Un grupo de ciudadanos y organizaciones reclamaron hoy ante el tribunal de San Juan que declare inconstitucional la parte de la ley Electoral que fija el número desigual de endosos a candidatos independientes para cargos electivos públicos y que establezca que el número de endosos que le corresponden a los candidatos independientes debe ser el mismo que se requiere a los candidatos de los partidos políticos.

La candidata independiente a la Cámara de Representantes por el Precinto Cuatro, María de Lourdes Guzmán; el educador, Justo Méndez Arámburu, el movimiento de concertación ciudadana, VAMOS y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) radicaron hoy en la mañana una solicitud de sentencia declaratoria impugnando los artículos 8.011 y 8.012 de la Ley Electoral de Puerto Rico por ser inconstitucionales.

Esos artículos establecen los requisitos a las personas elegibles para ser candidatos a la elección a través de los partidos políticos o como candidatos independientes.

Según los demandantes, la Ley Electoral exige a los candidatos independientes presentar endosos ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para oficializar sus candidaturas, mientras candidatos de partidos políticos que no están compitiendo en primarias están exentos de ese requerimiento.

De igual forma, a aquellos candidatos de partidos que tienen que exponerse a primarias para cargos en la Legislatura se les requiere un número mucho menor de endosos que los que se le requiere a candidatos independientes.

El número de endosos solicitados para candidatos independientes equivale al 3 % de la suma de todos los votos válidos obtenidos por los candidatos en las Elecciones Generales precedentes para el cargo público electivo específicamente concernido. (ver tabla adjunta)

Los demandantes destacaron que la Ley Electoral, a partir su enmienda en diciembre de 2014, triplicó los requisitos en relación a los endosos que deben obtener los candidatos independientes.

También exigieron que se amplíe el tiempo que la Ley Electoral le brinda a los candidatos independientes para entregar sus endosos por ser uno irrazonable y también discriminatorio, constituyendo una barrera inconstitucional para limitar el acceso a las candidaturas en comparación a la que se requiere a los candidatos de los partidos políticos tradicionales. A los candidatos independientes solo se les brinda 46 días para entregar y validar todos sus endosos.

“Hay que recordar que el derecho a ser candidato a un cargo electivo constituye un ejercicio de nuestros derechos constitucionales, al igual que lo es el derecho de un ciudadano a endosar y apoyar un candidato a un puesto electivo”, afirmó Méndez Arámburu quien figura en la demanda como elector del precinto cuatro y es uno de los portavoces de VAMOS.

“En ese sentido, las limitaciones impuestas a candidatos independientes no solo constriñen los derechos civiles y constitucionales de éstos, sino que constituyen una forma de discrimen político en violación a la Constitución de Puerto Rico”, continuó.

Por su parte el presidente del SPT, Roberto Pagán, declaró que su organización aprobó en 2012 un programa de desarrollo socioeconómico llamado “Propuestas por un Mejor País” para ser presentado a las y los candidatos a puestos electivos y de acuerdo al apoyo a este programa se respaldarían las aspiraciones electorales de las y los candidatos.

“La participación electoral de los partidos minoritarios y los candidatos independientes contribuye a ampliar el debate político, mas esa contribución no puede ser alcanzada sino se les permite participar de forma significativa en la fase del proceso electoral en que las alternativas políticas son consideradas”, afirmó Pagán.

“Denunciamos la violación de nuestros derechos como electores y la violación al derecho de los candidatos independientes a la igual protección de las leyes para poder competir con los candidatos de los partidos políticos”, declararon los portavoces de la demanda.

Los demandantes expresaron confianza en que el Tribunal reconocerá los defectos constitucionales de los artículos impugnados de la Ley Electoral y que resolverá con prontitud a favor de la ampliación de los derechos democráticos de las y los puertorriqueños.

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