La pandemia del COVID-19 no es solo un desastre de la salud. Es un desastre social. Deja al desnudo los males sociales y económicos que ya sufría la mayor parte de la población y que ahora impiden una respuesta adecuada a la pandemia y que agravan sus efectos. Durante años, en Puerto Rico y muchos países se ha seguido una política de privatización de los sistemas de salud. El presupuesto de los servicios y agencias de salud pública se ha reducido. A la misma vez, la salud se administra como un negocio por grandes proveedores y aseguradoras privadas. Esto quiere decir que la ganancia de unos pocos—no la salud del pueblo—se convierte en el criterio determinante.

Desde hace años, expertos han indicado la amenaza de una pandemia como la que vivimos, anticipada por brotes anteriores, como el del SARS en 2003 (también provocado por un coronavirus) y otros eventos similares. Y sus recomendaciones eran claras: estar listos para la detección temprana y el rastreo y equiparse con materiales, recursos e instalaciones para atender una emergencia (desde camas para hospitalización y máscaras N-95 hasta ventiladores y unidades de cuidado intensivo). Sin embargo, en las últimas décadas en Estados Unidos se han reducido tanto el número de camas como el acopio de estos recursos, con el objetivo de aumentar las tasas de utilización de las instalaciones: esto reduce los costos y aumenta las ganancias, pero crea un sistema incapaz de atender emergencias como la pandemia. De igual forma, hemos visto que algunas instalaciones de salud han despedido empleados en medio de la pandemia, debido a la reducción del volumen de visitas. Esto es lo que ocurre cuando el sistema de salud se administra como un negocio, regido por la búsqueda de ganancia a corto plazo, en lugar de planificarse a largo plazo y con la salud del pueblo como criterio fundamental.

La privatización de la salud ha implicado que el seguro de salud de muchas personas dependa de su empleo. Esto hace que la posible pérdida de empleo como consecuencia de la crisis detonada por el COVID-19 tenga un efecto aún más grave, al privarles de seguro médico cuando más lo necesitan. Por otro lado, muchas personas no cualifican para la “reforma de salud”, ni pueden costear un seguro de salud adecuado. Esto les pone en una situación más precaria ante esta pandemia y cualquier evento similar en el futuro.

Desde 2006, en parte para pagar una deuda insostenible, se han impuesto medidas contributivas regresivas (impuestos al consumo) como el IVU que afectan más al que menos tiene. Ante la posible pérdida de empleo e ingreso, se acentúa la dificultad de satisfacer las necesidades básicas.

Desde hace décadas se ha violado el derecho de los trabajadores del sector privado a organizarse sindicalmente. Por tanto, ante el cierre y la posibilidad de reapertura, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras del sector privado no tienen manera de negociar con sus patronos las condiciones de salarios, seguro médico, etc., durante el cierre y las condiciones bajo las cuales se realizará la reapertura.

Desde hace mucho pequeñas y medianas empresas enfrentan la competencia de grandes intereses comerciales que las van desplazando progresivamente. La paralización de la economía amenaza con acentuar ese golpe y aumentar ese proceso de desplazamiento. Muchas pequeñas y medianas empresas están en peligro de desaparición.

En 2017 se aprobó una reforma laboral que aumenta las horas necesarias para acumular licencias por enfermedad y vacaciones, reduce el periodo para hacer reclamos de salario y por despido injustificado, reduce la mesada en caso de despido sin justa causa, amplia las causas para despido justificado, elimina la presunción de despido injustificado, debilita la antigüedad como criterio de retención de empleados. En la situación creada por la pandemia estas medidas facilitan el despido y la injusticia contra empleados y empleadas de mayor antigüedad, entre otras consecuencias.

La política de austeridad, que incluyen la ley 7 de 2009 y la ley 66 de 2014 han reducido críticamente el personal de muchas agencias, que entonces tienen que subcontratar muchas de las tareas que debían realizar empleados públicos. Estos contratos a empresas privadas han fracasado en proveer servicios adecuados y han sido fuente de corrupción. La crisis del COVID-19 ha agravado las consecuencias de estas improvisaciones, lucrativas para unos pocos, como hemos vistos en el caso de la operación de programas del Departamento del Trabajo.

Pero, como indicamos, nada de esto es nuevo, ni la precariedad de las pequeñas empresas, ni las carencias del sistema de salud privatizado, ni la falta de derechos y representación de los trabajadores y trabajadoras del sector privado, ni la insuficiencia de licencias, ni los impuestos al bolsillo del que menos tiene, ni la desigualdad entre las más grandes empresas y el pueblo trabajador. La pandemia del COVID-19 ha acentuado todo esto, pero no lo ha creado.

Un hecho dramático lo demuestra: de la Comisionada Residente en Washington para abajo se está clamando por que abran los comedores escolares señalando que allí muchos niños reciben su única comida adecuada durante el día. Pero esto quiere decir que esos niños y niñas en condiciones “normales” tienen graves carencias nutricionales, es decir, pasan hambre. El COVID-19 ha venido a agravar esta situación escandalosa, pero no la ha creado.

Muchos trabajadores y trabajadoras, profesionales y pequeños empresarios, viven con recursos económicos limitados. Son muchas las deudas y los gastos y la falta de ingresos puede traducirse en la pérdida de viviendas, autos y los pocos ahorros que se hayan podido acumular.

Ante esta situación, los patronos más destacados del país están presionando directamente y a través de los economistas a su servicio (como Gustavo Vélez) para que la “economía” se abra lo antes posible, realizando pruebas rápidas. Todo indica que tal medida sería una sentencia de muerte para miles de personas. Esto no es un caso en que podamos decir “vamos a ver si funciona.” No podemos darnos el lujo de que no funcione. Las vidas que se pierdan no podrán recuperarse. Pero entonces nos dicen: bueno, la única alternativa a la apertura es la miseria y la pobreza.

Es cierto que Puerto Rico saldrá más pobre de esta crisis. La pregunta es: ¿quién cargará con el sacrificio que esto implica? O para decirlo de otro modo: ¿permitiremos que la crisis aumente la desigualdad, la pobreza, la precariedad, los males de la salud privatizada que ya sufríamos o, al contrario, tomaremos medidas para atenuar el golpe a los vulnerables y para encaminarnos a solucionar los problemas que la crisis acentúa, pero que no ha creado? A los sectores patronales que empujan la agenda de apertura rápida poco les importan esos problemas: sus políticas son precisamente las que en tiempos normales golpean a los trabajadores, los profesionales independientes y asalariados, los pequeños comerciantes y que no han sido capaces de generar crecimiento ni empleo.

Muchas son las personas que dicen: no me siento segura regresando al trabajo, pero no me queda más remedio, pues de otro modo perderé el empleo. Ese es el chantaje al que se nos quiere someter.

Ante la agenda patronal que, con la amenaza de la miseria, nos quiere obligara una apertura para la que no estamos preparados, tenemos que presentar exigencias para enfrentar la crisis de manera más justa y solidaria. Entre las medidas que distintas organizaciones y movimientos han planteado están las siguientes:

1. La cancelación de la deuda de Puerto Rico, bajo las doctrinas de cambio de circunstancia y cambio de necesidad o cualquier otra o mecanismo que se considere apropiado. Luego de María, los terremotos del sur y la pandemia actual es triplemente evidente que esa deuda es insostenible.
2. La liberación inmediata y puesta en disposición para el pueblo de pueblo de Puerto Rico de los $9 mil millones en reserva para pagar una deuda insostenible.
3. Exigir que todas las empresas autorizadas para operar ofrezcan la seguridad necesaria para sus empleados y clientes para evitar el contagio.
4. En las empresas que estén operando o empiecen a operar en que no exista representación sindical se deben crear comités de salud laboral electos por los trabajadores y trabajadoras que puedan recoger preocupaciones y exigencias y recibir información sobre pruebas, contagio y todo lo que pueda afectar la salud en el centro de trabajo. Estos comités deben contar con el tiempo o medio para rendir cuentas sobre su trabajo y hallazgos. Los trabajadores y trabajadores tienen derecho a monitorear y participar en un proceso que en que puede estar en juego sus vidas.
5. Exigir que las grandes empresas continúen pagando salario y mantengan el seguro médico de sus empleados, aunque esto reduzca sus ganancias durante un periodo. Las vidas son más importantes que esas ganancias.
6. Dejar sin efecto la reforma laboral implantada a través de la ley 4 de 2017, para, entre otros elementos, desincentivar al despido.
7. Moratoria al pago de hipotecas, préstamos de automóvil y otros a personas que han sufrido la pérdida o reducción de su ingreso. Paralización, por tanto, de desahucios.
8. Suspensión del IVU en caso de alimentos y materiales médicos.
9. Extensión del seguro de salud de la reforma a todas las personas que carecen de seguro médico.
10. Elegibilidad de apoyo por desempleo especial a todas las personas que han perdido su empleo y los trabajadores por cuenta propia que han perdido sus ingresos.
11. Estricto control de precios de productos esenciales.
12. Disponibilidad del PAN a las personas que lo soliciten con criterios de rápida comprobación. Será preferible dar el apoyo a alguien que no lo necesite que dejar a muchos sin el apoyo que necesitan.
13. La banca del país debe aportar a superar la crisis, extendiendo créditos con cero intereses a pequeños y medianos comerciantes para que puedan cubrir sus nóminas mientras no operan y con plazos adecuados para el reembolso futuro.
14. Apertura de los comedores escolares (inicialmente bajo la modalidad de entrega y/o repartición de comida a las personas que la necesiten) en condiciones negociadas con las organizaciones laborales y que permitan reducir los más posible el riesgo de contagio de los trabajadores y trabajadoras y el resto de la comunidad.

No dudo que el movimiento laboral y otros colectivos han elaborado propuestas que desconocemos y se podrán añadir. La reactivación económica debe abrir paso a otras medidas necesarias: la creación de un seguro de salud universal, el aumento del salario mínimo para que no sea un salario de pobreza, como en la actualidad, entre otras.

Globalmente, si no se toman medidas para evitarlo, la pandemia tendrá igual efecto que en cada país: afectará más duramente a los países más pobres, a los que tengan menos recursos económicos y economías deprimidas. Aquí surge la misma pregunta: ¿permitiremos que la pandemia acentúe las desigualdades existentes, o será ocasión para reducirlas? Aunque no está entre los más pobres, Puerto Rico tampoco está entre los ricos y ciertamente está entre las economías deprimidas. Como se sabe, nuestro ingreso per cápita es cerca de la mita de la cifra del estado más pobre. En cuanto al raquitismo de nuestra economía, baste mencionar la tasa de participación laboral de alrededor de 40%. Internacionalmente, muchas voces han planteado la necesidad imperiosa de que los países más ricos aporten a los más pobres para atender tanto la crisis del COVID-19 como otras amenazas (como el cambio climático y la necesidad de realizar la transición a la energía renovable). Puerto Rico, afectado además por decisiones destructivas del Congreso de Estados Unidos, puede y debe exigir una aportación importante para su reconstrucción y para atender esta crisis.

Lejos de demostrar la bondad del gobierno de Donald Trump, las aportaciones aprobadas para individuos demuestran que los fondos para programas masivos de justicia social existen a pesar de que siempre se afirma lo contrario. Por años planteamos que para dotar a Puerto Rico de una economía que funcionara y no dependiera de aportaciones externas (lo cual conviene a nuestro pueblo y al de Estados Unidos), el Congreso debía hacer una aportación sustancial. Se nos decía que era imposible y que no había dinero. Ahora el gobierno de Puerto Rico recibirá $2.2 mil millones. ¿Si esto es posible para atender la crisis del COVID-19, por qué no es posible para la reconstrucción económica igualmente urgente? En la crisis de 2008 se permitió que millones de familias perdieran hogares y ahorros de toda una vida sin tomar acción. Ahora vemos que existía la posibilidad de rescatarles, de la misma manera que se rescataban a los grandes bancos y empresas.

Por supuesto, al igual que en el pasado (como ocurrió con los fondos ARRA después de la crisis de 2008), la mayor parte de los fondos que se reciban saldrán rápidamente para comprar de productos importados, sin efecto duradero en la economía del país. Esto subraya la necesidad de un plan de desarrollo económico (incluyendo la soberanía alimentaria).

Muchas personas dudarán de la sabiduría de colocar $9 mil millones y aportaciones federales en manos del gobierno corrupto e inepto que padecemos. Y tienen razón. Nuestra agenda tiene dos aspectos: lograr los recursos que necesitamos y cambiar nuestro gobierno. Pero la necesidad de hacer lo segundo no debe evitar que luchemos por lo primero. Como dice una frase que hemos visto en varios lugares: “El COVID-19 lo detuvo todo; ahora cambiemos de dirección”.

* Este artículo se publicó inicialmente el 30 de abril de 2020. Esta versión actualizada es del 2 de mayo 2020, autorizada por el autor.

REFERENCIAS

Chris Brooks, “The Hammer and the Dance: Why Reopening Now Will Kill”

https://www.labornotes.org/2020/05/hammer-and-dance-why-reopening-now-will-kill

Mike Davis, “Reopening the Economy Will Send Us to Hell”

https://labornotes.org/2020/04/reopening-economy-will-send-us-hell

Mike Davis, “The Monster Enters”

https://newleftreview.org/issues/II122/articles/mike-davis-in-a-plague-year

Sobre Rafael Bernabe

Estudió historia en la Universidad de Princeton, Sociología en la del Estado de Nueva York e investiga literatura en la de Puerto Rico. Es autor de los libros: "Respuestas al colonialismo en la pol