Por:  Roberto Maldonado Nieves

Históricamente, en las sociedades en las que una pequeña clase acapara los medios de producción, los recursos naturales y el poder político, social y cultural, siempre hay una parte  de la población que sufre limitaciones y penurias.  Pasa hambre, cuenta con los empleos de peor paga y condiciones de trabajo, y en muchos casos enfrenta el desempleo por extensos periodos de tiempo.  Los integrantes de esa población tienen las peores facilidades de vivienda, y muchos viven deambulando  y duermen en casas abandonadas o debajo de puentes guareciéndose también bajo paneles viejos de madera, cajas de cartón y colchas y frisas que la gente desecha.  Cuentan con los peores servicios médicos, si algunos, sin la debida atención a los que enfrentan condiciones de salud emocional, sirviendo para ellos de refugio ante la ansiedad y la desesperación el alcohol y las drogas que se venden en la economía subterránea.   Además,  a lo largo de sus vidas, y las de los hijos que procrean, cuentan con las más deficientes y desiguales oportunidades educativas.  Éste drama ha sido confrontado por miles de millones de personas por siglos en el mundo y en Puerto Rico no ha sido la excepción.

Históricamente ha habido también grupos de personas que por razones religiosas o morales se han organizado para a través de obras benéficas extender una mano a los que han sufrido de esas formas de discrimen y de explotación humana.  Dicha ayuda ha sido brindada a través de iglesias, de personas acaudaladas que por razones morales o religiosas llevan a cabo obras de caridad, y de asociaciones benéficas y filantrópicas.  Durante poco más de un siglo en Puerto Rico y en los Estados Unidos a través de lo que se conoce como corporaciones sin fines de lucro, fideicomisos o fundaciones, también se ha llevado a cabo dicha labor.  Para poder sufragar sus gastos, si no cuentan con un fondo dotal (en inglés “endowment”) creado por algún multimillonario o por corporaciones billonarias,   las organizaciones creadas para esos fines han dependido a lo largo del tiempo de las contribuciones caritativas por parte de la gente, de las actividades que llevan a cabo para recaudar fondos y de las ayudas que reciben del gobierno, incluyendo los gobiernos municipales.  También dependen de los contratos que el gobierno les ofrece para atender las comunidades a quienes el gobierno apenas sirve.

Usualmente, y ese es el caso en gran medida de  las organizaciones que brindan servicios directos a los pobres, los marginados y los más necesitados a quienes nos referimos previamente, dichas entidades dependen para llevar a cabo esa labor de las contribuciones del público, de las fundaciones benéficas y del gobierno.  De hecho, nunca salen de ese ciclo de dependencia, año, tras año, tras año.  A estas organizaciones se les conoce como las organizaciones sin fines de lucro, o las organizaciones no gubernamentales o el mal llamado “tercer sector”.  Decimos mal llamado porque la sociedad no debiera estar dividida en sectores, es decir,  unos aventajados y otros desventajados, los ricos y los pobres, los de arriba y los de abajo … Si fuéramos a ser fieles a un precepto filosófico que supuestamente nuestra sociedad valora, el referido en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos que dice que todos somos creados iguales, debiera entonces haber un solo sector, el de todos los seres humanos.  Pero esa igualdad, la de que todos somos creados iguales, es  una ilusión, o  una añoranza, o una mentira o una vil hipocresía por parte de quienes controlan el poder en la sociedad.  Mientras tanto hay unas personas nobles y generosas que honran el deber de ser solidarios con el prójimo a través de esas organizaciones, mereciendo todo nuestro respeto, apoyo y consideración.

Pero la dependencia de esas organizaciones para sufragar sus gastos de las contribuciones del público, de fundaciones y ayudas filantrópicas y del gobierno, las ubica en una posición precaria de dependencia.  Están a merced de que las “ayudas” lleguen, de que el gobierno las incluya en su presupuesto y las contrate o las ayude,  y esa precariedad es más grave aún cuando la sociedad enfrenta momentos de crisis económica.  Ese es el caso de lo que está ocurriendo en Puerto Rico en la actualidad.

Desde que el gobierno de Puerto Rico ha estado confrontando la crisis fiscal, la cantidad de dinero disponible para esas organizaciones no solamente se ha ido reduciendo.  Peor aún, el gobierno se ha estado atrasando en los pagos, mientras las contribuciones del público bajan, el costo de la vida aumenta y el número de personas necesitadas crece.  El 16 de enero pasado en Noticel se reportó cómo el nuevo Secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, se comprometía a  atender el atraso en el pago de contribuciones gubernamentales reservado para las entidades benéficas.  El 22 de enero ese mismo medio reportaba cómo el Secretario se comprometía a buscar fondos federales para esas organizaciones.  Por otro lado el 17 de junio de 2017 el Senador independiente José Vargas Vidot expresaba su oposición a que se diera curso a recortes por 41 millones de dólares para las ayudas que se brindan a organizaciones sin fines de lucro.  Mientras tanto en lo que parece ser una pequeña ventana de participación y expresión para las organizaciones en su enfrentamiento con la situación fiscal para tratar de hacer ver ante el gobierno de Puerto Rico cuán necesaria es su aportación a la sociedad, el Secretario de Hacienda se ha comprometido a reunirse con varias de esas organizaciones periódicamente.  Una de las organizaciones que está participando en dichas reuniones es el Movimiento Una Sola Voz (MUSV).  La misma consiste de un movimiento integrado por un amplio grupo de organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales en pie de lucha por los servicios que proveen a diferentes comunidades y grupos de personas marginadas.

La última reunión con el Secretario  fue el pasado 13 de julio de 2017 y en la misma él  informó que  envió un memorando a los  jefes de las agencias de gobierno con instrucciones sobre cómo se va a proceder con los pagos a las organizaciones sin fines de lucro incluyendo  una definición de servicios prioritarios y esenciales  en la cual usó parte de la que propone el MUSV.   Informó además que en el presupuesto aprobado y  certificado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto hubo ajustes para centralizar unas cuentas pero no se afectaron las cuantías de las organizaciones.  Para que los pagos bajo  los contratos no se retrasen expresó que se habría de tomar medidas  para que  los pagos se hagan  dentro de  un tiempo determinado  ya sea por Orden Ejecutiva o por legislación.   A corto plazo, se establecería además  un sub‑sistema para administrar y desembolsar los fondos  federales a las organizaciones creando una página en el internet en la que  todas las organizaciones  que reciban  fondos puedan ver el curso de sus desembolsos.  Informó además, y ésta es una determinación por parte del gobierno que puede ser bien dramática, seria y controversial por el efecto que puede tener entre las organizaciones y las comunidades que sirven,  que el gobierno habrá de subastar servicios que provee el Departamento de la Familia, así como otros servicios sociales y culturales de forma tal que sean provistos por organizaciones sin fines de lucro.  De dar el gobierno ese paso, la competencia entre las organizaciones será mayor, las que cuenten con mayores recursos podrán desplazar a las más pequeñas, y el riesgo de que algunas comunidades necesitadas queden al margen de los servicios a ser provistos aumenta.

Esta precariedad debiera provocar una reflexión entre las organizaciones en torno a cuatro  retos que enfrentan.  Una corresponde a la búsqueda de otros medios para obtener recursos para llevar a cabo la obra solidaria con el prójimo y  si esos medios deben ser unos que giren en torno a la dependencia de fondos.  El segundo reto corresponde a la consideración de la autogestión a través del desarrollo de actividades de carácter económico, social y cultural que generen fondos para la labor benéfica que llevan a cabo.  El tercer reto es el de considerar si la lucha por los recursos que necesitan debe ser una basada en la competencia entre ellas, o una concertada.  El cuarto, y quizás más importante, es el de considerar si la  razón de ser de dichas organizaciones debe ser exclusivamente la de servir de paliativo socio-económico para los marginados de la tierra, o la de además de darles una mano, combatir las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales, y las fuerzas tras de ellas, que permiten su marginación, discrimen y explotación.

 

 

 

 

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