10 Mandamientos del Pueblo, lucha y organización popular*

9 de abril del 2018

Por: José Nicolás Medina Fuentes

I. Introducción

Comparezco como ciudadano libre pensador. No pertenezco ni represento partido ni agrupación alguna. Mis expresiones no deben entenderse como una opinión legal ya que no he sido contratado como abogado para eso. Esta presentación la hago como ciudadano responsable afectado por la crisis que vive nuestro país, y sugiero sea parte del análisis institucional y legal a efectuar  por las agrupaciones y personas según corresponda.

Hace unos días publiqué en mi página de Facebook un pequeño manifiesto con 10 reclamos y unas sugerencias de actos creativos de protesta  para intentar recoger  las aspiraciones del amplio pueblo puertorriqueño  oprimido por sus antagonistas la metrópolis federal y el capital foráneo frente a la situación de crisis profunda del arreglo colonial territorial prevaleciente. El Presidente de la UGT Gerson Guzmán lo leyó y me invitó a tomar un café. Luego  de conversar me invitó a una reunión de la directiva, con quienes discutí el documento, y luego me extendió la invitación a una convocatoria de la UGT de líderes sindicales. Acudimos a la reunión de un sector del liderato sindical y otras personas el viernes 6 de abril del 2018. Allí presentamos  y explicamos el documento. El compañero Emilio Nieves a su vez trajo un  documento de diversas organizaciones sindicales que recogen diversas propuestas. Hubo una rica conversación. Entre otros asuntos, se trajo a discusión la necesidad de organizar diversas actividades de protesta, tácticas y estrategias, pensar las  actividades que se puedan anunciar luego del 1ro de mayo para dar continuidad a la organización y lucha popular a mediano y largo plazo, incorporar a otros sectores, incluyendo los inmigrantes, profesionales, grupos de género y autogestionarios, artesanos, agricultores, desempleados, empresarios criollos solidarios, boricuas de la diáspora;  cómo expresar el mensaje y los reclamos en un lenguaje entendible y que imparta legitimidad y apoyo en la población. Considerando  que la situación de crisis es eminentemente política, sugerí la necesidad de  ampliar  el sector sindical hacia una gran convergencia para incorporar a la lucha y organización a un amplio pueblo afectado por las medidas neoliberales y coloniales de su antagonista la Junta de Control, gobierno federal y de turno y el gran capital foráneo. Se decidió entonces trasladar la reunión para continuar el diálogo en esta reunión de hoy en el local de la UTIER como forma de ir expandiendo el proceso de unidad, convergencia, organización y lucha popular.

Como resultado de esa discusión he procedido a  enmendar 10 mandamientos o reclamos. En el apartado final de este escrito incluyo para mayor claridad  las explicaciones orales que ofrecí durante la reunión sobre las medidas programáticas y los  medios tácticos y estratégicos  de lucha.  Intentamos resumir un programa sustantivo y mecanismos idóneos de lucha  para un vasto pueblo afectado por el actual orden de cosas.

1. 10 Mandamientos del Pueblo

   Definamos 10 objetivos centrales:

   1. Cero venta de la AEE, AAA, escuelas, hospitales, ACAA, Fondo del Seguro del Estado y  activos del pueblo.

   2. Cero enmiendas a las leyes laborales que eliminan la mesada, bono navideño y eliminación de convenios colectivos de trabajadores públicos y reducción de las pensiones.

   3. Cero desmantelamiento de la universidad pública y por una verdadera reforma universitaria y educativa.

   4.  Una reforma electoral que incluya:

   -enmienda  al Código Electoral para eliminar la prohibición de las alianzas políticas.
   – enmienda al Código Electoral para eliminar el requisito del domicilio de un año a los boricuas de la diaspora nacidos en la isla y sus hijos no importa donde hayan nacido y domicilien para que puedan votar en su patria.

   5. Restaurar la electricidad en todos los campos, barrios y sectores de Puerto Rico en 30 días. Instaurar una reforma energética  mediante fuentes alternas renovables, tales como solar, de aire, agua y sol, que proteja el  ambiente y evite las guerras por las fuentes fósiles energéticas.

   6. Cero tributos y tarifas odiosas a la población para pagar a los acreedores; transparencia con el uso de los fondos públicos; auditoría integral de la deuda y del sistema económico colonial, condena a la corrupción y latrocinio de los fondos públicos; exigencia de un plan de asistencia adecuada y transparente para la reconstrucción pos ciclónica al gobierno federal bajo sus deberes fiduciarios como potencia territorial colonial.

   7. Instaurar un programa económico social mediante la derogación  de las leyes de cabotaje, medidas que protejan los negocios de nuestros empresarios, proteger el valor de los hogares y bienes del pueblo, moratoria en la ejecución de hipotecas, programa de adquisición de viviendas ejecutadas por los bancos a precios razonables, promoción de nuestra agricultura y autosuficiencia alimentaria, protección de nuestras playas y medio ambiente, reforma de salud y medicación de las drogas adictivas.

   8. Bajar los salarios de los legisladores y políticos electos a nivel central y municipal al salario mínimo.

   9. Reforma tributaria para que el capital foráneo no expatrie sus ganancias netas sin pagar plenamente sus contribuciones sobre ingreso en el origen del evento tributario que es Puerto Rico y no las pague fraudulentamente  al Tesoro Federal como ha estado ocurriendo.

   10. Derogación de la Sección 210 de la Ley Promesa mediante la cual el gobierno federal se exime de responsabilidad de la deuda pública puertorriqueña. Exigir al gobierno federal asuma la responsabilidad sobre la deuda pública y cree un fondo especial para que expropie los créditos de la deuda pública al justo valor en el mercado. Con ello termina la Ley Promesa y la Junta de Control.

Es imprescindible superar  la situación colonial  de Puerto Rico mediante un proceso idóneo de descolonización de manera que puedan florecer las fuerzas productivas nacionales del capital, trabajo, tecnologías y organización de la producción.

Ese programa unifica a la nación puertorriqueña.

III. Foros, mecanismos de lucha y protestas creativas.

1. Protestas masivas a corto y mediano plazo para adelantar el  logro de esos objetivos, entre ellas:

2. Congestión de autos. Preparar con suficiente tiempo todas las organizaciones y grupos  en el que se dejen estacionados los autos y camiones  en todas las vías centrales públicas hasta que se cumplan esos objetivos o negocie una comisión del pueblo con el gobierno para el cumplimiento de los mismos. Una protesta similar se hizo por millares de ciudadanos de Alemania y lograron derogar un aumento en el precio del combustible.

   2. Radicación de pleitos de clase y sub clases por ciudadanos afectados contra el gobierno federal para derogar la Sección 210 de la ley Promesa y reclamen reparación de agravios y daños. Contratación de las firmas legales competentes para esta encomienda.

3. Congreso del pueblo para la descolonización y cancelación de la deuda odiosa.

Ese Congreso estaría a cargo de convocar desde la sociedad civil a elecciones para escoger los delegados de la Asamblea Nacional de Delegados de la isla y la diáspora para resolver el estatus político colonial con la metrópolis  y la cancelación  de la deuda pública odiosa impagable causante de la crisis y debacle nacional. La Asamblea Nacional de Delegados sería inclusiva de las corrientes no territoriales ni coloniales: estadoista, libre asociacionista e independentista.

Conllevaria varias etapas preparatorias. Primero, asambleas locales pluralistas y de composición diversa en municipios y ciudades de la diáspora para seleccionar 7 delegados de cada localidad que se reunirían en una Asamblea Nacional Preparatoria a cargo de aprobar las reglas y procedimientos y de convocar al Congreso para la Descolonización y cancelación de la deuda odiosa. El Congreso para la Descolonización y cancelación de la deuda aprobaría las reglas electorales y procesales y convocaría a elecciones de los 100 (67 de la isla y 33 de la diáspora) delegados a la Asamblea Nacional de Delegados de la isla y la diáspora. La negociación con la metrópolis estaría sujeta a términos de caducidad con prioridad para la fórmula de estatus que elija la mayoría de los delegados. Si los estadoistas ganan la mayoría de los delegados, los 100 delegados presionarían por la estadidad, pero si en un término de caducidad de 2 años el Congreso federal no la ha conferido o la ha ignorado entonces los 100 delegados se reúnen y comienzan a negociar un tratado para la Libre Asociación. Si en un término de caducidad de 2 años no se ha otorgado el Tratado o la metrópolis lo ha ignorado, los 100 delegados se reúnen y declaran la independencia nacional, comienza un proceso para su defensa en todos los foros y negociación de medidas de transición y convocan a una Asamblea Constituyente para aprobar la Constitución de la República de Puerto Rico. En todas las etapas estarían presentes los reclamos de resolver el estatus y la cancelación de la deuda odiosa. Serían eventos pacíficos, en el ejercicio de la libertad de reunión y asociación.

1. Resumen y Explicaciones

   1. Un pueblo unido puede hacer posible esas protestas, luchas, procesos  y el cumplimiento de estos 10 mandamientos y otros reclamos reivindicativos. Serían actividades contundentes y complementarias a otros medios de lucha  como marchas, paros o huelgas.

   Ninguna de esas actividades son violentas. Se insertan en un proceso de lucha, resistencia, organización, educación y desobediencia civil pacífica, en el pleno ejercicio de las derechos a la libertad de expresión, asociación  y reunión.

2. Organizar la congestión de miles de autos conllevaría tiempo de preparación pero puede ser posible. Y se condicionaría la remoción de los autos al cumplimiento de los objetivos  y a la no imposición de multas o denuncias de tránsito.

   3. Los litigios de clase contra el gobierno federal ante la Corte Federal de Reclamaciones (“Federal Court of Claims”) o en las que se determine,  señalan en la dirección correcta en cuanto a que la deuda odiosa ha sido causada por el control y las políticas establecidas por la potencia federal colonial para beneficiar al capital foráneo.

La doctrina de deuda odiosa tiene que atemperarse a las características particulares del sistema que aquí ha operado. La deuda odiosa pública impagable es responsabilidad del ente que controla todos los poderes de la soberanía y no le ha permitido a la nación puertorriqueña generar y proteger sus riquezas. Relación que ha privilegiado al capital foráneo que se ha llevado de la jurisdicción muchísimos billones de dólares, sin pagar tributos al ente territorial, para pagarlos al Tesoro Federal. En 2014 ese capital transfirió $36 mil millones a Estados Unidos en ganancias netas y le pagó al Tesoro federal cerca de $12 mil millones en contribuciones, a pesar de haber gozado en Puerto Rico de privilegios, exenciones en tarifas, salarios bajos  y uso de servicios e infraestructura. Eso es fraude a los  activos locales que el Tesoro Federal debe restituir en reparación de agravios.

A diciembre del 2000 la deuda pública era de $24 mil millones. En 14 años, a diciembre del 2014, debido a esas determinaciones de control federal y privilegios al capital foráneo, la deuda incrementó a $72 mil millones y se hizo impagable. ¿Porqué se hizo impagable en 14 años? Si el gobierno federal hubiera ofrecido alternativas adecuadas al territorio ante la firma de los tratados de libre comercio, la eliminación de las compañías 936 y esos tributos del capital foráneo se hubieran pagado en el origen del evento tributario, no hubiera sido necesario incurrir en deuda impagable, ni habría crisis, quiebra ni Junta de Control territorial.

La alternativa de pleitos de clase permite   que  ciudadanos con legitimación activa para litigar reclamen causas de acción fundamentadas en doctrinas constitucionales vigentes en el derecho anglosajón sobre control y deber de fiducia y adecuada administración. Si las cortes  federales fueran foros neutrales imparciales estas figuras legales serían suficientes para imponer responsabilidad a los Estados Unidos sobre la deuda pública territorial y conferir los daños causados a los ciudadanos agraviados.  Doctrinas como: reparación de agravios bajo la Primera Enmienda de la Constitución federal que opera de manera vigorosa en relaciones donde no existe la variante de petición mediante el sufragio universal para los cargos electivos federales, como ocurre con los ciudadanos    que domicilian en el territorio; doctrinas sobre incumplimiento del deber de fiducia y adecuada administración bajo el contrato Tratado de París o que emanan directamente de la claúsula territorial; interferencia y menoscabo de obligaciones contractuales así como expropiación, toma, incautación, desvalorización,  congelación de las riquezas, propiedades y derechos  de variados sectores de la nacionalidad puertorriqueña sin justa compensación. Bajo todas esas doctrinas el gobierno federal ha renunciado a su soberanía y puede ser demandado en daños y perjuicios en su corte federal de reclamaciones (” Federal Court of Claims”) o la corte que se determine, mediante pleitos de clases o subclases  para reclamarle  los daños y perdidas causadas por las acciones u omisiones del gobierno federal.

Así tendrían legitimidad para demandar, trabajadores, pensionados, empresarios, desempleados, migrantes, propietarios afectados que han sufrido daños, menoscabo, devaluación de sus bienes y riquezas.

De entrada, en esos litigios habría que  cuestionar la constitucionalidad de la Sección 210 de la Ley Promesa que pretende evaporar la responsabilidad del gobierno federal sobre la deuda pública y los daños que ha causado por ello, ya que el Congreso al legislar bajo la cláusula territorial no tiene poderes absolutos y está limitado por otras garantías constitucionales fundamentales. No podría legislar para fomentar discrimen racial e instaurar la esclavitud en nuestra patria. Tampoco para violar la igual protección de las leyes. Ni para infringir el derecho al debido proceso de ley, reparación de agravios y acceso a las cortes, ni promover incautaciones sin justa compensación. Una vez el Congreso pretende eximir totalmente de responsabilidad al gobierno federal sobre la deuda pública, mientras los puertorriqueños que domicilian en la isla no tienen derecho a la variante de reparación de agravios mediante el sufragio universal para los cargos federales, ello cierra absolutamente el acceso a las cortes e infringe inconstitucionalmente el derecho de petición, al debido proceso de ley y las demás garantías constitucionales discutidas.  Somos conscientes, tenemos la precaución y sabemos que las cortes federales son cortes con alta contaminación política, pero con la visión de que la mera radicación de los litigios servirá para ayudarnos al proceso de sacar la flecha que nos han querido clavar a los puertorriqueños como alegados causantes de la deuda impagable,  para apuntarla a la metrópolis colonial como la verdadera causante y responsable de la deuda odiosa.

Esos litigios pueden radicarse por firmas legales locales en alianza con firmas legales poderosas, que cobran en casos de súper fondos un 10% contingente de lo obtenido u horas facturadas al demandado. Sectores con recursos como el sindicalismo, el cooperativismo, tercer sector y pueblo en general pueden levantar los recursos y organizar campañas para levantar un fondo o fideicomiso que  financie el costo de esta litigación. Urjo al sector sindical en esta tarde activar sus recursos legales locales e internacionales y designar una comisión especial idónea para comenzar a instrumentar esta importante ruta de lucha judicial.

Ahora se preguntarán: ¿ porqué insisto en los pleitos de clase si en ensayos previos contenidos en mi libro he señalado cautela ante la parcialidad de las cortes federales hacia los acreedores y el gobierno federal? Pues la insistencia estriba en que el gobierno  está invirtiendo decenas de millones de dólares en rutas y campañas que no confrontan al colonialismo, la ley Promesa y la Junta de Control. Por el contrario fomentan  la acusación  de que la deuda pública ha sido causada por los puertorriqueños y es de su única responsabilidad. Pues ambas rutas, la del Congreso para la descolonización y convocatoria de la asamblea nacional de delegados y la deuda, así como los pleitos de clase contra el gobierno federal apuntan la flecha al lugar donde debe dirigirse:  al gobierno federal, responsable de la deuda odiosa y la debacle nacional.

Insisto en que el problema del coloniaje es político y se resolverá en el plano político. Como las tres ramas del gobierno federal no son foros neutrales para la nación puertorriqueña, ello aconseja concentrar esfuerzos  en  los foros de la organización y denuncia política,-sin abandonar como he indicado  la contemplación de litigios como vía secundaria y caja de resonancia- con centralidad en  la asamblea nacional de pueblo de delgados de estatus y deuda. De manera que se cree un problema geopolítico para  que el gobierno federal asuma su responsabilidad  única y establezca un fondo de expropiacion para pagarle a los acreedores el justo valor de sus créditos al valor chatarra que tienen hoy.

Habiendo así asumido su responsabilidad, nada impide que en derecho de nivelación el gobierno federal dirija acciones civiles y criminales contra sus empleados y aliados coloniales corruptos, y creo que los puertorriqueños con sumo gusto y placer ayudaríamos a identificarlos y entregarlos para que los procesen.

4. El Congreso del Pueblo para la descolonización y cancelación de la deuda odiosa para convocar a la elección de los delegados de la poderosa Asamblea Nacional  de Delegados de isleños y diaspóricos sobre estatus y la deuda dará la fuerza necesaria, permanente, inclusiva y solvente a nuestro pueblo para enfrentar al capital foráneo, la potencia colonial y la cancelación de la deuda pública odiosa, descolonizar a Puerto Rico y establecer las bases nacionales para un proyecto nacional solidario de país viable y auto sustentable.

5. Esas dos rutas, el Congreso para la Descolonización convocante de la asamblea de delegados del pueblo sobre el estatus y la deuda y los pleitos de clase, provocarían un empoderamiento, entusiasmo, formación de líderes y cuadros desde las bases y un problema geopolítico a los Estados Unidos que los fuerce a establecer un fondo para expropiar los créditos de deuda pública al valor en el mercado. Estas dos rutas favorecen a todos los sectores ideológicos porque nadie podrá gobernar con una deuda impagable en sus estados financieros, ni los estadistas, colonialistas, libre asociacionistas ni independentistas. Y puede entonces armarse una amplia convergencia del pueblo frente a la deuda odiosa.

El pueblo afronorteamericano luchó en los frentes de la movilización política y las cortes. Esa lucha política y de desobediencia civil fue lo que provocó que la Corte Suprema revocara la doctrina de segregación racial establecida al final del Siglo 19 en el caso de Plessy v Ferguson en la década de 1950 en el caso de Brown v Board of Education; – la misma corte que aprobó la doctrina de los casos insulares y que el honorable  juez federal Juan Torruella califica de imperialista y racista.

Nosotros, la nación Boricua, de la isla y la diaspora, tenemos los recursos y podremos movilizar otros tantos, mediante la solidaridad del noble pueblo norteamericano y otros países, para conducir esas dos rutas de lucha a la victoria, pero eso será inversamente proporcional al grado de masividad que logremos generar nosotros.

6. Sugiero que  representantes de grupos autogestionarios, religiosos, trabajadores, pensionados, cooperativistas, estudiantes, artesanos, profesionales, empresariales solidarios  y sectores afectados de la isla y la diáspora, es decir un vasto pueblo oprimido,  sean quienes consideren y hagan ésta convocatoria.

   Meditemos, conversemos y actuemos.

   * Presentado para discusión en reunión del movimiento sindical en el local de la UTIER el 9 de abril del 2018.

   Referencias :

   1. Para una explicación con fuentes de autoridad de las anteriores propuestas  refiero a mi libro: La deuda odiosa y la descolonización de Puerto Rico (Publicaciones Libre Pensador, enero 2018).

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