La Autoridad cuenta también con el poder de aprobar reglamentos para contratos y transacciones y tiene inmunidad.

El 7 de marzo pasado los medios de comunicación anunciaban que la Junta de Control Fiscal estaba convocando una reunión para el lunes 13 de marzo en la cual se habría de  publicar el plan fiscal para Puerto Rico que sería certificado.   Previo a ello, en la mañana del lunes 6 de marzo los medios de comunicación de Puerto Rico anunciaban que a partir de ese día la Junta de Control Fiscal habría de estar reuniéndose en la ciudad de Nueva York con los integrantes de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico  (AAFAF) para discutir los méritos del plan fiscal producido por el Gobierno de Puerto Rico en anticipación a la determinación que habría de hacer la Junta a esos efectos.

La Junta de Control Fiscal es producto de la Ley PROMESA aprobada por el Congreso de los Estados Unidos.  Mientras tanto  la AAFAF fue creada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de conformidad con la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, ley 21 del año 2016.  Es  una corporación pública y entidad gubernamental cuyo propósito es el de actuar de agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, subdivisiones, corporaciones públicas y municipios,  para asistir a tales entidades en confrontar la crisis fiscal y de emergencia económica por la que atraviesa Puerto Rico.  La legislación por virtud de la cual se creó dicha entidad fue objeto de una enmienda a través de la ley 2 el 18 de enero de 2017.  Por virtud de dicha enmienda  de título Ley de la Autoridad de Auditoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico,  se declaró como política pública del Gobierno de Puerto Rico que dicha entidad habría de ser  la corporación pública  y agencia  responsable de coordinar el uso sostenible de recursos y de presentar una visión coordinada y global de las necesidades de capital de las agencias del Gobierno de Puerto Rico. La legislación no solamente le brinda a dicha entidad  el poder de servir de agente fiscal y asesor  financiero de todo el Gobierno de Puerto Rico, pero también cuenta con el poder de crear, ejecutar,  supervisar y fiscalizar cualquier plan fiscal y cualquier presupuesto de Puerto Rico.  Es la entidad a cargo de la supervisión, ejecución y administración del plan fiscal aprobado y certificado a tenor con la ley PROMESA velando porque todo el Gobierno de Puerto Rico cumpla con el plan fiscal según  sea aprobado.  Como parte de ese poder, la entidad tendrá que desarrollar un programa abarcador de auditoría operacional, gerencial y administrativa dirigido a supervisar el cumplimiento de todo el Gobierno  de Puerto Rico con el plan fiscal según sea aprobado.

A esa  entidad no sólo se le transfieren responsabilidades y facultades que antes correspondían al Banco Gubernamental de Fomento.  La ley le confiere el poder como parte de la fiscalización de las operaciones del gobierno  de congelar contratos, reducir gastos de las entidades gubernamentales, prohibir la firma de contratos o transacciones financieras incluyendo subastas a menos que la transacción tenga la aprobación de la entidad, ordenar y llevar a cabo transacciones bancarias a nombre de las correspondientes agencias gubernamentales,  entre otras razones,  para hacer pagos de servicios de la deuda, el nombramiento de un Síndico para aquellas entidades gubernamentales que no estén cumpliendo con la ley y para ordenar a cualquier entidad gubernamental que no cumpla con el plan fiscal aprobado a tenor con la ley PROMESA a corregir deficiencias, restructurar las organizaciones internas, revisar sus procedimientos y normas.  La entidad tiene además el poder de velar por   el uso y distribución de los  recursos del gobierno incluyendo los recursos humanos, y de realizar todos los actos o medidas necesarias o convenientes para llevar a cabo los poderes de supervisar cualquier entidad del gobierno para salvaguardar el cumplimiento con los planes fiscales aprobados de conformidad con la ley PROMESA.

La Autoridad cuenta también con el poder de aprobar reglamentos para contratos y transacciones que se propongan a ser ejecutados por cualquier agencia del gobierno de Puerto Rico,  incluyendo la prohibición de su ejecución, su suspensión o su cancelación si el mismo afecta adversamente el cumplimiento del gobierno de Puerto Rico con el plan fiscal. Esos son algunos de los amplios poderes de AAFAF.

La ley llega al extremo de brindarle inmunidad   a las personas a cargo de  la AAFAF a no ser de que se demuestre que hayan incurrido en negligencia crasa que conlleve una indiferencia temeraria hacia sus deberes.

El sábado, 4 de marzo de 2017 El Nuevo Día hizo un despliegue de primera plana y en sus páginas 4 y 5 en torno a las principales figuras de dicha entidad gubernamental.  Estos son, Gerardo Portella, Director Ejecutivo, Jesús Mattei Pérez, Jefe de Financiamiento Público, Adriana Capacete  Asesora Legal General, Sebastián Torres, Asesor en Asuntos Legales, Alejandro Camporreales, Principal Oficial Operacional, Pedro Soto, Jefe de Estrategia Financiera, Mohammad Yassin, Director de Asuntos Federales, y Gerardo Lorán, Asesor Senior del Director.  El reportaje incluye una pequeña nota biográfica de cada una de dichas personas de las que se desprende que todos son egresados  de la Universidad de Puerto Rico salvo por Gerardo Lorán, de quien no se detalla en qué universidades estudió, y el señor Yassin, quien es egresado de dos prestigiosas universidades de los Estados Unidos, la Universidad de Harvard y la Universidad de Pennsylvania.  Todos los demás también cuentan con un grado académico de universidades de los Estados Unidos, salvo por el Lcdo. Sebastián Torres, quien hizo sus estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico.  Todos cuentan con experiencia de empleo en el sector privado.  En las manos de ellos se encuentran los poderes de la AAFAF. Ese poder  el de hacer uso de la tijera que la Asamblea Legislativa y el Gobernador de Puerto Rico les ha entregado para hacer aquellos recortes en el presupuesto y en los planes de disposición de fondos por el gobierno que no sean afines con el plan fiscal que se apruebe y con la ley PROMESA.

Por parte de la Junta de Control Fiscal, la misma  cuenta con siete miembros, tres de los cuales son norteamericanos y los otros cuatro nacidos en Puerto Rico.  En lo que respecta a los nacidos en Puerto Rico se encuentran  José Carrión III, quien preside la Junta, y es un ejecutivo en el campo de los seguros habiendo cursado sus estudios universitarios en los Estados Unidos.  Los otros tres integrantes son Carlos M.  García, quien también cursó estudios universitarios en los Estados Unidos y es un ejecutivo en la banca y en finanzas, habiendo también trabajado en un momento dado como Presidente y Principal Oficial Ejecutivo del Banco Gubernamental de Puerto Rico del año 2009 al 2011, el Lcdo.  José González quien también cursó sus estudios universitarios en los Estados Unidos y también fue el Principal Oficial Ejecutivo del Banco Gubernamental de Fomento de 1986 a 1989, habiendo también estudiado en los Estados Unidos.  Estos últimos dos   trabajan en la actualidad fuera de Puerto Rico.  Finalmente, Ana Matos Santos, que también hizo sus estudios en los Estados Unidos y desde mediados de la década pasada ha estado trabajando en los Estados Unidos, y en particular en California, es presidente de una empresa de consultoría en el campo de las finanzas. Todos los integrantes de esa Junta, considerando los poderes que tiene la Junta de Control Fiscal y los poderes conferidos a la autoridad, cuentan por disposición de ley, con enormes y prácticamente absolutos poderes sobre el gobierno de Puerto Rico.

Ni los miembros de la Junta de Control Fiscal ni los que dirigen la AAFAF fueron electos por los puertorriqueños.  Los de la Junta de Control Fiscal fueron nombrados por el gobierno de los Estados Unidos, gobierno por cuyos líderes los puertorriqueños nunca han ejercido el derecho de votar.  Ninguno de ellos se ha distinguido por ser servidores públicos o por brindar servicios a los trabajadores o a sectores pobres o necesitados de la población puertorriqueña o por estudiar la realidad socio-económica y política de esa gran masa de la ciudadanía de la Isla. En el caso de los que tienen a su cargo la AAFAF, los puertorriqueños tampoco votaron por ellos.  Claro está, votaron por el actual gobernador que los nombró, y siempre hay quien hace el planteamiento de que indirectamente por virtud de ese nombramiento nos representan.  Pero no olvidemos el hecho de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, ganó las elecciones con mucho menos del 50% de los votos depositados en las urnas.  Por lo tanto, la representatividad de estas personas en lo relativo a todos los puertorriqueños   es cuestionable.

A pesar de ello y partiendo de la buena voluntad de la que uno debiera partir en todas las relaciones sociales, brindemos el beneficio de la duda a todas éstas personas para fines de la premisa de que todos habrán de velar por las necesidades y el bienestar del pueblo  puertorriqueño en general.  Sometamos entonces  esa premisa al escrutinio relativo a la relación de todos ellos con todos los puertorriqueños.

En lo relativo a los integrantes de la Junta de Control Fiscal  la suerte está echada.  Todos los pasos que han dado desde el momento en que fueron nombrados hasta la carta remitida por el presidente de la Junta José Carrión III al Gobernador de Puerto Rico el 9 de marzo de 2017 notificando el rechazo de su  Plan Fiscal y dando al Gobernador 48 horas para someter un Plan nuevo cumpliendo con las directrices provistas por la Junta previamente y otras más severas, revelan que el bienestar de los puertorriqueños no es parte de su agenda.  Los pasos de la  Junta demuestran que  fue creada para reorganizar el gobierno de Puerto Rico de forma tal que su tamaño y costo fuera mucho menor, independientemente del costo socio-económico y político de esas medidas sobre los puertorriqueños.  El plan tras esa reorganización del gobierno  es el de   permitir el pago de la deuda de forma negociada y bajo una nueva estructura de pagos.  Prácticamente todos  los economistas puertorriqueños que han estado dando seguimiento a este drama están de acuerdo con el hecho de que las medidas propuestas por la Junta empobrecerán aún más al país creando graves problemas y serias limitaciones que impedirán el desarrollo económico que la Isla necesita.

Mientras tanto y durante el curso de la semana a partir del lunes 6 de marzo, la prensa del país informó que la directiva de AAFAF, estaría reunida con la Junta y su equipo de trabajo con el propósito de ver de qué forma el Plan Fiscal sometido por el Gobierno a la Junta podría ser aprobado.  A juzgar por la carta de Carrión del 9 de marzo al Gobernador, no tuvieron éxito.  No obstante, nos preguntamos, ante lo informado por la prensa en torno a los que dirigen ahora esa agencia todo poderosa del Gobierno de Puerto Rico en sus esfuerzos por tratar de llegar a un acuerdo con la Junta,  en qué medida han estado  representando a todos los puertorriqueños tomando en cuenta los siguientes sectores de nuestro país,  entre otros, que sin lugar a dudas integran la mayor parte de nuestra población: las personas de edad avanzada que cuentan con una pensión; las personas de edad avanzada que no tienen una pensión posición; personas de edad avanzada que viven solas; personas de edad avanzada que crían nietos; los desempleados que llevan meses por no decir años tratando de conseguir un trabajo en el que se les pague un salario digno y no de hambre; los que apenas han podido conseguir un empleo a tarea parcial; aquellos que han sufrido el drama de un desahucio por no contar con qué pagar el alquiler; los trabajadores del sector público la inmensa  mayoría de los cuales  trabajan con orgullo por un buen gobierno; los que tienen dos y hasta tres empleos a tarea parcial para poder mantener sus familias dignamente; las miles de madres que son jefas de familia criando a solas a sus hijos; los deambulantes; los estudiantes del sistema de educación pública; los universitarios; los adolescentes que ya no están en las escuelas; los que dependen del seguro social; los que no tienen plan médico; los residentes de los residenciales públicos; los residentes de las comunidades especiales; los residentes de comunidades pobres; los dependientes de los cupones de alimentos y las ayudas gubernamentales, ante las dificultades para poder salir de los ciclos de pobreza; los ….todo lo demás.

Del  intercambio de cartas entre el Presidente de la Junta de Control Fiscal y el Gobernador de Puerto Rico y su representante ante la Junta, el Lcdo.  Elías Sánchez Sifontes, durante las últimas semanas,   se desprende que   todo parece indicar que el Gobernador y su administración,  aunque se niega a auditar la deuda pública, está del lado de todos los puertorriqueños.  Se resiste a sacrificar más a los pensionados del gobierno y a los que se benefician del plan de salud del gobierno, aunque su plan está construido sobre las bases de aspiraciones e ilusiones de que vendrá una bonanza económica por las órdenes ejecutivas adoptadas,  leyes aprobadas y porque el gobierno federal nos habrá de ayudar.  Todo está por verse.  El 13 de marzo la Junta de Control Fiscal anunciará cual será su plan y el gobierno de Puerto Rico, en la medida en que no acepte la palabra de la Junta reaccionará.  Los que participan en el debate para dar forma a lo que se conoce como la opinión pública reaccionarán y los puertorriqueños de a pie reaccionarán también, aunque como pasa en muchas sociedades, habrá quienes se cruzarán de brazos o permanecerán en compás de espera.  Pase lo que pase, la hora en la que tendremos que escoger entre el bienestar de nuestro pueblo o la voluntad de un gobierno ajeno a nuestra nación se acerca.  La hora de escoger entre nuestra autodeterminación o seguir viviendo a merced de los intereses políticos, financieros, comerciales e industriales de un país que nunca ha tenido nuestros intereses en mente se acerca.  Y esa será la hora de escoger entre ser yanquis o puertorriqueños, porque a nosotros nos toca velar por nosotros.

Por: Roberto Maldonado Nieves

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