El expresidente de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, Roberto Pagán, rechazó la interpretación que hizo la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre la posible ilegalidad de buena parte de la deuda pública y reiteró que “hoy más que nunca urge una auditoría ciudadana independiente que revele las posibles violaciones a la ley cometidas por los gobiernos que arruinaron al país”.

Según Pagán, la Junta declaró “legal” las emisiones de deuda que transgreden la Constitución, porque “su misión es beneficiar a los bonistas aunque eso signifique perjudicar los intereses del pueblo puertorriqueño”.

La JCF alegó ante el Tribunal Federal en Puerto Rico que la Constitución del Estado Libre Asociado permite emitir deuda para fines de financiar el déficit.

El artículo VI, sección 7 de la Constitución del ELA establece que “las asignaciones no podrán exceder de los recursos totales, a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones”.

“El texto de la Constitución es explícito. Pero los hallazgos de posibles ilegalidades revelados por la preauditoría que hizo la Comisión van más allá del asunto estrictamente constitucional”, dijo Pagán.

En junio del año pasado, la Comisión publicó un estudio de las emisiones de deuda pública de Puerto Rico en las que identificó varias gestiones financieras del gobierno que pueden haber violado la Constitución por lo que un tribunal podría decidir que Puerto Rico tomó prestado sin autorización.

El estudio revisó la documentación producida por el Banco Gubernamental de Fomento sobre las dos emisiones más recientes de deuda realizadas bajo la buena fe y crédito del Estado Libre Asociado; siendo estas la oferta de $3,500 millones en bonos de obligaciones generales de 2014 y la emisión de pagarés en anticipación de los impuestos e ingresos, conocido como “TRANS”, de 2015, así como las investigaciones independientes económicas, legales y de contabilidad que sustentaron las emisiones.

Uno de los principales hallazgos fue la identificación de alrededor de $30 mil millones adeudados a préstamos hechos para cuadrar el déficit presupuestario, actividad expresamente prohibida por la Constitución y que, según el estudio, los sucesivos gobiernos han repetido desde la década del ‘80.

Pero el estudio también descubrió que Puerto Rico tiene aproximadamente $38 mil millones en Bonos de Revalorización de Capital (CBAs por sus siglas en inglés) un instrumento inusual mediante el cual quien emite la deuda no paga intereses ni principal hasta que el bono vence, aunque los intereses continúan acumulándose diariamente, lo que se traduce en el pago de intereses usureros de hasta 800%.

“Nos alegra que el representante del gobierno en la JCF, Elías Sánchez, reconozca que hay posibles violaciones a las disposiciones constitucionales, lo que no coincide con la determinación del Gobernador de derogar la ley de auditoria”, añadió Pagán.

Luego de que el gobierno de Ricardo Rosselló derogara la ley que creaba la Comisión de Auditoría, la misma se ha transformado en una entidad independiente que se propone recaudar los fondos necesarios para auditar la deuda y cuenta con el respaldo de sectores académicos, profesionales, sindicales, comunitarios y otros de la sociedad civil.

Destaca también que el estudiantado de los once recintos de la Universidad de Puerto Rico mantiene este reclamo como parte principal de sus demandas para concluir la huelga universitaria que ya dura más de un mes.

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