Declaración pública de VAMOS Puerto Rico ante la proyectada apertura de negocios y otras actividades impulsadas por la Coalición del Sector Privado

Las circunstancias que nos están tocando vivir a las personas que habitamos este planeta son muy complejas. Nos enfrentamos a una seria pandemia que nos ataca al unísono por todos los confines del globo y que ha requerido la implantación generalizada de medidas de aislamiento social como mecanismo para evitar la multiplicación de los contagios con la mortal enfermedad. Puerto Rico no ha sido excepción. Desde el 15 de marzo nos mantenemos viviendo bajo una orden de cuarentena generalizada que requiere de aquellos negocios que no provean servicios esenciales para el sostenimiento de nuestra vida cotidiana, permanezcan cerrados al público y operando, si es posible, de manera remota. De ese modo, miles y miles de familias nos hemos visto en la obligación de permanecer encerrados en nuestros hogares limitando nuestras salidas a gestiones mínimas de consumo de tales servicios esenciales, e imposibilitados en nuestra mayoría, de poder acudir a trabajar para ganarnos el sustento.

No cabe lugar a dudas de que la medida sanitaria que nos obliga a todas y todos a permanecer guardados en nuestras residencias es una medida que nos impone importantes sacrificios a todas las personas, en función del bien común. Nos guardamos en nuestras casas para evitar contagiarnos, pero también para evitar contagiar a las otras personas, y para no sobrecargar las limitadas posibilidades del sistema de salud de atender los casos de COVID-19 que requieren de atención hospitalaria.

En VAMOS somos muy conscientes del sacrificio personal que representa esta situación, porque si bien el virus nos ataca a todos por igual, la sociedad nunca nos ha tratado igual a todas y todos. De la misma manera en que hay países que cuentan con mayores recursos económicos y tecnológicos para poder enfrentar la pandemia que otros países más pobres, dentro de cada país hay sectores que cuentan con muchísimos más recursos que otros para sobrellevar las medidas de aislamiento. Por eso, cuando evaluamos el efecto de la pandemia y las medidas necesarias de control sobre la misma, no podemos simplemente obviar la manera tan desigual en que unos y otras nos posicionamos para poder enfrentar la situación. Sobre todo en Puerto Rico, un país con índices de pobreza y desigualdad social entre los primeros del mundo.

Y es que nunca será lo mismo hablar de ‘quedarse en casa’ para personas que cuentan con ahorros holgados, acceso a crédito y viven en residencias palaciegas contando con innumerables comodidades, espacio vital y amenidades; que aquellos para quienes quedarse en casa significa mantenerse apiñados e incluso hacinados en espacios pequeños y con facilidades mínimas. No es lo mismo quedarse en casa para quienes son víctimas de relaciones abusivas de maltrato por parte de sus cónyuges, padres o parientes; que quienes guardan cuarentena en el seno de familias más o menos funcionales donde reina la solidaridad y el amor, en vez del atropello y la discordia.

No es lo mismo guardarse en casa para quienes tienen sus neveras y alacenas llenas, que aquellos para quienes su única comida importante del día la obtenían en el comedor escolar de su escuela. No es lo mismo observar la cuarentena por parte de aquellos que mientras están en sus casas continúan regularmente recibiendo ingresos, que aquellos que si no salen a la calle pierden su capacidad de devengar lo mínimo necesario para alimentarse y comprar sus medicamentos.

Por eso, la determinación de levantar la cuarentena necesaria para conseguir combatir el virus de una manera socialmente eficiente, requiere que seamos capaces de comprender las diferencias esenciales entre unos y otras en este país tan desigual.  En ese sentido, la primera responsabilidad del Gobierno ante situaciones como las que vivimos hoy debía ser la de utilizar todos los medios a su alcance para garantizar que el sacrificio social que, en función del bienestar colectivo se encuentran haciendo muchos, no resulte desproporcionalmente severo, en comparación del sacrificio que las medidas sanitarias implantadas significan para otros.

La cuarentena puede que sea igual para todas las personas, pero el problema es que su impacto es terriblemente desigual entre la población. Simple y sencillamente, mientras más riqueza acumulada posea una persona muchísimo más fácil le resultará lidiar con las consecuencias de quedarse en casa, y similarmente, mientras más pobre uno sea más graves van a ser las consecuencias de no poder salir. Pero también, mientras más recursos económicos posea una persona mucho más capacitada estará para poder enfrentar el virus si llegara a contagiarse; mientras que las familias más pobres seguramente se las verán muy cuesta arriba en términos de sus condiciones generales para enfrentar la enfermedad, algunas de las cuales ni vivienda tienen donde refugiarse. No es igual mantenerse en casa para quienes tienen dinero para hacer una compra que les dure el mes, que para quienes día a día tienen que ir a comprar los productos de primera necesidad que requieren, con los pocos dólares que consiguen gestionar.

El problema con lo anterior, es que en Puerto Rico hemos pretendido atender la situación extraordinaria de la pandemia, desconociendo ese nivel de necesidad y de desigualdad social que nos arropa. Y si la pandemia se trata de proteger en primera instancia la vida de todas las personas, por lo que se requiere el compromiso de toda la ciudadanía de observar las medidas para evitar su propagación, entonces no podemos simplemente pretender combatirla obviando la realidad de que las medidas de cuarentena pueden atentar especialmente contra las vida de aquellos más pobres y desfavorecidos, así como de quienes viven en circunstancias de riesgo en sus propios hogares.

Enfrentar el COVID-19 requería en primera instancia tomar aquellas medidas necesarias para igualar a las familias puertorriqueñas en su capacidad de poder enfrentar victoriosamente las condiciones de cuarentena. Requería que el Estado tome medidas para procurar que, en vez de que todos los empleados públicos continuaran recibiendo sus salarios íntegramente sin tener que acudir a trabajar, incluyendo a legisladores, jueces y asesores de boberías, mientras los trabajadores del sector privado y cuentapropistas se quedaban en su mayoría sin posibilidades de generar ingresos, se hubieran establecido medidas orientadas a garantizarle a la población en general acceso a un ingreso básico universal para compras de alimentos y medicinas mientras durara la cuarentena, legislando además una moratoria general en las obligaciones contractuales.

Pero no. Aquí intentamos enfrentar la pandemia tapándonos los ojos frente a esa desgarradora realidad social que vivimos. Queremos salir de la pandemia sin estar dispuestos a modificar la esencia discriminatoria de nuestro sistema económico, y mediante medidas que le exigen a los más pobres asumir un costo proporcionalmente mucho más severo que el que se le exige a aquellos que cuentan con mayores recursos para enfrentar la situación. Por eso hay que tener mucho cuidado con todas las presiones que se encuentran ejerciendo durante los últimos días esos mismos sectores económicamente aventajados y sus alcahuetes de siempre, de que el Gobierno flexibilice las medidas de cuarentena establecidas para combatir efectivamente el virus, a los fines de permitir nuevamente la reiniciación de las actividades comerciales y empresariales del país. Lo que están haciendo es apostar contra la propia precariedad del pueblo trabajador puertorriqueño, so pretexto de su defensa.

En realidad, en su inmensa mayoría, esos sectores privilegiados están más preocupados con la salud financiera de sus inversiones y cuentas bancarias. No somos tan tontos como para creer que cuando se levante la cuarentena y se retome la actividad económica a un curso normal, esas personas pudientes de verdad van a acudir a trabajar y se van a arriesgar a contagiarse. Claro que no, continuarán protegiéndose ellos mientras utilizan la falta de recursos económicos de sus empleados y consumidores, es decir, utilizan la precariedad generalizada de la población para obligar a esos otros a que salgan a trabajar en una economía cuyo resultado final será hacer todavía más ricos a los que no trabajan, sin exponerse a riesgos de salud en cuanto a sus personas y familias.

Por eso en VAMOS hacemos un llamado general a nuestra población a que entienda que la única alternativa no puede ser esa a la que nos pretenden obligar los ricos y poderosos; de escoger entre asumir el riesgo de morirnos de hambre o morirnos del virus.  Tenemos que poder establecer alternativas que nos permitan a todas y todos poder sobrellevar adecuadamente esta coyuntura de forma tal que podamos continuar guardando cuarentena sin correr el riesgo de sucumbir económicamente. Para ello, no podemos permitir que sean organizaciones representativas de las clases privilegiadas como la Coalición del Sector Privado, que ha copado las páginas de los diarios últimamente, la que monopolice la agenda y sean los únicos a los que el gobierno escuche.

En esa mesa tienen que estar las personas pobres, trabajadoras, sin hogar, hacinadas, maltratadas, abandonados, de modo que se exponegan alternativas capaces de preservar el bien común sin sacrificar la seguridad de las grandes mayorías del país.  Mientras eso no ocurra, flexibilizar la cuarentena para reactivar la economía sería un acto no solo irresponsable, sino esencialmente discriminatorio y criminal contra nuestro pueblo.

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