El gobierno de Ricardo Rosselló Nevares planteó durante la campaña del año 2016 que habría de ser un gobierno transparente. No ha cumplido esa promesa y desde  que asumió el poder se ha negado a sentar en la mesa a todos los sectores que forman parte de la sociedad puertorriqueña  ignorando el hecho de que fue electo con solo el 42% de los votos en las elecciones pasadas y que la mayor parte de las alcaldías de la Isla están dirigidas por alcaldes que forman parte del Partido Popular Democrático. No obstante esa realidad, no ha hecho el más mínimo esfuerzo por encaminar el gobierno promoviendo la participación de la totalidad de los grupos que forman parte de nuestro espectro político, económico, social y cultural, imponiendo la plataforma política de su partido y de la Junta de Control Fiscal a toda prisa, sin debate y todo porque se cree que ganó las elecciones, aunque no haya contado con la mayoría. Esa actitud ha provocado una erosión notable en su popularidad y ha puesto en entredicho su legitimidad como gobernante.

Una de las áreas en las que ha asumido   esa postura de falta de transparencia corresponde a cómo se ha negado a dar curso a la auditoría integral de la deuda pública del gobierno de Puerto Rico, es decir una auditoría que no se limite únicamente a un ejercicio de contabilidad, o de verificación de si fue constitucional o legal o no. Es una auditoría completa desde que los funcionarios del gobierno de Puerto Rico concibieron tomar prestado a nombre del gobierno o de sus entidades y corporaciones, pasando por el proceso a través del cual se integró el trámite de la emisión de los bonos y su venta hasta el uso de los fondos por el gobierno. El propósito de proceder con la misma hasta llegar a la raíz de esos financiamientos es el de no solamente determinar si la misma es o no legal o inconstitucional, pero también para que los responsables tanto en el sector privado como el público respondan ante el gobierno de Puerto Rico y nuestro pueblo por ello, así como también ante  aquellos inversionistas que en su buena fe  hayan sido engañados por dicha ilegalidad.  Pero no se ha atrevido a ello llegando al extremo de derogar la ley que creó la Comisión de la Auditoría Integral de la Deuda Pública de Puerto Rico, entre otras razones, porque los tribunales se harían cargo de la misma.

En nuestros artículos en Puerto Rico te Quiero del 3 de marzo de 2017 (La auditoría de la deuda, la democracia y el cheque en blanco) y del  17 de marzo de 2017 (La demagogia contra la auditoría de la deuda) discutimos no solamente por qué la auditoría era vital para nuestro pueblo, pero también atendimos los argumentos demagógicos que se hacían en contra de la misma, incluyendo el planteamiento de que los tribunales la harían en su día. Ahora desde una perspectiva indirecta, el Presidente de la Junta de Control Fiscal, le hace eco al Gobernador uniéndose a la demagogia en contra de la misma.

El pasado 13 de mayo del año 2017 en el medio Noticel,  la periodista Damaris Suárez hizo un reportaje en torno a unas manifestaciones que hizo el Presidente de la Junta  José B. Carrión III.  Según la reportera él  manifestó que el pueblo no se debe preocupar por llevar a cabo la auditoría de la deuda pública del gobierno de Puerto Rico,  porque ante la petición de quiebra del gobierno de Puerto Rico “es muy probable que entre acreedores se cuestionen la constitucionalidad de algunos tipos de deudas en el progreso de renegociación por lo que seguramente será planteado entre los asuntos que la Juez Laura Taylor Swain tendrá que decidir”. Añadió “que cualquier litigante que tenga esa preocupación tiene que planteárselo a al Juez y entonces la Juez determinará si la deuda cumple o no con los parámetros establecidos”.  Expresó además que entre los beneficios de que se discuta la constitucionalidad o no de alguna deuda emitida por el gobierno en el Tribunal es que de seguro será un proceso ordenado y fuera de líneas partidistas.

Es importante notar que las declaraciones del señor Carrión parten de la premisa de que será  “probable” que se hará la auditoría.  Lo que es probable no es completamente seguro y cuestionar la constitucionalidad de alguna deuda no constituye un ejercicio de auditoría.  Es únicamente un ejercicio de determinación de si la misma es legal o no.

Reiteramos que la auditoría de la deuda es mucho más que un cuestionamiento de carácter legal.  Dicho ejercicio incluye además el estudio y  análisis de todo el proceso a través del cual se vendieron los bonos, las representaciones que se hicieron tras los mismos y el uso que se le dieron a esos fondos para determinar si el proceso fue uno transparente y legítimo ante la representaciones que se hicieron a los compradores de los bonos en lo que respecta a la viabilidad del pago de los mismos.   Las compañías de inversiones que se están peleando sobre el cadáver del gobierno de Puerto Rico para ver quién y cuánto cobrará   primero, solamente tienen en mente cobrar lo más posible. Partiendo de unos ataques a determinadas emisiones de bonos, ni tienen el interés ni habrán de así hacerlo, de hacer una auditoría de raíz, integral para que se sepa toda la verdad en torno a lo ocurrido con las emisiones de bonos que por legislación la Comisión que había sido creada habría de llevar a cabo. Peor aún, despreocuparse por la auditoría que ya no se va a llevar a cabo a través de la Comisión creada por ley , porque la verdad surgirá de la pelea entre los diferentes grupos de bonistas, es otro ejemplo de demagogia porque ninguno de esos litigantes en el Tribunal Federal tiene un interés en el bienestar del pueblo puertorriqueño. Su interés es su bienestar propio, sus bolsillos, el cobro de cada dólar de deuda  además de sus intereses.  De modo que Sr. Carrión, ante su consejo de que no nos preocupemos porque la auditoría emanará de la lucha entre los bonistas es no solo una vaga ilusión, es además una irresponsabilidad de su parte,  porque la misma no forma parte de la agenda de esos bonistas y evidentemente tampoco de la de Carrión y ni de la de los demás integrantes de la Junta.   De modo que Sr. Carrión, no gracias por  sus consejos.

Por Roberto Maldonado Nieves

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