por Eva Prados Rodríguez

La conmemoración este año del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras fue sin lugar a duda una diferente a todas las demás. La crisis de salud pública que enfrentamos por la pandemia del COVID-19 nos ha forzado a quedarnos casi dos meses en nuestras casas, lo que ha provocado un terrible impacto económico-social ante la falta de un plan del gobierno para poder ayudar a los distintos sectores en el proceso, particularmente nuestras poblaciones más vulnerables.

A todo esto se le añade una Junta de Control Fiscal colonial que, en lugar de facilitar la respuesta gubernamental a la crisis humanitaria garantizando el uso eficiente de los fondos, se ha comportado como el típico carcelero, creando más trabas y problemas, y restringiendo a cuenta gota, como castigo, el acceso a los fondos estatales disponibles para ayudar al pueblo en esta emergencia.

No es secreto que vivimos bajo un gobierno corrupto e incapaz de responder al momento histórico que vivimos. Entre otras cosas, ha demostrado ser incapaz de hacer pruebas masivas, incapaz de proveer de forma inmediata alimentos y ayudas económicas para familias y personas desempleadas, incapaz para proveer los equipos de protección necesarios a los trabajadores de servicios esenciales para evitar el contagio, incapaz de tener un sistema confiable de conteo de casos, e incapaz de proteger a nuestra población.

Pero esa realidad tiene más que ver con el pago de la deuda de lo que pensamos. Nuestras agencias han sufrido recortes brutales en sus presupuestos que han hecho casi imposible la respuesta no sólo del COVID, sino al Huracán María y los Terremotos, y todo con el fin de liberar dinero para el pago a bonistas. Como dice el lema: el desastre es más político que natural.

La clase trabajadora, tanto del sector público como del privado, se ha llevado la peor parte de estos recortes y medidas de austeridad. El ataque a sus derechos para continuar el pago de la deuda pública ha sido violento. En el sector público, el gobierno ha implementado cesantías masivas, privación de derechos adquiridos y de los derechos a negociación colectiva y ahora la casi aniquilación a sus sistemas de retiro. En el sector privado, se ha gestado la privación de los derechos más básicos de seguridad de empleo, salarios dignos y protecciones a despidos injustificados.

A eso deben añadirse los recortes en bienes y servicios públicos, así como la eliminación de protecciones sociales y ambientales, la desprotección a la vivienda, y el desmantelamiento de los sistemas de salud, educación, todos los cuales encarecen el costo de vida de las y los trabajadores. Hoy, todos esos derechos se hacen indispensables para la protección de nuestras vidas frente al COVID.

Si triste es esa realidad previa a la pandemia, más lamentable es ver como nuestro pueblo, incluso pasando hambre, muriendo por el COVID-19, continúa maniatado por una Junta de Control Fiscal que sigue priorizando en el pago de la deuda a los bonistas por encima de nuestras vidas.

Hay dinero, es cuestión de cómo priorizar en su uso. Existen más de 8 mil millones de dólares, equivalente al presupuesto anual del E.L.A, en las arcas del gobierno que pudieran ser utilizados para fortalecer la respuesta de nuestro sistema de salud, brindar múltiples ayudas económicas a nuestra gente, comerciantes y trabajadores del sector privado sin tener que esperar un día por el gobierno federal. ¿Qué nos impide utilizar ese dinero? Una Junta de Control Fiscal, que tiene ese dinero secuestrado para el pago de la deuda, y un gobierno que no tiene voluntad para enfrentase a la Junta y proteger a su gente. Por eso, la decisión es más política que legal.

¿Qué podemos hacer? La cancelación de la deuda es el único camino. Pero hace falta voluntad política para hacerlo y esta coyuntura lo permite más que nunca. Todos los países del mundo lo están pidiendo como herramienta para poder recuperarse ante el impacto atroz del COVID-19 en la economía mundial, la cancelación de sus deudas internas y externas. En la pasada década, Puerto Rico ha pasado por tantos golpes y estados de emergencias que es más que válido políticamente y legalmente hablando que se exija la cancelación de la deuda.  Nuestras vidas dependen de ello.

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