Un panel de personas expertas en temas de política fiscal, integrado por economistas, planificadores, abogados y profesores universitarios, destacaron que el Plan de Ajuste de la Deuda propuesto por la Junta de Control Fiscal perpetuaría las medidas de austeridad, impactaría nocivamente a jubilados y podría llevar a Puerto Rico a un nuevo impago.

El foro titulado “¿Cómo el Plan de Ajuste de la Deuda nos afecta?: “Mitos y Realidades”, contó con la participación del abogado de quiebras Rolando Emmanuelli, la planificadora Cristina Miranda y los economistas José Alameda y Daniel Santamaría. Según indicaron, el Plan de Ajuste de la Deuda pagaría bonos emitidos ilegalmente y que la propia Junta de Control Fiscal ha impugnado. Según Emanuelli, esto valida el reclamo de que se cancele la deuda de Puerto Rico. Los panelistas coincidieron además en que el pago a los bonistas sería insostenible y no facilitaría que la isla salga de la actual situación de quiebra.

“Utilizando los mismos números que presentan los expertos de la Junta de Control Fiscal, este plan de pago no es viable ni sostenible para Puerto Rico. La reducción que se hace a la deuda en bonos no es suficiente para evitar que la isla caiga en un nuevo impago y nos deja en un lugar muy similar a donde estábamos antes de la quiebra, teniendo que seguir implantando medias de austeridad para garantizar el pago a los bonistas”, expresó Santamaría, economista de la organización Espacios Abiertos, coauspiciadora del evento.

Así mismo, el efecto del Plan de Ajuste de la Deuda agravaría más la situación de los servicios esenciales. José Alameda, catedrático de economía de la Universidad de Puerto Rico, destacó que las medidas de austeridad impuestas hasta el momento han impactado significativamente servicios como salud, educación, rehabilitación, salud mental, energía y el suministro de agua. Entre los años fiscales 2008 al 2020, las estadísticas de la Oficina de Administración y Presupuesto mostraron que la cantidad de empleados públicos centrales se redujo de 231,502 a 128,968, para una disminución de 102,534 (-44.3%), dejando muchas agencias sin los recursos humanos necesarios para hacer su trabajo.

Los gobiernos municipales, que en muchas ocasiones son la primera línea de respuesta a las comunidades, también se verían impactados negativamente por el Plan de Ajuste de la Deuda. Cristina Miranda, quien dirige la Liga de Ciudades, alertó sobre el riesgo inminente de cierre al que se enfrentan más de 40 municipios. Miranda señaló que, si se cumplen con las reformas que pide la Junta de Control Fiscal para el pago de la deuda, los municipios no podrán cumplir con la variedad de servicios esenciales que ofrecen a la ciudadanía.

El grupo de expertos coincidió en la necesidad de una pronta salida tanto de la quiebra como de la Junta de Control Fiscal, pero no a un precio que Puerto Rico salga más perjudicado. Además de Espacios Abiertos, el Colegio de Abogados de Puerto Rico y la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público auspiciaron el evento celebrado la semana pasada. El debate en relación al Plan de Ajuste de la Deuda continúa en el Capitolio, donde diversos legisladores y legisladoras han expresado reparos con la propuesta.

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