María García Blanco, fundadora del Instituto Nueva Escuela (INE) que apoya el sistema público de escuelas Montessori; Eileen V. Segarra Alméstica, Catedrática del Departamento de Economía y Directora del Observatorio de la Educación Pública en Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico; y Janice Petrovich, especialista en filantropía y el tercer sector e investigadora de política educativa, coincidieron en la urgencia de aprobar la Resolución Conjunta del Senado 424, que declara la moratoria a las Escuelas Alianza (chárter).

“La moratoria que propone el magisterio del país a las escuelas “chárter” es necesaria. Ante la situación crítica que atraviesa el Departamento de Educación y las escuelas públicas, sacar del presupuesto del estado para entregarlo a entidades “privadas” agudiza aún más el problema. Darnos cinco años para que con esos fondos que ahora van a las “chárter” se atiendan bien las necesidades de los lugares que sirven la niñez y juventud puede lograr el regreso de esa inversión a la escuela pública y yo digo, que al país.  El presupuesto del DE debe invertirse en el fortalecimiento de la educación pública de forma equitativa y justa, invertir en cada escuela pública y su personal para que sea excelente.  Creo que esta medida que tenemos de frente es una forma concreta de apoyar la escuela pública, que es la espina dorsal de cualquier sociedad y de cualquier economía saludable”, planteó García Blanco, quien ha sido clave en el establecimiento de escuelas Montessori en el sistema de educación pública.

Por su parte, Segarra Alméstica indicó que la moratoria debe aprobarse y cuestionó un reciente estudio a favor de las escuelas chárter que se ha difundido. “Apoyamos la moratoria en la creación de escuelas alianzas. Partir del supuesto de que la proliferación de escuelas chárter es la panacea para los problemas del sistema de educación pública del país no es congruente con la experiencia acumulada en Estados Unidos.   El gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad constitucional de ofrecer una educación adecuada a toda la población y debe responder a esta responsabilidad creando un sistema de educación pública integral de calidad para toda la niñez de Puerto Rico.  En este momento los recursos del sistema público deben concentrarse en responder a las necesidades de sus escuelas públicas y sentar las bases para un sistema participativo que promueva el empoderamiento de las comunidades escolares para lograr las transformaciones necesarias”, argumentó la Directora del Observatorio de Educación Pública.

Sobre el estudio, Segarra Alméstica indicó que  “aunque grupos de abogacía a favor de estas escuelas “chárter”, como el Centro de Estudios sobre Desempeño Educativo, (CREDO por sus siglas en inglés) reclaman un impacto académico positivo, una evaluación cuidadosa de su estudio muestra series deficiencias metodológicas basado en un enfoque no experimental y métodos estadísticos no convencionales.  Además, los efectos encontrados son pequeños en términos estadísticos.  En general, la amplia literatura sobre el tema indica que el desempeño de estas escuelas en el ámbito académico puede ser muy variado.  Los estudios que muestran resultados positivos, los relaciona más a destrezas de lenguaje y menos a destrezas matemáticas.  Sí parece haber un consenso en que las escuelas chárter en EE.UU. no sirven adecuadamente a la población de educación especial. Así lo muestra el mismo informe CREDO”.  

Petrovich planteó cuán desacertado es el apoyo público a las chárter porque “la motivación para establecer escuelas chárter en Puerto Rico se deriva de una falsa premisa de que éstas son mejores que las escuelas públicas.  Desafortunadamente, todas las investigaciones serias que se han hecho a nivel internacional desmienten esto.  Hay escuelas chárter que promueven buen desempeño de sus estudiantes, al igual que hay escuelas públicas que así lo hacen.  También es cierto lo opuesto. 

“El problema adicional que enfrentamos en Puerto Rico es que no se puede generalizar y decir que las escuelas chárter nuestras son mejores porque hay muy poca evaluación de las mismas.  Hace unos días el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico así lo informó: "...las 12 escuelas chárter que operan en Puerto Rico no cuenta con informes ni estadísticas sobre su desempeño…” Lo que genera el movimiento hacia las escuelas chárter no es su éxito  sino la desvalorización de los esfuerzos de instituciones públicas. Mundialmente, las escuelas chárter son parte de los esfuerzos de privatización que en Puerto Rico incluye nuestros muelles, aeropuertos, puentes, playas, hospitales, carreteras, turismo, etc.  La privatización tiene otro motor que no es su rendimiento, sino su supuesto ahorro de fondos públicos. El gobierno, avalado por la Junta de Control Fiscal, opta por disminuir la inversión pública por supuestamente ahorrar dinero.  Esto a pesar de que se devuelve y se malgasta dinero federal para las escuelas. A través del mundo, no tenemos ejemplo alguno donde las escuelas chárter han mejorado la educación en sus países”, añadió Petrovich. 

La investigadora de políticas educativas concluyó que “si es cierto que se quiere mejorar la educación  hay que asegurar que las escuelas públicas ocupen un lugar central en sus comunidades, sacar la política partidista del sistema, fiscalizar el uso de los fondos estatales y federales para atender las necesidades de los estudiantes y los planteles, atajar la corrupción y asegurar que los nombramientos a posiciones de maestros y administradores se base en su mérito”. 

Los grupos que se oponen a las chárter tienen varias críticas fundamentales:  pueden aumentar la segregación en el sistema educativo; el manejo de las listas de espera, requisitos de tiempo voluntario de las familias, o cuotas pueden reducir el acceso a las familias con menos recursos;  así la población más desventajada queda en el sistema público tradicional. También los estudios realizados constatan que la proliferación de escuelas chárter aumentan el costo por estudiante en el sistema público tradicional, especialmente en lugares donde la matrícula general está mermando, como es el caso de Puerto Rico.

 Hace unos días el Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública indicó que el año pasado el gobierno de Puerto Rico les asignó $40 millones a las “chárter” en lugar de invertir esos fondos públicos en mejorar las escuelas públicas. También han denunciado que las chárter discriminan en no aceptar estudiantes de educación especial o en aceptarlos pero no darles los servicios que necesitan. Portavoces de las organizaciones del Junte fueron a las oficinas de los legisladores para exigir la aprobación de la RC del S 424, que se anticipa podría ir a votación en la Legislatura en los próximos días.

Segarra Alméstica añadió que históricamente, los procesos de privatización y de contratación entre sector público y privado en Puerto Rico han sido focos de corrupción.  Manifestó que en la medida que se expandan las contrataciones a este tipo de escuela, sin fiscalización, pueden aumentarse las oportunidades de malversación.

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