La semana pasada el gobernador Alejandro García Padilla, firmó una Orden Ejecutiva que prohíbe la dispensación de bolsas plásticas en los establecimientos comerciales en Puerto Rico.  La orden exige a la Autoridad de Desperdicios Sólidos que diseñe e implante una campaña de concienciación pública y que escriba un reglamento previo a la prohibición a ser efectiva el 1 de julio de 2016.  Aquellos que estamos activos en la protección del medio ambiente nos hemos alegrado tremendamente con la noticia, mientras que muchas personas se han preguntado cómo hemos llegado al punto de tener que prohibir el uso comercial de algo tan común y útil.

Resulta que las bolsas plásticas son un desperdicio problemático. En los vertederos, el plástico resiste los procesos naturales de degradación. Aun en países en donde se logra desviar material reciclable de los vertederos, una gran parte de las bolsas plásticas no son recicladas. El ciudadano guarda algunas bolsas para volverlas a usar, pero casi todas las tira a la basura. La mayoría de las bolsas que escapan del vertedero terminan obstruyendo desagües y alcantarillas, y formando parte de la gran cantidad de basura que desemboca en el mar.

En los océanos, la contaminación de desechos plásticos es descomunal.  Casi 80% de la basura en el mar proviene de tierra, y recién se ha estimado que de no lograr dar marcha atrás a este patrón, habrá en el mar una tonelada de plásticos por cada tres toneladas de peces para el año 2020.  A este paso vamos a terminar por destruir la fauna marina y la vida silvestre, y nuestra mayor canasta de alimentos a nivel global.

Si en Puerto Rico el sistema de reciclaje de desperdicios sólidos funcionara como debiera, tal vez no habría necesidad de prohibiciones.  Pero en Puerto Rico existen agravantes. No existe una economía de reciclaje efectiva. Además de que somos una isla, lo cual hace complicado y costoso disponer de los desperdicios sólidos de forma alterna. Para ilustrar el tranque en el juego de dominó actual, los programas de reciclaje de bolsas plásticas donde los clientes depositaban las bolsas usadas, no tuvo gran éxito. A los vertederos continúan llegando cantidades desmedidas de bolsas.  De haber sido exitosa esa iniciativa, hubiese contribuido a reducir el consumo, fomentar el re-uso, y en última instancia, promover el reciclaje.  Pero esa ley no fomentó a los comerciantes a dispensar menos bolsas plásticas ni al consumidor a preferir  no usarlas.

La población en Puerto Rico sufre de una falta de educación ambiental enorme.  El puertorriqueño aún piensa que arreglar y reusar un producto es algo que se hace en Cuba, no aquí, que reciclar es responsabilidad exclusiva del gobierno, y que el mar es un inmenso zafacón perfectamente ubicado en la parte de atrás de la casa.

Si nada parece haber funcionado hasta ahora, ¿qué nos hace pensar que esta orden — que ojalá se convierta en ley, pendientes todos a la actividad legislativa — va a traer un cambio verdadero?

Se entiende que una prohibición a la dispensación de bolsas plásticas en los establecimientos comerciales obliga a que ocurra un cambio en los hábitos de consumo. Tanto los comerciantes como los consumidores se verán forzados a buscar alternativas, como lo son las bolsas de lona o de plástico biodegradable. Varias comunidades que han adoptado medidas similares han visto grandes logros. Hawái y las Filipinas han adoptado prohibiciones que han motivado a los consumidores a traer sus propias bolsas reusables cuando van de compras.  Australia informa haber evitado, en tan solo seis meses, que 200 millones de bolsas de plástico terminaran en sus vertederos.  Irlanda y las ciudades de San Francisco y Washington DC también han implantado prohibiciones que incluyen la imposición de una penalidad monetaria a consumidores que insisten en utilizar bolsas plásticas.  En Washington DC el impuesto disminuyó en menos de un año el consumo de bolsas plásticas  en un 50%.

En Puerto Rico, la efectividad de la orden dependerá de su implantación. Y aunque existan dudas sobre la capacidad del gobierno de implantar políticas públicas en materia de medioambiente, lo positivo de esta prohibición es que hace partícipe al ciudadano y a los comerciantes de forma integral, creando la posibilidad de un cambio importante de conducta. Aún queda, por supuesto, que la Autoridad de Desperdicios Sólidos decida qué tipos de bolsas prohibir, y si es necesario imponer penalidades para desalentar el uso de las bolsas más dañinas. Mientras tanto, la orden recién firmada es un buen primer paso.

El ciudadano tiene una responsabilidad de evaluar y apoyar iniciativas que sirvan para impulsar el bienestar general y asegurar que el medioambiente esté saludable y tenga la capacidad de sostener la vida en todas sus formas, así como la actividad social y económica.  En el marco de una cultura de sustentabilidad, de todos depende que la nueva iniciativa se cumpla y tenga un impacto real.

Invito a ciudadanos de avanzada que quieran tomar causa a unirse al “Puerto Rico Recycling Partnership”, un grupo de trabajo formado en el año 2010 con el propósito de promover la reducción de residuos en la fuente, el compostaje y el re-uso y reciclaje de materiales por vía de la colaboración entre entidades gubernamentales, entidades sin fines de lucro, la empresa privada y ciudadanos interesados en el mejoramiento del medioambiente. Véase su página de Internet (http://prrecycles.org/) y de Facebook (Puerto Rico Recycling Partnership – PRRP).

***La autora de este texto tiene estudios en ciencias ambientales, teoría de la música y salud pública. Trabaja el tema de la protección a los recursos de agua.

Sobre Grace M. Robiou

Nació en San Juan en 1975. Es autora del blog Coa La Macacoa (Coa es su apodo de la niñez) donde escribe sobre sus observaciones y experiencias, personales y cívicas, del pasado y del presente, y