Por: Justo Méndez Arámburu y René Pinto Lugo

Inicialmente la pregunta que predominó fue si Puerto Rico podía pagar la deuda; muchos dijeron que sí, otros que no. Luego llegó la Junta de Supervisión Fiscal con la delegación de autoridad estatutaria congresional de PROMESA que le potencia exceder la autoridad de las tres ramas de gobierno de Puerto Rico,  ordenando que se confeccionara el primero de múltiples planes fiscales, a 5 años, con recortes presupuestarios  y medidas de austeridad que permitirán el pago de servicio a la  deuda pública. Más recientemente se invocó el Título III de promesa y se recurrió a la equivalencia de un procedimiento de quiebra para reestructurar la deuda. Mientras tanto ha habido acercamientos bilaterales explorando resoluciones transaccionales de la deuda.

El orden de los eventos antes resumidos, invierte el orden lógico al ignorar el rango de suprema importancia de la transparencia; la pregunta inicial no debe ser si podemos pagar una deuda, o cómo confeccionar planes fiscales para pagar la deuda. Más bien la pregunta y el orden medular debe ser: ¿Qué deuda? ¿Cuál es la deuda legal?  ¿La podemos pagar? ¿Cómo podemos reestructurarla?

Consideremos otras preguntas que requieren contestación:

¿Se cumplió con las disposiciones y límites constitucionales al emitir deuda pública? ¿Por qué y cómo la alegada deuda pública se acumuló a $70 mil millones? ¿Cuánto se pagó en comisiones y honorarios profesionales? ¿Qué se hizo para evitar este desastre?¿Qué opinaron entonces y cómo explican ahora lo sucedido los consultores de inversiones, actuarios, bancos, consultores legales, corredores de inversiones, y otros expertos?  ¿De la alegada deuda pública, cuál fue la cantidad neta recibida por el Gobierno de Puerto Rico y cómo se usó? ¿Por qué no se detuvo la emisión de más deuda pública cuando era actuarialmente evidente la insuficiencia en capacidad de repago de la deuda acumulada? ¿Participó y recomendó la emisión de más deuda pública el BGF? ¿Dónde están las actas, minutas o grabaciones de las reuniones en las cuales se discutieron y aprobó recomendar las emisiones de deuda pública? ¿Qué relevancia, en la decisión de emitir más deuda pública, tuvieron los ratings decadentes del crédito de la isla, otorgados por Standard & Poor, Moody’s y Fitch? ¿El gobierno tiene un estado financiero auditado para 2015-16? De no tenerlo, ¿Por qué? ¿Cuán justo y apropiado pueden ser los planes fiscales de 5 años sin saber cuánto es la deuda legalo explorar transacciones sin validar la cantidad, su legalidad y determinar si hay terceros responsables?

Los economistas tienen diferentes opiniones, algunos opinan que la crisis tuvo su origen con la introducción de la Sección 936 de incentivos industriales. Otros piensan que comenzó con la terminación de la 936 en el 1996 y la recesión económica de 2006.

Cuando hay más sorpresas, dudas y preguntas, que explicaciones, información y contestaciones, se potencia un déficit de transparencia y rendición de cuentas; siendo ambos, elementos medulares para un buen gobierno y la existencia de un sistema democrático. Es indefensible la renuencia sin explicación y la inacción en llevar a cabo una auditoria forense para deconstruir los detalles de las emisiones de una deuda publica insostenible y la identificación de errores para poder corregirlos, determinar su legalidad o ilegalidad, y actuar sobre los mismos. La inacción o dilación en actuar constituye un terreno fértil para mayor desconfianza, inestabilidad, re-ocurrencia, impunidad, vulnerabilidad e injusticia.

Ante esta incertidumbre, al comienzo del 2016 el recién creado Movimiento Vamos anunció su intención de demandar al Gobierno de Puerto Rico exigiendo la implantación de la ley 97 de 2015 que ordenaba la auditoría integral del crédito público y creaba la Comisión de Auditoría.  De inmediato se procedió con la designación de la comisión.  En vista de que la pasada administración de Gobierno no desembolsó los fondos asignados a la comisión, VAMOS propuso la creación del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda Pública de Puerto Rico.

El Frente lanzó una campaña efectiva de participación ciudadana para exigir la auditoría de la deuda que excedió las 100,000 firmas.Ante esta demostración de fuerzas, la actual administración de Gobierno interfirió con la Comisión de Auditoría y la eliminó.  A partir de esa decisión el Frente lanzó un llamado para crear una Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico.  La comisión está en funciones, y al presente está en el proceso de ampliar los sectores representados en la misma.  Próximamente el Frente iniciará un esfuerzo de recaudación de fondos para que se proceda con la auditoría, se demuestren las ilegalidades cometidas en la acumulación de deuda, no se permita la impunidad, y se establezcan las medidas de política pública que impidan que Puerto Rico vuelva a enfrentar una situación tan lastimosa para la ciudadanía.

Todos los días surgen nuevos eventos que modifican o nos impulsan a evaluar las estrategias previas y a considerar nuevas. La respuesta es mantenernos alertas, informados, educados, comprometidos, atentos a eventualidades, dispuestos a atemperar estrategias  y actuar en tiempo.  El presente y futuro bienestar de nuestro pueblo está en precario, convirtamos la adversidad en una oportunidad de transformación hacia una sociedad unida, de desarrollo, equidad y transparencia.

Asegurémonos que la transparencia mediante la auditoría forense de la deuda pública sea primero.

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