El Departamento de Justicia de Puerto Rico, bajo el mandato de la actual gobernadora Wanda Vázquez Garced, intervino casi 3,000 cuentas de Facebook, como parte de una investigación criminal contra estudiantes universitarios tras una protesta en las oficinas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en el Jardín Botánico.

Los hechos se remontan al 27 de abril de 2017, cuando un grupo de manifestantes interrumpió una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR en la que aprobarían un aumento a los costos de matrícula en medio de la huelga de 2017. Una investigación realizada por la defensa de los ahora exalumnos reveló que las autoridades no solo intervinieron las páginas de Facebook del Centro de Comunicación Estudiantil, Pulso Estudiantil y Diálogo, sino que también solicitaron información a dicha red social sobre las personas que tuvieron alguna interacción con el contenido generado por estos medios de comunicación.

Inicialmente se conocía que las autoridades obtuvieron información de las personas que administraban dichas páginas, lo que incluía tarjetas de crédito, numeración de cuentas en la red social y comunicaciones privadas, entre otras informaciones. La defensa realizó una pesquisa partiendo de una investigación legislativa del representante pipiolo Denis Márquez Lebrón, que analiza el uso de Facebook para procesar manifestantes y activistas. Los abogados y abogadas que representan a las personas acusadas examinaron una extensa documentación y evidencia que les llevó a lo que catalogan como un acto de carpeteo masivo.

“La defensa está lista para mostrarle prontamente al tribunal y al público el listado con nombres de todas las personas cuyas cuentas de Facebook fueron intervenidas. Estamos hablando que ellos (el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico) buscaron la data de casi 3,000 personas que vieron en Facebook. Esto es un carpeteo enorme”, expresó el Lcdo. Juan Ramón Acevedo Cruz, quien forma parte del equipo de defensa.

La representación legal de los exestudiantes ha denunciado desde el inicio la selectividad del proceso judicial. A pesar de que diversos testigos expresaron en sala que la tarde del 27 de abril de 2017 participaron entre 50 a 100 manifestantes en el lugar de los sucesos, fiscalía solamente presentó acusaciones criminales contra nueve universitarios. La totalidad de las personas acusadas ocupaban cargos de dirección durante el proceso huelgario incluyendo portavocías, integrantes del Comité Negociador, directivos de consejos de estudiantes o dirigentes de organizaciones políticas independentistas. Actualmente continúan como acusados Randiel Negrón, Thaliangelys Torres, Francisco Santiago Cintrón, Verónica Figueroa Huertas y Gabriel Díaz Rivera.

El exagente policiaco Luis Muñiz, quien estuvo a cargo de la investigación, expresó durante una vista de Regla 6 que un alegado confidente le brindó nombres e información de las personas acusadas. Sin embargo, Muñiz nunca precisó el lugar o la fecha del encuentro con dicha persona. Posteriormente, expresó que el expediente de la investigación se había perdido en el CIC del Cuartel General de San Juan, luego de retirarse de la Policía de Puerto Rico. Desde entonces, Muñiz, quien reside en el estado de Florida, se ha ausentado a todas las vistas relacionadas al caso. Su última ausencia se produjo durante el proceso de descubrimiento de prueba, para lo cual se le ordenó a las personas acusadas pagar los costos de vuelo para que el exagente estuviera en la vista. Muñiz envió un certificado médico a última hora para justificar su ausencia.

Luis Lassalle Vargas, agente de la División de Delitos Cibernéticos de la Policía, fue quien estuvo a cargo de procesar la información relacionada a Facebook. Lassalle Vargas dijo en sala que solicitó la información a dicha red social y utilizó videos para realizar capturas de pantalla. En base a esas imágenes, realizó acercamientos de cámara a personas específicas entre la muchedumbre para identificar a quienes terminaron siendo las personas acusadas. Este agente expresó en corte que archivó la información obtenida de Facebook en unas carpetas digitales en una computadora.

La práctica del monitoreo a activistas utilizando las redes sociales fue parte de la política pública impulsada por Wanda Vázquez Garced mientras fue secretaria de Justicia, en conjunto con el entonces secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera. Mediante dicha práctica las autoridades citaron al activista y abogado Alvin Couto De Jesús en el contexto de las protestas del 1 de mayo de 2018, por una publicación de Facebook en la que criticaba a Pesquera.

El Departamento de Justicia ha mostrado gran interés en el caso contra estos exalumnos de la UPR desde el inicio del proceso judicial en 2017. Justicia no solo alteró la rotación de fiscales para el caso, sino que crearon un grupo especializado para el mismo.

“Hay que recordar que la entonces secretaria del Departamento de Justicia y ahora gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, junto a la exjefa de fiscales Olga Castellón, crearon un task force compuesto por fiscales y agentes policiales para trabajar este caso específicamente. Lo que no hicieron con el caso de Rosselló y su grupo, lo hicieron con estos estudiantes universitarios”, señaló el Lcdo. Acevedo Cruz.

A pesar de la desaparición del expediente de investigación y la ausencia del agente investigador, el ministerio público, representado por el fiscal Ángel García Rodríguez, insiste en continuar con el caso. García Rodríguez retiró una oferta para un posible acuerdo de culpabilidad durante la pasada vista de seguimiento, argumentando que Nivia Fernández, entonces presidenta de la UPR, desea continuar con el caso.

“El fiscal puede consultar con una posible víctima, sin embargo, no es la alegada víctima quien decide si se continúa o no con el caso. Eso es prerrogativa del fiscal. Como defensa estamos investigando seriamente las posibles razones de Nivia Fernández para oponerse a un acuerdo, así como su relación con altas figuras del gobierno. Con alguien, muy probablemente, ha estado hablando ella en el transcurso de este caso”, expresó el Lcdo. Acevedo Cruz.

El próximo martes 4 de agosto de 2020 continúa el proceso en la sala 1105 del Tribunal de San Juan. Se espera que parte de los próximos pasos sean las vistas de descubrimiento de prueba y supresión de evidencia.

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