Hoy las 742 comunidades especiales del país celebran un histórico triunfo judicial. El Tribunal de Apelaciones acaba de emitir dos decisiones importantísimas en las que valida las designaciones de las comunidades especiales de Guaynabo y la constitucionalidad de la Ley de Comunidades Especiales.

En la primera decisión, el Tribunal de Apelaciones determinó que el Alcalde de Guaynabo admitió que participó del proceso de consulta para la designación de las Comunidades Especiales. Revoca así una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que había declarado “nula” la designación de todas las comunidades especiales en Guaynabo, porque alegadamente no se había consultado tal designación con el Municipio.

Según interpretó el Tribunal: “Surge de la transcripción de la Prueba Oral, especialmente del testimonio del Alcalde, y de los documentos presentados y estipulados ante el Tribunal de Primera Instancia por las partes, incluyendo al Municipio y el Alcalde, que este tuvo participación directa en el proceso de identificar las comunidades especiales de su municipio a los fines de la Ley 1-2001, que nombró un oficial de enlace para la coordinación de los esfuerzos del municipio de Guaynabo con el Consejo Asesor, que conoció la lista e informó sobre las situaciones particulares y proyectos pendientes”.

En su segunda decisión, el Tribunal valida la constitucionalidad de las enmiendas introducidas por la Ley 232 de 2004 a la Ley de Comunidades Especiales. Estas enmiendas, producto del activismo de las comunidades, las cuales prohíben que los municipios lleven a cabo expropiaciones en comunidades especiales a menos que cuente con el aval del 75% de la comunidad. Por tal razón, el Municipio de Guaynabo, que era también quien había impugnado la Ley, no puede continuar con sus casos de expropiación en la comunidad de Vietnam.

Este es el resultado del esfuerzo de las comunidades para mantener sus viviendas y su comunidad, contra los desplazamientos que atentan su bienestar desde el 2007, fecha en que el municipio de Guaynabo inició el pleito en los tribunales. Luego de estas contundentes decisiones, los residentes reclaman al Municipio que acate el dictamen judicial.

“Las comunidades especiales exigen al Municipio de Guaynabo que cese y desista de utilizar poder político y económico para despojar a los residentes que por años han vivido en estas comunidades”, dijo Jorge Oyola, portavoz de la comunidad Los Filtros.

En tiempos en que la seguridad económica, social y cultural de todos los puertorriqueños se ve amenazada, estas dos decisiones se convierten en un faro de guía a los Tribunales para proteger el derecho humano a mantener sus viviendas y sus comunidades, sobre todo la rica cultura que disfrutan y la tranquilidad que para sus residentes representa.

Sobre PRTQ

Todos los textos que se agrupan bajo esta firma son publicados por la redacción de PRTQ en colaboración con organizaciones, amigos o amigas de los movimientos comunitarios.