El hasgtag #yomequedoencasa se ha convertido en una consigna generalizada en las redes sociales y en los medios de comunicación nacional. Incluso ha sido la narrativa pública de la gobernadora y otros funcionarios públicos. A esto se le suman celebridades y otras personalidades con gran reconocimiento público que difunden la consigna como pan caliente. Con intencionalidad o no, estos discursos dan legitimidad a la psicologización de lo social, relevando al Estado (gobierno), de su responsabilidad pública y delegando la responsabilidad de la salud en manos de las personas, familias y comunidades.

En este contexto, muchas personas y organizaciones sociales hemos asumido una postura crítica hacia el toque de queda impuesto por el gobierno y la lenta respuesta de las instrumentalidades locales y federales. Reconocemos la necesidad del aislamiento físico, como una medida preventiva recomendada por la comunidad médica a nivel internacional entre otras estrategias complementarias para manejar la propagación del COVI-19.

Sin embargo, las medidas adoptadas por el gobierno de Puerto Rico carecen de protecciones sociales fundamentales para garantizar el acceso a recursos económicos y servicios sociales esenciales para la mayoría de nuestro país, entre otros sectores: mujeres jefas de familias o en situaciones de violencia de género, personas en edad avanzada que no cuentan con redes de apoyo familiar, pequeños comerciantes; personas que trabajan por servicios profesionales y no tienen forma de continuar con sus labores en esta situación; las familias en el centro y sur oeste del país afectadas por la actividad sísmicas; comunidades y sectores empobrecidos, entre otras tantas poblaciones vulnerables.

A nivel internacional, la respuesta de algunos gobiernos ha tenido un abordaje integral, reconociendo y dando prioridad a poblaciones con mayor vulnerabilidad.  Por ejemplo, el gobierno español aprobó un paquete de medidas sociales y económicas que incluyen la intervención del gobierno en las instituciones de salud privadas para ponerlas al servicio del Sistema Nacional de Salud Pública, 300 millones de euros para reforzar los servicios sociales y atender  a personas mayores, sin hogar y en residencias de mayores y dependientes, reducción del número de pasajeros que viajan en trenes y otros medios de transportación pública para garantizar el acceso al trabajo y servicios básicos sin comprometer la salud pública.

También reducirán el transporte público de viajeros aéreos, marítimos y por carretera; facilitarán el acceso y difusión de información a través del Sistema Nacional de Salud Pública, moratoria de pago de hipotecas a personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el Coronavirus, medidas para proteger a trabajadores y facilitar liquidez económica a las pequeñas y medianas empresas; Seguro Social especial para ofrecer cuido a los hijos de padres y madres cuyos patronos no pueden ofrecer soluciones presenciales de cuido y todos los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a reorganizar o reducir su jornada laboral, incluso hasta un 100 por ciento para cuidar familiares, mayores y niñez ante el cierre de escuelas y servicios sociales, entre otras medidas fundamentales para garantizar derechos y disminuir el impacto económico.

Ciertamente, la fluidez económica en España es mayor a la que tenemos en Puerto Rico, pero la voluntad política ha facilitado un accionar público donde se reconoce que ante situaciones de pobreza y desigualdad social hay poblaciones que enfrentan una mayor vulnerabilidad.

Quedarse en casa es una responsabilidad social, pero también representa un gran privilegio. Para la mayoría de nuestro país –mujeres en situaciones de violencia de género, trabajadoras asalariadas a quienes los patronos no le honrarán licencias ni le permitirán ausentarse, pequeños y medianos comerciantes que dependen de continuar sus negocios para garantizar su sustento, personas desempleadas, personas que trabajan por cuenta propia (servicios profesionales), que hacen trabajo presencial y necesitan continuar haciéndolo para cobrar– quedarse en casa significa mayor pobreza. Esa pobreza que todos los años nos cuesta vidas tiene hoy a más de 300 mil personas en nuestro país sin seguro médico.

El Estado, el gobierno debe declarar un estado de emergencia que garantice licencias especiales pagas a trabajadoras sin cargos a las existentes y ayudas económicas para empleadas por cuenta propia y pequeños comerciantes. También deben asignarse recursos que garanticen acceso gratuito a servicios de salud de calidad, para quienes no pueden pagarlos y crear los mecanismos para que las comunidades puedan participar en la toma de decisiones públicas. En las crisis que vivimos a diario, la pobreza es la condición de vulnerabilidad que guarda mayor relación con la pérdida de vidas.

Actualmente, el gobierno de Puerto Rico tiene reservados nueve mil millones de dólares en una cuenta para los acuerdos de pago de la deuda que la Junta de Control Fiscal nos quiere imponer. La imposición de un toque de queda y continuar amenazando a la población con otras medidas que constituyen una restricción a los derechos humanos y otras libertades civiles, sin liberar ese dinero para atender todas las necesidades del momento va a crear mayores vulnerabilidades. La negativa del gobierno representa un acto mezquino que denota el privilegio y la intencionalidad de una clase política que históricamente ha demostrado su desprecio hacia la mayoría de nuestro país y su servicio a los grandes intereses económicos que controlan la economía y la política en Puerto Rico.

En medio de tantas crisis, si usted tiene el privilegio extraordinario de poder seguir trabajando y cobrando desde su hogar, sea solidario con su comunidad inmediata y hágase disponible para apoyar a quienes no tienen ese privilegio. Esto incluye exigir transparencia al gobierno y políticas públicas que garanticen derechos sociales para poblaciones vulnerables. La preparación previa, planes de emergencia previamente elaborados, la toma de medidas preventivas en cuanto a la entrada y salida de personas del país y el fortalecimiento de un sistema de salud pública universal, accesible y de calidad son ejes fundamentales que no pueden postergarse.

Como país debemos aspirar a prepararnos mejor y extraer lecciones de lo que han hecho otros lugares donde situaciones de crisis como las que hoy vivimos, han sido manejadas con mayor éxito. También tenemos que profundizar nuestras reflexiones y articular estrategias a corto, mediano y largo plazo para atender la inseguridad alimentaria, la ineficiencia de nuestro de sistema de salud, nuestra incapacidad política para tomar decisiones en materia de política migratoria y otras necesidades sistemáticamente generadas por nuestra condición colonial. Estas reflexiones nos llevarán a entender las limitaciones de nuestro estatus político, nuestra vulnerabilidad en comparación con otros países que gozan de pleno control sobre sus asuntos internos y la necesidad de organizarnos para ejercer nuestro derecho a la libre determinación.

* El autor es trabajador social comunitario y Coordinador General del Bosque Modelo de Puerto Rico.

Sobre José Santos Valderrama

Posee un Bachillerato en Trabajo Social con una certificación en trabajo social escolar. Trabajó para la Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico como consultor en el fortalecimiento de la Mesa Mul