La ley que creó el Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) está dirigida a proteger la salud de nuestro pueblo y a mantener la excelencia de los profesionales versados en el estudio y la aplicación de la química. Entre sus responsabilidades está certificar los productos de consumo, de la química, incluyendo el agua y la calidad del ambiente, así como productos farmacéuticos, materias primas y nuestros recursos naturales, indispensables para mantener la salud.

“En virtud de nuestras responsabilidades expresamos una gran preocupación por la producción, acumulación, dispersión, acarreo y disposición de cenizas y de sus productos derivados”, expuso la licenciada Claribel Martínez, Presidenta del CQPR.

Estudios realizados por el Dr. Osvaldo Rosario de la Universidad de Puerto Rico, confirmados por estudios independientes de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, revelaron la presencia de sustancias tóxicas tales como iones de mercurio, cromo, vanadio y arsénico.

Estudios de la Escuela de Salud Pública realizados en dos comunidades cercanas a la zona industrial de Guayama, en la que se encuentran la planta de AES y la acumulación de cenizas, demostraron la presencia de efectos nocivos a la salud: entre otros, aumento en la frecuencia de afecciones respiratorias y de la piel.  Resultados de estudios de calidad de aire en Penuelas (Tallaboa y Sebonuco) indicaron la presencia de polvo fugitivo.

“A la luz de esta y otra información, el CQPR, reunido en Asamblea, le recomienda enérgicamente a las autoridades pertinentes que tomen las medidas necesarias para proteger la salud de nuestro pueblo y la calidad de nuestros recursos naturales para el uso de generaciones futuras, y asimismo, para que AES cumpla con su compromiso legal original de disponer de forma apropiada de los desperdicios que produce. El CQPR continuará su labor de asesoramiento al país en cuanto a este y otros asuntos”, indicó la Presidenta del CQPR.

La Moción aprobada en la Asamblea Anual del Colegio de Químicos de Puerto Rico, celebrada el sábado 5 de agosto de 2017, en San Juan, Puerto Rico fue sometida a la consideración de la Asamblea por la Dra. Ethel Ríos Orlandi, previa consulta con varios colegiados.

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